El Emboscado

Terror, según la primera acepción del diccionario de la RAE, significa miedo muy intenso, y en su segunda acepción es persona o cosa que produce terror. Terrorismo por su parte significa dominación por el terror.

El gobierno actual no ha tardado en recurrir al miedo intenso para poner en práctica las medidas políticas actuales bajo la excusa de que la situación es más grave de lo previsto y que si no se llevan a cabo empeorará aún más. En este sentido no ha tardado en despertar todos los miedos que se albergan en el imaginario colectivo de una población aterrorizada por la posibilidad de terminar en una situación semejante a la de países como Grecia o Portugal. El gobierno no ha dudado en afirmar que no son posibles otras medidas distintas de las que ha adoptado y que previsiblemente adoptará en un futuro no muy lejano. Al mismo tiempo y de manera implícita se afirma que cualquier otra medida nos abocaría irremediablemente al desastre más grande. Así es como el gobierno hace uso del terror para ejercer su poder para conseguir la aceptación social de sus actuales políticas, las mismas que atentan directamente contra el bienestar de la sociedad mientras las presenta como las únicas posibles para preservar aquello que destruyen.

El guión político del gobierno es como el de un manual de tortura en el que se pretende quebrar la voluntad y resistencia de la sociedad para conseguir la aceptación de sus políticas. Para ello ha comenzado a utilizar el miedo como parte de su estrategia de terror en el marco general de una guerra psicológica contra su población. En este sentido amedrenta a la ciudadanía al presentar un escenario económico peor del previsto con un doble objetivo: por un lado para desmoralizar a la población y crear un estado de ánimo de resignación que facilite la aceptación de unas medidas de ajuste presentadas como inevitables y necesarias, y por otro lado para desorientar a sus ciudadanos de tal manera que no sepan cuál es la posición real en la que se encuentran ni qué pueden esperar. La confusión provocada premeditadamente por el gobierno está orientada a paralizar cualquier intento de resistencia de la sociedad al no saber esta cual sería la respuesta más adecuada para cambiar la situación a su favor.

Los mensajes contradictorios desempeñan un papel muy importante en la estrategia de terror que lleva a cabo el gobierno. Esto queda patente cuando el carácter dañino y claramente perjudicial de estas políticas para los intereses de la sociedad son planteados como sacrificios necesarios para garantizar el bienestar futuro a costa, claro está, de destruir su escaso y endeble bienestar presente. En síntesis esto último significa que para mejorar en el futuro hay que empeorar en el presente so pena de empeorar aún más en un futuro inmediato. O lo que lisa y llanamente significa pagar más impuestos por menos servicios públicos.

Para aumentar la desorientación de la sociedad no se duda en afirmar que la situación es más grave de lo previsto, lo que permite presentar las políticas adoptadas como una realidad inevitable además de necesaria. El estado emocional de pesimismo y resignación creado en la población facilita la aceptación de estas medidas al ignorar por completo la mera posibilidad de que otras políticas distintas puedan llevarse a cabo. El miedo y el desasosiego provocados en la sociedad por la incertidumbre en torno a la gravedad de la situación constituye un estado emocional que anula la capacidad reflexiva, lo que hace que la población esté dispuesta a aceptar cualquier medida aunque vaya directamente contra sus intereses objetivos y, por tanto, que no sean consideradas otras opciones diferentes de las políticas planteadas por el gobierno.

La crisis misma contribuye a desorientar aún más a los ciudadanos al tener unas implicaciones sociales desestructuradoras que producen desempleo masivo, exclusión, crecientes desigualdades, empobrecimiento generalizado, etc…, que crean en el individuo unas condiciones de stress muy elevadas que le abocan a centrar todos sus esfuerzos en buscar una salida a su situación personal y consecuentemente a competir con los demás. El contexto de austeridad general hace que el individuo priorice la satisfacción de sus necesidades materiales más básicas por encima de cualquier otra, lo que exacerba su individualismo y su dinámica competitiva. Digamos que está demasiado ocupado en solucionar sus propios problemas personales, en garantizar su supervivencia, como para emprender acciones colectivas para afrontar los problemas comunes de manera cooperativa. Respecto a esto último la crisis demuestra ser una formidable oportunidad para que el poder establecido impulse políticas que en otras circunstancias hubieran sido imposibles de llevar a cabo, pues estas hubiesen encontrado una fuerte resistencia entre la población.

Por otra parte la desorientación se profundiza con las medidas políticas de ajuste aplicadas por el gobierno ya que, como la experiencia de otros países lo demuestra, conducen directamente hacia el escenario catastrófico que supuestamente deberían evitar. La consecuencia lógica de este proceso es una regresión social sin precedentes en la que se produce la quiebra de cualquier lazo social y con ello la ruptura de la cohesión de la comunidad, lo que desemboca necesariamente en la indefensión tanto individual como colectiva que agrava la dependencia del conjunto de la sociedad con el poder. En estas circunstancias la sociedad está predispuesta a aceptar nuevas y más drásticas medidas que la sojuzguen más todavía, y con ello también a asumir la definitiva implantación de un régimen político que destruya los derechos y libertades bajo la promesa de ofrecer en el futuro seguridad y bienestar material.

Resulta bastante obvio que la violencia psicológica ejercida por el gobierno se despliegue a través de una estrategia de terror. En esta estrategia el miedo e incertidumbre creados acerca de la situación real de la economía son la herramienta fundamental para sacar adelante las políticas actuales, todo bajo la amenaza de problemas mayores en un futuro inmediato. El mensaje es claro: utilizar el miedo para que la sociedad no se oponga a las medidas de ajuste.

Como en un manual de tortura se persigue anular todos los mecanismos de resistencia sociales, quebrar la voluntad colectiva y dinamitar la moral de la sociedad. La desorientación y confusión que generan tanto la crisis como las medidas aplicadas contribuyen a crear mayor indefensión e incertidumbre, lo que acrecienta el terror y la vulnerabilidad. Semejante presión psicológica es la que facilita conseguir la obediencia de quien recibe este trato. Es el gobierno por medio del terror.

Pero a todo lo anterior hay que sumarle las necesarias dosis de mentiras que se vierten en los medios de desinformación para crear una imagen sesgada de la situación, y al mismo tiempo manipular a la ciudadanía para alinearla con los objetivos políticos inmediatos del gobierno. Así, de forma teatral y dramática, se ha escenificado laa situación económica como la herencia de la anterior administración. Esto no es cierto.

El actual partido gobernante ha contribuido de manera activa desde las administraciones municipales y autonómicas bajo su control a generar la deuda pública descomunal que hoy tenemos, todo bajo la autorización del gobierno central anterior que permitió que las comunidades autónomas y ayuntamientos continuaran emitiendo una cantidad desorbitada de deuda pública. Si el país está en la ruina económica es también por y gracias al partido gobernante al haber expoliado sistemáticamente las arcas públicas en comunidades autónomas como Valencia, Madrid, etc…, hasta el punto de haberlas llevado a la quiebra, así como a través de la burbuja inmobiliaria que ayudaron a crear con la liberalización del suelo en la década de los 90. Por tanto, el partido hoy gobernante también es responsable de la situación actual. De este modo su petición de realizar sacrificios para salir de la crisis es un ejercicio de hipocresía y cinismo inaudito, además de una burla y un insulto a la inteligencia de la ciudadanía.

Los verdaderos sacrificios se reparten de manera equitativa entre todos los integrantes de la sociedad, y por el contrario no recaen única y exclusivamente sobre los hombros de las capas más populares del país mientras sus elites políticas, financieras y empresariales se benefician de ellos. Estos mal llamados sacrificios son la práctica inherente de un sistema existencialmente opresivo en el que el gobierno es su más implacable, brutal y despreciable brazo ejecutor. Estas medidas son la más cabal expresión de la dictadura terrorista del capital financiero a la que estamos sometidos y de la que el gobierno es su vil marioneta. Los ajustes forman parte integrante de la violencia estructural practicada por el gobierno de manera sistemática contra la población al empobrecerla y condenarla a la miseria, y por ello constituyen el mayor programa de exclusión social que jamás haya habido en la historia de este país. Lejos de ser medidas que hoy la propaganda gubernamental presenta como temporales mañana no tardarán en ser irreversibles, lo que nos abocará a una condición de pobreza material y moral sin precedentes.

Un gobierno que toma decisiones de este carácter se erige a sí mismo en enemigo abierto del pueblo, y demuestra estar al servicio de los más abyectos y retrógrados intereses del capital financiero. Cualquier gobierno que en nombre del pueblo toma este tipo de políticas encaminadas a destruir al propio pueblo desde sus mismos cimientos materiales carece de cualquier legitimidad. Un gobierno que actúa para satisfacer el vampirismo bancario de la plutocracia a costa de subyugar a su propia población, y que por tanto se ocupa de llevar a cabo el programa político de la banca, debe ser depuesto inmediatamente por todos los medios que sean precisos. Pero no basta únicamente con deponer a un gobierno opresor, es preciso e ineludible que todas aquellas leyes que sostienen este estado de permanente injusticia sean completamente abolidas lo que convierte en legítima la desobediencia ciudadana.

En este contexto en el que las injusticias se sostienen gracias al silencio, la pasividad y la indiferencia existe la obligación moral individual y colectiva de actuar para poner fin a un sistema y a un gobierno que trabajan contra el bienestar material y moral de la sociedad. Así es como la desobediencia, la rebelión y la insurrección se convierten en instrumentos de lucha completamente legítimos para hacer frente a la opresión y la impunidad y prepotencia de los poderosos. La arrogancia de los opresores exige pisotear el orden establecido a su medida, y con este todos los privilegios que les da su actual status de sátrapas de la gran oligarquía financiera global.

El engaño y la mentira sobre la que se asienta el vigente sistema despótico en el que el dinero es el único soberano no puede durar indefinidamente. Tarde o temprano se pondrá de manifiesto que las medidas de ajuste no sólo no resuelven nada sino que todavía empeoran la situación. Será entonces cuando la estrategia del terror ya no funcione y el efecto conseguido sea el contrario del perseguido. Para entonces el ciudadano medio será consciente de que sus gobernantes lo conducen directamente al matadero, y la violencia gubernamental se volverá en su propia contra porque el gris rebaño se habrá convertido en horda. Lo contrario es estar abocados a la barbarie y al fin de la civilización.

explicacion ley sopa

“Cuando el gobierno viola los derechos del pueblo la Insurrección es para el  pueblo y para cada porción del pueblo, el más sagrado de sus derechos y el más indispensable de sus deberes”. (Artículo 35 de la Declaración de los derechos del hombre y del ciudadano de 1793)

Un gobierno deja de ser legítimo desde el mismo instante en el que comienza a tomar medidas políticas que atentan contra el bienestar del conjunto de la ciudadanía. En estas circunstancias los ciudadanos tienen el derecho y la obligación de deponer por todos los medios precisos a dicho gobierno.

El pueblo tiene el derecho y el deber de defenderse de los abusos del gobierno y de las injusticias cometidas por este. En el caso de España el partido gobernante se ha valido de la mentira y del engaño para ganar las elecciones, lo que le ha permitido poner en práctica unas medidas que no estaban recogidas en su programa y para las que no fue votado. Esta circunstancia le ha convertido en un gobierno ilegítimo que practica la tiranía al atentar contra el bienestar de los ciudadanos con las recientes medidas de ajuste anunciadas. De este modo el gobierno niega a los ciudadanos sus derechos más básicos con medidas políticas que sumen al pueblo en la exclusión económica y social, en la pobreza y en la opresión del capital financiero encarnada por el pago de los intereses de la deuda pública contraída con la banca internacional.

Las medidas de recorte presupuestario suponen una cantidad de dinero que irá directamente a pagar los intereses de la deuda pública, lo cual se encuentra amparado constitucionalmente por el artículo 135.3 que dice: “Los créditos para satisfacer los intereses y el capital de la deuda  pública de las Administraciones se entenderán siempre incluidos en el  estado de gastos de sus presupuestos y su pago gozará de prioridad absoluta”. Una constitución que ampara el sometimiento del pueblo a los dictados de un poder no elegido carece de cualquier legitimidad y validez de cara al pueblo, y es su deber proceder por todos los medios precisos y necesarios para derogar esta ley injusta, derrocar al gobierno ilegítimo y establecer las garantías legales que aseguren sus derechos inalienables que hoy le son negados.

Resulta del todo inaceptable que el pueblo sea forzado a costear con su dinero una deuda ilegítima a costa de empobrecerse, y con ello dejar de beneficiarse de los servicios públicos de los que hasta ahora gozaba. Ante esta situación todos los derechos son ultrajados y pisoteados de manera totalmente impune por un gobierno marioneta de los poderes financieros y sus perversas instituciones supranacionales (BCE, UE, Comisión Europea, FMI, OMC, etc…).

Ante una evidente y larga serie de abusos y usurpaciones que persiguen deliberada e invariablemente el mismo objetivo de someter al pueblo al despotismo absoluto de la plutocracia bancaria, es el deber del pueblo derrocar a este gobierno y abolir todas aquellas leyes que amparan la injusticia y la opresión en la que vive. En esta situación la insurrección y la desobediencia no son una alternativa sino la principal obligación de un pueblo humillado y oprimido por su gobierno y por las leyes injustas que lo condenan a la esclavitud y a la desaparición física.

Si el año pasado fue el de la protesta este será el de la rebelión, la desobediencia y la insurrección.

España es, hoy por hoy, una colonia económica y financiera de los bancos y de las grandes corporaciones francesas y alemanas. Todo se lo debemos a la inestimable Unión Europea y a los políticos bastardos que desposeyeron al país y a sus ciudadanos de su soberanía, la cual hoy se encuentra en manos de una institución supranacional al servicio de los más abyectos y retrógrados intereses del capital financiero internacional.

La entrada en la UE se hizo por unas migajas en inversiones, fundamentalmente en infraestructura, a cambio de desmantelar completamente nuestra economía mediante la desindustrialización y la supresión de nuestra capacidad productiva en materia agrícola y ganadera. Esta imposición política tenía como propósito eliminarnos como competidores de las industrias y los mercados de economías como la de Francia, Alemania e Italia a costa, claro está, de convertirnos en los principales receptores de los productos de estos países y con ello transformarnos en una economía dependiente del exterior. Todo esto nos ha abocado a acumular un déficit comercial externo de más del 160% del PIB, un déficit que está financiado por bancos franceses y alemanes que, a su vez, fueron los que en su momento financiaron la burbuja especulativa inmobiliaria.

El euro no nos ha aportado ningún beneficio más allá de reforzar y profundizar la dependencia económica de España con el exterior, de manera que ha facilitado las exportaciones de Francia y Alemania cuyos productos han penetrado con mayor facilidad nuestra economía al utilizar una moneda común. Esto ha servido también para facilitar la concesión de créditos a los bancos españoles. La moneda única ha contribuido a un encarecimiento de la vida con la consecuente pérdida de poder adquisitivo de la población. Los máximos beneficiados a nivel local han sido la banca y empresarios que, como César Alierta, tienen importantes negocios en Alemania y Francia.

Por otra parte el euro es lo que ha facilitado que en la actualidad el Estado, las empresas y las familias acumulen una deuda de más del 400% del PIB. Una deuda que es impagable en tanto en cuanto la capacidad productiva del país no permite pagarla. El euro facilitó a los bancos españoles conseguir financiación exterior barata, sobre todo de Francia y Alemania, con la que concedieron créditos con las que endeudaron a las familias y a las empresas vinculadas al negocio de la construcción. Finalmente el Estado ha sido el que, tras el pinchazo de la burbuja inmobiliaria, ha asumido los costes de la banca mediante la socialización de sus pérdidas.

El incremento de la deuda pública se ha agravado con el descenso de los ingresos del Estado al disminuir salvajemente la actividad económica. El cierre de multitud de empresas, la mayoría vinculadas directa o indirectamente a la construcción, ha supuesto un descenso en los ingresos vía impuestos y cotizaciones. A lo anterior hay que añadir las bajas de cientos de miles de autónomos en el registro de la seguridad social. Por otro lado la economía sumergida que representa al menos el 20% del PIB sigue siendo un drenaje de ingresos. La consecuencia directa de todo esto es que la deuda pública haya sobrepasado el 60% del PIB. Así es como la banca internacional ha visto en la deuda una oportunidad de oro para chantajear al Estado e imponerle su voluntad.

Al no tener capacidad productiva propia nuestra economía es dependiente del exterior, y más concretamente de las corporaciones financieras alemanas que financian el gasto de la economía, así como de las multinacionales de este mismo país que exportan sus productos a España. En este sentido el euro ha sido muy funcional ya que ha afianzado esta relación de dependencia al constituir el instrumento de dominación que nos encadena a los intereses privados de estas corporaciones. En lo que a esto respecta el BCE ha desempeñado el papel de máximo representante de la plutocracia alemana al desarrollar una política monetaria que ha beneficiado claramente las exportaciones de sus empresas. Al mismo tiempo el BCE, junto a la Comisión Europea, ha forzado a los diferentes Estados, y entre ellos al español, a llevar a cabo medidas políticas (reforma laboral, reforma constitucional, recortes presupuestarios y sociales, pacto del euro, etc…) encaminadas a satisfacer los depredadores intereses del capital financiero y a agravar nuestra dependencia con este, todo con la ayuda y complacencia de la despreciable y abominable clase política de cada Estado. Todo esto nos ha conducido a una situación de colonialismo económico y financiero semejante al de las economías del Tercer Mundo, despojados de cualquier capacidad productiva y completamente dependientes del exterior.

El no ser soberanos en materia monetaria nos hace dependientes de la financiación exterior, al mismo tiempo que nuestro país se ve expuesto a la especulación de la deuda en los mercados internacionales. Así, mientras el BCE presta dinero a los bancos comerciales a un interés del 1% estas entidades compran deuda pública de los Estados a un interés superior al 4%. Pero al mismo tiempo que los gobiernos se endeudan con los bancos también compran los activos tóxicos de estas entidades, particularmente aquellos créditos irrecuperables, y generan a su vez más deuda pública con la que dichos bancos comerciales especulan en el mercado financiero. Finalmente es el contribuyente el que con sus impuestos paga las pérdidas de la banca y los intereses de la deuda contraída con esta.

El BCE condiciona toda la política fiscal y presupuestaria al determinar la cantidad de dinero que circula en la economía de cada Estado. Esta institución completamente independiente, compuesta por individuos no elegidos por nadie que tampoco responden de sus actos, determina con su política monetaria el alcance de la política económica global de cada país. Con sus políticas lleva a cabo un importante efecto distributivo sobre la renta entre los diferentes grupos sociales, todo ello sin necesidad de pasar por controles de ningún tipo.

En las circunstancias antes descritas, y dada la posición privilegiada que ostenta el BCE, los gobiernos de los diferentes países están sometidos a un creciente intervencionismo de esta institución y de otras que, como la Comisión Europea, determinan su política económica. La deuda pública es utilizada por estas instituciones para forzar medidas económicas, comerciales, financieras y fiscales que favorecen los intereses de las grandes empresas y de los bancos.

Para reforzar aún más la dependencia de nuestra economía y su supeditación a los intereses de la plutocracia la UE ha asumido competencias en materia fiscal que permiten que la Comisión Europea, a través del Pacto de Estabilidad y Crecimiento (PEC), tenga la capacidad de intervenir los presupuestos de los diferentes Estados que componen la UE. De este modo se fuerza a cada Estado a cumplir los objetivos presupuestarios y económicos marcados por el PEC, los cuales se resumen en el control del déficit. En caso de no atender a las exigencias de la Comisión Europea el Estado puede perder su derecho a voto en el seno de la UE, así como verse obligado a perder hasta el 0,05% de su PIB en concepto de multa.

Ante esta situación es inconcebible que no se plantee seriamente la necesidad y urgencia de salir de manera inmediata del euro y de la UE, recuperar la soberanía monetaria y financiera que hoy está en manos del BCE y de las corporaciones financieras privadas, y comenzar a impulsar el desarrollo interno de nuestra economía sin las restricciones políticas impuestas desde el exterior que en su día significaron el desmantelamiento de nuestra capacidad productiva.

La salida del euro debe estar acompañada de una completa restricción del flujo de divisas y de capitales para alejar a los especuladores extranjeros. Esto significa cerrar de una vez por todas la bolsa y su gran estafa piramidal que somete y arruina a los países del mundo a través de la especulación. Por otro lado se hace necesario el cierre de todas aquellas entidades bancarias que se encuentran en quiebra, y proceder al encarcelamiento de sus respectivas juntas directivas por haber malversado el dinero de sus clientes con la concesión de infinidad de créditos que jamás podrán recuperarse. Además de esto es ineludible realizar una auditoría de la deuda pública que establezca por qué, por quiénes y cómo se contrajo la deuda, el montante, las condiciones, tipos de interés, plazos de devolución, garantías, avales y a qué se dedicó la financiación. Sólo de esta manera se puede determinar qué parte de la deuda es legítima y cuál no lo es, además de establecer los responsables políticos, empresariales y financieros de este fraude a la hacienda pública para su posterior encarcelamiento. Una auditoría debe exigir al sector público transparencia en sus cuentas y una suspensión temporal de la deuda. Por otro lado es imprescindible que el Estado se emancipe de la banca privada a la que se encuentra atado mediante la deuda pública, y esto solo es posible mediante su control exclusivo sobre la creación y emisión de dinero, lo que significa que el banco central pase a estar bajo el control del tesoro público. De esta forma el Estado crea dinero por sí mismo sin necesidad de endeudarse. Además de esto es fundamental que se establezcan restricciones a las importaciones para establecer las condiciones económicas precisas para la existencia de un mercado interior y el desarrollo de una industria propia. Finalmente, y junto a todo lo anterior, es imprescindible la creación de una gran banca pública que sustituya a la banca privada quebrada, de manera que provea de crédito preciso para la economía real y productiva, y con ello para el surgimiento de una industria que provea de aquellos bienes y servicios que hoy únicamente conseguimos en el exterior.

Únicamente bajo las condiciones antes señaladas nuestra economía puede desarrollar sus propias capacidades productivas, y de este modo satisfacer aquellas necesidades que a día de hoy sólo podemos cubrir en el exterior a costa de hacernos más y más dependientes. Sólo así podremos emanciparnos definitivamente de la tiranía del capital y salir de nuestro actual status de colonia económica, comercial y financiera de las corporaciones francoalemanas.

El partido que va a disponer del control del 53% del parlamento, es decir, de la mayoría absoluta, ha contado con el respaldo de poco más del 30% de los ciudadanos con derecho a voto. Pero no va a ser ese 30% el que va a gobernar los próximos años, no serán los 10,8 millones de votantes del PP, sino que serán 186 individuos los que gobernarán en el lugar no sólo de esos 10,8 millones, sino en el lugar de los 35 millones de ciudadanos con derecho a voto sobre un total de 47 millones de habitantes que pueblan este país.

¿Dónde está la soberanía popular en todo esto?. Es una minoría de 186 individuos la que monopoliza y usurpa la soberanía del pueblo al ejercerla en su lugar. El parlamentarismo demuestra ser el último de los sistemas dictatoriales conocidos en el que el parlamento formado tras las elecciones no es del pueblo, sino del partido que alcanza la mayoría de escaños. Esto ha sido siempre así en la historia del parlamentarismo. Los que ocupan los escaños de diputado no representan al pueblo sino al partido que lo controla y que ejercerá el poder en el lugar del pueblo. El parlamento es el gobierno de los sustitutos del pueblo.

Una facción de la sociedad monopoliza el poder y lo utiliza para la consecución de sus propios objetivos. No constituye una solución creíble un mejor reparto del poder entre los partidos, pues la causa del problema no es la mejor o peor representatividad del parlamento sino el hecho de que los representantes sustituyen al pueblo en el ejercicio de su soberanía. En 2008 más de 11 millones de ciudadanos se sentían representados por el PSOE, pero este partido comenzó a poner en práctica una serie de medidas (reforma de la negociación colectiva, ley Sinde, recortes sociales, reforma de la constitución, etc…) que no aparecían recogidas en ninguna parte del programa electoral con el que se presentó en 2008, y esto provocó que la población dejara de sentirse representada al comprobar que con sus votos se hacía algo muy distinto de lo prometido en campaña. A esto cabe añadir la frustración que supuso no poder hacer nada para impedir que determinadas decisiones fuesen tomadas en contra de la voluntad de los electores. Descubrimos que el verdadero problema se encuentra en esta delegación de poder que implica que una minoría, encarnada por los representantes de los partidos, monopolicen y usurpen el poder popular para utilizarlo en contra de la propia población. La ciudadanía se dio cuenta de que ella no tenía el poder, sino que son otros en su lugar quienes lo poseen.

Los intermediarios políticos monopolizan el poder a costa del pueblo que es el que finalmente padece las decisiones arbitrarias de estos elementos distorsionadores de la voluntad popular. Los intereses de cualquier partido no son los del pueblo pues este se compone de una gran diversidad de intereses, opiniones, ideologías, orígenes, lugares y creencias. Por el contrario, el partido lo integran personas con las mismas creencias, intereses, la misma ideología, cultura, origen, etc., que persiguen gobernar a todos aquellos que no forman parte de este. La consecuencia de esto es que los partidos, a través de un parlamento compuesto de 350 diputados, pretenden representar a una población de 47 millones de habitantes. La representación demuestra ser, por tanto, una impostura.

El poder de los partidos en este régimen partitocrático va en detrimento del poder de los ciudadanos que por sí mismos no pueden intervenir en la toma de decisiones políticas, de manera que son excluidos de la política. En estas circunstancias surgen las asambleas populares como mecanismo alternativo en el que la ciudadanía, sin intermediarios, toma sus propias decisiones y comienza a resolver algunos de sus problemas al mismo tiempo que evidencia la impostura de un régimen basado en la delegación de poder. La imposibilidad de influir en las decisiones políticas de la minoría que ocupa el parlamento ha significado la creación de contrapoderes en la base de la pirámide social, y con ello la generación de estructuras de poder popular con las que contrarrestar la opresión de una clase política que, lejos de deberse a los ciudadanos, sirve fielmente los intereses de la plutocracia bancaria y empresarial.

La mayoría absoluta del PP encubre una dictadura encubierta en la que los votos de las elecciones son su coartada. No sólo cuenta con el apoyo de sus votantes sino también de todos aquellos que participaron en el proceso electoral y que de forma implícita dieron su conformidad con los resultados finales. En estas circunstancias, y frente a la arbitrariedad e impunidad del poder político que actúa en beneficio de una minoría financiera y empresarial, sólo cabe oponer resistencia mediante mecanismos de poder popular, la solidaridad y la ayuda mutua. En este sentido el asamblearismo constituye la única forma de autoorganización con la que vertebrar a la sociedad al margen del poder establecido y sus instituciones de dominación y control. Resulta ser, en suma, la única alternativa en la que el pueblo se gobierna a sí mismo, y en la que este puede decidir de forma soberana sobre sus problemas y su futuro. Dicho esto, si tenemos asambleas, gobiernos ¿para qué?.

España es un país que de facto está intervenido por las instituciones financieras globales. Esto es un hecho que se sabe pero que no se dice públicamente. La alarmante subida del interés de la deuda pública es un claro indicador de esta situación. Las elecciones del 20N serán una gran farsa, pues la banca internacional está chantajeando al país para imponer su voluntad a toda costa, lo que tras el 20N se manifestará en la ejecución de su propio programa político que ningún ciudadano habrá votado.

PPSOE obtendrá la mayoría absoluta en el congreso y pactarán todo cuanto sea preciso para tomar cuantas medidas le sean dictadas desde el exterior. Unas elecciones así, en estas circunstancias de chantaje de los mercados y de amedrentamiento de la población, serán el paripé de un régimen para presentarse como legítimo y representativo de la voluntad popular. Semejante abominación merece una clara y unánime respuesta: el boicot al proceso electoral.

El descontento no va a encontrar ningún cauce legal e institucional para manifestarse dentro de un sistema que excluye a la población del ámbito de toma de decisiones, y en el que las estructuras del poder político están monopolizadas por quienes las utilizan para perpetuarse en el poder y garantizar así su posición privilegiada de elite dominante. Tras las elecciones aquellos que hayan participado en el circo político de la fiesta democrática descubrirán que no ha servido para nada. Desde las instancias institucionales mandarán el mensaje de que una vez más ha sido la mayoría la que ha decidido el rumbo político de este país, y que por tanto quienes se manifiestan día sí y día también contra las injusticias de un régimen corrupto y tiránico son únicamente una minoría, porque lo cierto es que existen millones de electores zombis que votan al PPSOE ocurra lo que ocurra, y el poder se escudará tras eso. La población habrá votado, pero el programa electoral que se ejecutará la próxima legislatura será uno muy distinto al presentado por los partidos políticos mayoritarios.

A nadie se le escapará que el gran perdedor de estas elecciones será el pueblo. Sea cual sea el resultado que obtengan PP o PSOE en caso de necesidad pactarán, pues ambos tienen deudas en más de un 70% con la banca que es de la que reciben las órdenes. Hoy más que nunca se hace evidente que vivimos en una democracia vigilada por los mercados, o mejor dicho, una dictadura del capital financiero internacional. La frustración se acumulará tras las elecciones cuando todo siga igual o peor, pues entonces se verá con meridiana claridad que todo fue un espectáculo del propio sistema para autolegitimarse. Donde no hay alternativas reales no hay opciones de cambio de ningún tipo, y en lo que al poder político se refiere no existe la oportunidad de cambiarlo para que se adecue a los intereses de la población más allá de afinidades ideológicas o partidistas. No cabe duda de que en estas circunstancias la peor dictadura es la que se disfraza de democracia, y más aún donde se hace creer a una gran parte de la población que es libre de elegir a sus gobernantes cuando esto no es así. Por este motivo sólo cabe llamar al boicot de las elecciones golpistas del 20N.

La situación del país es catastrófica en todos los sentidos. Nos encontramos con el chantaje del capital financiero internacional contra las instituciones políticas establecidas. Las próximas elecciones del 20N serán papel mojado porque no importa quién gane, la presión de la banca internacional va encaminada a imponer sus dictados y a amedrentar a la población civil. El país está intervenido de facto, algo que no tardará en ser oficial las próximas semanas, y un país intervenido no es en modo alguno soberano. Las elecciones del 20N serán una gran farsa.

Nos encaminamos hacia un callejón sin salida en el que se hace más y más evidente la fisura entre el Estado y el pueblo, entre gobernantes y gobernados, entre la clase política y los ciudadanos. La sociedad no tiene acceso a la toma de decisiones políticas y no puede, a través de los cauces legales establecidos, revertir la situación, y con ello impedir los abusos que se producen mediante recortes presupuestarios, supresión de servicios públicos y prestaciones. La ciudadanía no tiene el control sobre las instituciones políticas que le permitirían hacer uso de los resortes del gobierno para tomar medidas acordes con sus intereses.

Ya nos adelantan estos días que el próximo gobierno tendrá poco margen de maniobra a la hora de tomar medidas ante esta situación de emergencia. Algo lógico en un país que ha dejado de ser soberano y cuyos gobernantes son los viles administradores de los intereses del capital financiero. No cabe esperar nada mejor de un Estado que se ha convertido en una empresa de la que los políticos son sus gerentes y los bancos sus dueños. Nuestra clase política está económicamente comprada y atada a los intereses de los poderes financieros. Además de esto se encuentra ideológicamente alineada con la elite bancaria internacional de manera que ningún partido, absolutamente ninguno, ofrece una alternativa real a la problemática económica, financiera, política y social que actualmente se vive. La razón de que esto sea así es porque una alternativa que ofrezca una solución a todo esto sólo puede ser revolucionaria, y esto significa romper con este sistema y con su legalidad hecha a la medida de los intereses de la plutocracia dirigente. Lo único que puede ser revolucionario a día de hoy es que el pueblo mediante la resistencia plante cara a los poderes financieros .

Un pueblo que no controla la creación de dinero no es un pueblo libre. La recuperación de la soberanía monetaria y financiera constituye hoy por hoy la principal prioridad política para liberarse de la carga de la deuda y del yugo del interés impuesto por los bancos internacionales. En una situación en la que los gobernantes trabajan para los intereses de la banca se puede dar por finiquitada la legitimidad y validez de todas las leyes que sustentan este orden injusto que permite semejante estado de cosas. Frente a las estructuras políticas establecidas, las jerarquías del régimen imperante y todo su aparato represivo institucional sólo cabe oponer resistencia por todos los medios posibles so pena de permitir que la situación se agrave en perjuicio de la ciudadanía. De lo contrario continuarán colocando más deuda sobre nuestras espaldas y recortando nuestro bienestar.

La situación actual, bajo este estado de cosas, no va a mejorar, y los cambios que deban efectuarse no serán realizados. Al menos no por esta clase política corrupta. Ante esta tesitura, y dado que los cauces legales que el propio sistema ha establecido impiden cualquier cambio, sólo queda la opción de una desobediencia civil generalizada contra los poderes supranacionales que están sometiendo a un permanente chantaje a nuestro país con la ayuda y connivencia de nuestras elites políticas. Frente a la opresión y la injusticia de un poder despótico es legítima la resistencia en cualquiera de sus formas.

No hay lugar para ninguna reforma porque ello significaría perfeccionar un sistema existencialmente opresivo. Tampoco hay lugar para buscar cambios en un sistema en el que este es el problema. La completa subversión del orden establecido constituye, hoy por hoy, la única salida a la actual situación. Todo lo demás lo único que hará será contribuir a agudizar y agrandar los males y sufrimientos de la población a expensas de una minoría financiera que seguirá destruyendo nuestras actuales condiciones de vida si le dejamos.

Actualmente las instituciones financieras utilizan el poder político y sus estructuras para imponer sus intereses frente a la voluntad y los intereses de la ciudadanía. Comprobamos que el Estado no es más que un mecanismo de opresión de una clase por otra, y en este caso es el instrumento de dominación y opresión de la elite bancaria contra el resto de la población. Ante esta situación cabe preguntarse qué es lo que realmente falla, ¿el sistema electoral que ha dado lugar al bipartidismo?. No, el parlamentarismo cuyo corolario es la partitocracia.

Estamos ante una crisis del parlamentarismo, o más bien de la actual democracia representativa como sistema de gobierno. La solución de los problemas políticos no está, por tanto, en determinar cuál sería el mejor sistema electoral técnicamente considerado, pues esto no pondría en duda las actuales estructuras de poder que excluyen a la ciudadanía, sino en redefinir el modo en el que la sociedad ejerce su soberanía.

En la democracia representativa se da una delegación de la soberanía en los representantes a través del mandato representativo, quienes pasan a sustituir al sujeto soberano que es el pueblo. Bajo estas circunstancias la soberanía no puede ser reclamada por los individuos ya que los representantes no están sujetos a órdenes concretas de ningún tipo, del mismo modo que tampoco existe ningún vínculo orgánico que los vincule con los electores. De esta forma el parlamento se configura como el gobierno en ausencia del pueblo al ser los representantes quienes gobiernan en nombre de este. El pueblo es soberano sólo formalmente pues de facto son otros los que ejercen la soberanía en su lugar.

Los representantes monopolizan la soberanía popular al sustituir el poder del pueblo y excluirlo del ejercicio de la política. El parlamento tiene la capacidad de decidir en nombre del pueblo sin que los diputados puedan ser revocados. Se da una completa separación entre el representante y los representados en la que los primeros pueden actuar con total independencia de los segundos. Esta circunstancia es la que le permite disfrutar a los diputados de una inmunidad que le confiere una posición privilegiada que es negada al resto de los ciudadanos. Así es como el parlamento usurpa y monopoliza el poder del pueblo al sustituirlo a través de la representación.

Pero unido a lo anterior se encuentra el hecho de que la propia configuración del parlamento se establece a través de unas elecciones en las que un partido alcanza la mayoría, de forma que el parlamento es el de ese partido y no del pueblo ya que representa al partido y no al pueblo. Por tanto, el poder ejecutivo del parlamento no es el poder del pueblo sino el poder del partido vencedor en las elecciones. En este sentido la partitocracia constituye una mediatización de la voluntad popular que es usurpada y monopolizada por estos grupos de poder, de modo que los titulares de los escaños representan a sus respectivos partidos y no al pueblo. Esta es una evidencia más de que el vigente régimen constituye una forma de gobierno dictatorial de una minoría sobre el conjunto de la población.

En el contexto antes descrito el pueblo resulta ser la presa por la que pugnan los partidos, que son quienes generan luchas por el poder al tratar de arrancar votos al pueblo. Este tipo de sistema de gobierno provoca divisiones en el seno del pueblo, pues el partido por sí mismo no es más que una facción del conjunto de la sociedad. La propia naturaleza del partido es contraria al poder popular en tanto en cuanto constituye por sí mismo un grupo de poder aparte compuesto por personas que tienen los mismos intereses, los mismos puntos de vista, la misma creencia o ideología, la misma cultura o procedencia, etc., y que persiguen la consecución de sus propios intereses, la imposición de su programa o la extensión del poder de su ideología a toda la sociedad. Por este motivo el objetivo de cualquier partido no es otro más que alcanzar el poder bajo el pretexto de la ejecución de su propio programa. Así es como dentro de un sistema de gobierno partitocrático quien gobierna es únicamente una facción sobre el conjunto de la población que está compuesta de muchos intereses, opiniones, ideologías, culturas, orígenes, etc…

Con relación al pueblo el partido es una minoría que instituye en la sociedad un gobierno dictatorial que permite a aquellos que tienen las mismas concepciones o intereses gobernar a todo el pueblo. El partido resulta ser un instrumento de poder concebido para gobernar a todos los que están fuera del partido. Podemos decir que el partido se basa en la teoría autoritaria y arbitraria del despotismo de sus integrantes sobre el resto de elementos del pueblo.

El gobierno de los partidos no es más que una forma de dictadura en la que el poder es concebido como el medio para la realización de sus propios objetivos que son presentados como si fueran los del pueblo. Estas circunstancias son las que fagocitan la lucha por el poder entre los partidos, lo que termina redundando en claro perjuicio del pueblo al implantar una dinámica destructiva de los logros del pueblo y cualquier plan que sirva a la sociedad, pues en la pugna por el poder político los partidos anteponen sus intereses particulares al interés general del conjunto de la sociedad. En este escenario el partido o partidos de oposición, para alcanzar el poder tratan de desmontar el sistema de gobierno establecido incluso a costa de destruir aquellas realizaciones que sean beneficiosas para la sociedad, todo ello con el fin último de justificar la inutilidad del partido gobernante.

Por tanto, la lucha de los partidos por el poder político convierte a la sociedad y sus intereses en víctimas. El triunfo de un partido u otro significa el establecimiento de un sistema de gobierno similar al precedente, por lo que siempre nos encontramos ante la derrota del pueblo y la victoria de un grupo de poder que monopoliza y usurpa su soberanía para utilizarla en su propio provecho. La democracia representativa y su sistema de partidos se descubre como una dictadura enmascarada.

Lo grotesco en este tipo de sistema de gobierno lo constituye el hecho de que el parlamento debe fiscalizar la labor del gobierno cuando en este impera la mayoría del partido en el poder. Pero esta mayoría parlamentaria no se obtiene si no es a través de la propaganda para alcanzar votos, lo que denota el carácter demagógico de este sistema de gobierno. Unido a esto también se hace evidente el hecho de la manipulación de la opinión pública a través no sólo de las campañas electorales, sino sobre todo de los medios de comunicación. En lo que a esto respecta los partidos, para costearse estos gastos, tienen que acudir a quienes les puedan prestar el dinero necesario, de modo que las luchas electorales las ganan aquellos que pueden costearse la campaña electoral más cara. Esta situación es la que ata a los partidos al poder financiero en la medida en que se ven obligados a contraer grandes deudas con los bancos.

Lo anterior hace explicable el hecho de que las instituciones políticas y las actuales estructuras de poder sean utilizadas para el provecho de la plutocracia que es, al menos a día de hoy, la verdadera elite dirigente en esta forma de gobierno. La completa separación entre el pueblo y los representantes, entre los intereses de la ciudadanía y las políticas aplicadas desde las esferas del poder que excluye a la población del ejercicio de la política, se ve reforzada en la medida en que la clase política se afana en servir los intereses de la elite financiera, su verdadero amo, al cual le deben sus victorias electorales.

Los partidos se valen de las demandas y reivindicaciones sociales para aumentar sus cotas de poder en el sistema político, pero una vez que entran en el parlamento todas esas reivindicaciones son traicionadas con el mercadeo de votos y voluntades, los pactos y acuerdos, con la corrupción y las prebendas. El parlamento mismo obliga a negociar y a alcanzar consensos, lo que implica la ejecución de un programa político muy distinto del presentado durante la campaña electoral. Sin embargo, los electores no tienen forma de impedirlo en tanto en cuanto no tienen acceso al ámbito de toma de decisiones políticas, de modo que su exclusión les relega a una posición marginal y secundaria que únicamente es tenida en cuenta de manera muy limitada cada 4 años. Todo esto conlleva la decepción y el desencanto de la población hacia unas instituciones cada vez más lejanas. Estas circunstancias restan legitimidad moral a los supuestos representantes, lo que a la larga conduce a que la sociedad se exprese por otras vías distintas de las institucionalmente establecidas.

El sistema parlamentarista, al estar basado en el mandato representativo y en la consecuente delegación de poder, permite que el gobierno sea utilizado por una minoría para su propio beneficio. La soberanía es usurpada y el gobierno es ejercido en nombre del pueblo en su ausencia y en su propia contra. Por tanto, lo que realmente falla es el sistema parlamentarista al sustituir el poder del pueblo por el de los representantes que gobiernan en su nombre. Un cambio en la ley electoral que significase una transformación del bipartidismo en un multipartidismo no alteraría la naturaleza del sistema, ya que permanecerían las mismas estructuras de poder excluyentes de la ciudadanía. De este modo la voluntad política de la población está secuestrada por sus representantes, quienes realmente representan a sus respectivos partidos y no a la sociedad.

La transformación del bipartidismo en un multipartidismo mediante la reforma de la ley electoral en nada cambiaría la situación de la población, cuyo poder seguiría siendo ejercido por los partidos en su nombre pero en su completa ausencia. La idea de que la existencia de más partidos en el parlamento contribuiría a que se limitasen mutuamente es ilusoria, pues sus representantes seguirían actuando de forma completamente autónoma al tomar sus propias decisiones al margen del pueblo. Juntamente con esto se impondría la dinámica inherente del parlamentarismo, que es el mercadeo de votos, los acuerdos, las prebendas, etc., traicionando una vez más las demandas y aspiraciones populares. Los intermediarios del pueblo que ejercen el poder en su nombre se descubren de este modo como unos parásitos, quienes utilizan su posición privilegiada para oprimir y subyugar a la población.

Los contrapoderes no pueden formarse en los parlamentos, pues los representantes constituyen por sí mismos una clase aparte del pueblo, alejada de la realidad que monopoliza la soberanía para utilizarla en contra de la sociedad. Por este motivo los contrapoderes únicamente pueden crearse en la base de la pirámide social mediante la autoorganización de la ciudadanía, y por tanto mediante la generación de estructuras de poder popular en las que la sociedad ejerza su voluntad sin intermediarios ni cortapisas de ningún tipo. El ejercicio del autogobierno significa que en niveles superiores a la autoorganización de base prevalezca el mandato imperativo, y por tanto que todas aquellas decisiones que deban tomarse en dichos niveles sean el resultado de la voluntad de las bases. Así pues, en vez de representantes nos encontraríamos con portavoces de las organizaciones de base que trasladarían a niveles superiores la voluntad de estas, y que en cualquier caso carecerían de poder decisorio de ningún tipo al limitarse a cumplir órdenes, pudiéndose así revocar su confianza.

El pueblo no puede esperar a que alguien, sea un partido o un político, venga a darle lo que es suyo o a solucionar sus problemas. Por este motivo la única alternativa que le queda es tomar aquello que le pertenece, organizarse y actuar. La creación de estructuras de poder popular son las que le pueden proveer de los mecanismos necesarios para oponer resistencia al sistema y a la opresión, lo que significa en última instancia la creación de una alternativa que permita socavar el sistema desde sus mismísimos cimientos sociales. Significa, por tanto, disponer de aquellos medios que le permitirían desarrollar aquellas políticas que se adecuasen a sus intereses, lo que implicaría su definitiva emancipación de los poderes económicos y financieros que emplean las estructuras de esta falsa democracia para hacer valer su voluntad sobre la población. La sociedad se incorporaría a sí misma a las tareas de gobierno sin la necesidad de depender de agentes externos que condicionasen o mediatizasen su voluntad.

La creencia en el parlamentarismo se basa en la falsa ilusión de que el poder recae en el ciudadano que lo ejerce mediante su voto en las elecciones. La realidad nos ofrece un panorama bien distinto en el que es el partido el que se vale del ciudadano, y consecuentemente de su voto, para gobernar en su ausencia contra él. En un sistema así es imposible alcanzar una solución a través de los partidos, pues estos constituyen parte del problema. Ante esta tesitura la abstención constituye una forma de restar representatividad a aquellos que ocupen sus escaños en el parlamento, los mismos que en última instancia seguirán riéndose del pueblo al atentar contra sus intereses con sus propios votos.

¿Por qué no nos representan?. En 2008 el censo electoral contaba con 35 millones de personas, de los que 9,8 millones no votaron o lo hicieron en blanco o nulo. El partido gobernante obtuvo 11 millones de votos, es decir, el 31,43% de votos del total del censo electoral. Sin embargo, ellos ocupan el poder político y toman decisiones sobre el conjunto de esos 35 millones, sin contar aquellas personas que no tienen derecho a voto (menores de 18 años y extranjeros) pero que viven en España. ¿Es realmente representativo un gobierno que ejerce el poder con el respaldo de una minoría?, ¿es representativo un parlamento y un senado constituido bajo estas mismas condiciones?. Matemáticamente no. El sistema se traiciona a sí mismo.

Pero aún más allá de esa evidencia empírica, de esa falta de legitimidad numérica de los poderes constituidos y de las instituciones bajo su control, más allá de esa falta de representatividad de la diversidad política y social del país, la clase política no representa a quien dice representar por el mero y simple hecho de defraudar a sus propios electores en el momento en el que toman decisiones contrarias a sus respectivos programas políticos. Carece de legitimidad moral. No puede ser representativo quien hace lo contrario de lo que dice, quien promete a los votantes una cosa muy distinta de la que finalmente hace. No representa a nadie aquel que finalmente hace lo que quiere en tanto en cuanto no está sometido al control de sus votantes, quien no se debe a estos sino a las burocráticas estructuras de su partido, a los intereses de grupos sociales, económicos y financieros muy determinados que le facilitaron la consecución del escaño. No nos representan porque el sistema lo impide, pues es el que realmente elige y decide por los ciudadanos.

¿De qué sirve votar en un régimen en el que el voto es una transferencia de la soberanía del ciudadano a una lista de individuos que finalmente malversan esa soberanía y la terminan utilizando en contra del propio ciudadano?. En política todo son promesas, pero en el momento en el que se accede a las esferas del poder, al parlamento y el senado, es cuando comienza el mercadeo de los votos, el pactismo, los acuerdos contranaturales, la corrupción y la usurpación de la soberanía nacional en beneficio de intereses espurios. No están solamente los mercados financieros que imponen sus decisiones al poder político, está otro mercado no menos recalcitrante que es el de los parlamentos y en los que los políticos actúan como mercaderes y no como servidores de la ciudadanía.

Desafortunadamente el acto de votar a algún partido nace de una ilusoria confianza en aquellos que propugnan un determinado programa, pero que finalmente terminan traicionando a sus votantes por voluntad propia o por imposición del sistema parlamentario que exige la negociación, el acuerdo y el mercadeo de los votos. Votar sólo sirve para sostener esa farsa, ese sistema de corrupción que día tras día se hace más poderoso a costa de aquellos que depositan su confianza en una insulsa urna de cristal. Mientras tanto la brecha entre el pueblo y el poder político, entre las instituciones y la ciudadanía, se hace más y más grande. No es cuestión de cambiar de caras en la Moncloa, en el senado o en el congreso, porque a fin de cuentas todo seguirá igual mientras rija el mismo sistema de expolio y usurpación del poder popular. Quien ocupe el poder hará más de lo mismo: traicionar sus promesas electorales, su programa electoral y la confianza de sus electores.

Las luchas sociales futuras no se dirimirán en los parlamentos, en las instituciones del poder constituido, ni en las estructuras políticas del sistema vigente. Las luchas del porvenir se desarrollarán en la brecha entre el pueblo y la clase dirigente, en ese permanente e irremediable distanciamiento que se da entre la sociedad y sus gobernantes. Por esta razón, hoy más que nunca, se hace preciso que la ciudadanía construya sus propias estructuras de poder popular mediante la autoorganización solidaria, pues hoy se encuentra totalmente excluida del ámbito de la toma de decisiones políticas, de modo que no puede contrarrestar las medidas que desde el gobierno atentan directamente contra sus intereses. Por esto hoy más que nunca hace falta construir contrapoderes que permitan oponer resistencia a la tiranía de los poderes fácticos financieros y económicos en alianza con nuestra actual clase política. Todo lo demás será dejarse pisotear por los intereses de los opresores, será alentar más la injusticia y contribuir a su sostén.

Dadas las actuales circunstancias el sistema político español ofrece escasas posibilidades reales para que la ciudadanía pueda trasladar su malestar a las instituciones por medio de los cauces legales establecidos.

De cara a las próximas elecciones generales el gran interrogante es cómo trasladar el descontento ciudadano a los resultados electorales, y por tanto cómo perjudicar a aquellos que se benefician del actual sistema político a expensas de los intereses y necesidades del conjunto de la sociedad.

Obviamente un sistema que únicamente permite a los ciudadanos participar cada 4 años en unas elecciones mientras el resto del tiempo los excluye no puede pretender ser muy democrático, y menos aún cuando no existen mecanismos para que la ciudadanía pueda tomar parte en la toma de decisiones políticas sobre aquellas cuestiones que le afectan directamente. En este sentido la población queda supeditada a lo que sus pretendidos representantes, como mediadores entre la población y las instituciones, decidan por su propia cuenta.

Si las elecciones tienen una finalidad específica más allá de posibilitar la formación de un gobierno y la posterior labor de legislación es, antes que nada, la representación de la población en nombre de la que posteriormente gobernará y legislará. El proceso electoral sirve tanto para crear esa representación como para legitimarla, de este modo cabe preguntarnos en qué medida podemos perjudicar el bipartidismo. Se plantean diferentes situaciones:

1- Votar en blanco: lo único que contribuye es a incrementar la cantidad de votos necesarios para alcanzar el porcentaje mínimo necesario para conseguir representación en las instituciones. Los más beneficiados de este voto son los partidos mayoritarios al dificultar a los partidos minoritarios la obtención de la cantidad de votos suficientes para tener representación.

2- Votar nulo: este voto en nada perjudica al bipartidismo en tanto en cuanto es un tipo de voto que no es tenido en cuenta a la hora de formar la representación. Estos votos van directamente a la basura.

3- Votar a partidos pequeños: significa una dispersión del voto en tanto en cuanto el conjunto de ciudadanos descontentos con el bipartidismo no se pondrá de acuerdo para votar al mismo partido.

4- Abstención: resta representatividad a quienes salen elegidos pues lo hacen con una menor proporción de votos respecto al total de la participación, lo que contribuye a su vez a deslegitimar el propio proceso.

En la medida en que los ciudadanos descontentos (los que votan en blanco, nulo, a partidos minoritarios y los que se abstienen) no canalizan su malestar a través del voto a una misma lista que, de esta manera, pudiera trasladar dicho malestar al ámbito de toma de decisiones que constituyen las instituciones, la única manera efectiva de perjudicar a los dos partidos mayoritarios es no votándoles y tampoco votando en blanco.

Si tenemos en cuenta que la mayor parte de la gente vota a estos dos partidos mayoritarios lo que realmente les perjudicaría sería que les dejaran de votar. Sociológicamente está comprobado que por regla general quien deja de votar a uno de estos partidos no vota a ningún otro, de modo que el abstencionismo constituye así la herramienta más efectiva para perjudicar a ambos partidos mayoritarios mediante la desmovilización de sus votantes. Esto se traduce en una menor representatividad de los cargos electos en las cortes, pues cuanta menor sea la participación menor es la proporción de votos que obtienen para poder gobernar. Asimismo, y como suele ocurrir, las oportunidades de los partidos minoritarios se incrementan al disminuir a causa del bajo índice de participación la cantidad mínima necesaria de votos para rebasar la barrera porcentual que permite alcanzar representación.

En suma, cualquier cosa que no sea votar en blanco o votar a los dos partidos mayoritarios supone un perjuicio político para el régimen bipartidista establecido. En este sentido la estrategia más efectiva para agravar el daño a este régimen es fomentar el abstencionismo y la desmovilización de los votantes de ambos partidos. Nada de esto significa que con ello se obtenga algo en concreto más allá de restar representatividad a los cargos electos de dichos partidos, y que por tanto las cámaras sean lo menos representativas posible de la realidad política y social, pues las propias elecciones a día de hoy constituyen un callejón sin salida.