El Emboscado

La transición fue un proceso de lavado de cara con el que un régimen fascista conservó sus estructuras de poder de manera inalterada bajo la imagen de una democracia moderna. En el ámbito de las relaciones laborales esto quedó patente con la vigencia de los comités de empresa como mecanismo de negociación y concertación orientado a conciliar el capital y el trabajo, y por tanto a la supeditación de los intereses de los trabajadores a los del capital. Esto lleva a que nos planteemos realmente el sentido que tiene hablar de Estado de bienestar y para quién ha sido realmente ese bienestar.

Lo que históricamente se ha llamado Estado de bienestar tiene su origen en los regímenes fascistas occidentales en los que el Estado, de forma naturalmente autoritaria en consonancia con las elites políticas y económicas dominantes, se encargaba de intermediar entre los trabajadores y la patronal para conciliar sus respectivos intereses. Para este propósito se establecieron en el ámbito laboral y económico aquellas estructuras de poder que permitían la verticalización de la economía y el control del Estado sobre la fuerza de trabajo. Así, en el contexto de capitalismo monopolista de Estado, la organización del trabajo y las relaciones laborales quedaron estructuradas en torno al sindicato vertical que integraba en su seno a trabajadores y patronos. De esta manera se pudo someter a los trabajadores a los imperativos del capitalismo monopolista, y al mismo tiempo centralizar la economía para supeditarla a los intereses del capital industrial-financiero. El Estado se aseguró un considerable control de la economía al actuar como corrector de los desajustes en la producción que genera el capitalismo, al mismo tiempo que conservaba inalterada la organización del sistema económico y social capitalista. Bajo estas circunstancias el sindicato vertical constituía un instrumento de la política económica del Estado al servicio de los intereses del núcleo hegemónico organizado en torno al capital monopolista. Las formas de explotación capitalistas eran profundizadas por un régimen autoritario que negaba a los trabajadores sus más elementales derechos sociales y políticos. La estatización del conjunto de la fuerza de trabajo y de parte de la economía contribuyó a afianzar el proceso de concentración monopolista sin por ello superar en absoluto el sistema de relaciones sociales de fondo sobre el que se asienta el capitalismo.

En el caso de España, y tras la muerte del dictador, era imprescindible reformar el sistema para adecuarlo a los estándares políticos de los demás regímenes occidentales pertenecientes a la alianza atlántica, y de esta manera facilitar su definitiva integración en el sistema internacional y en las comunidades europeas. En este sentido, y como ya lo hicieran los demás países europeos que pasaron por la experiencia fascista del período de entreguerras, el Estado conservó una importante parcela de poder con su presencia en la economía, por un lado, y con el control de la fuerza de trabajo a través de un modelo de negociación concertada entre Estado, patronal y sindicatos por otro. La consecuencia lógica de este modelo fue la progresiva pérdida de derechos y un empeoramiento de las condiciones laborales para el conjunto de la clase trabajadora, lo que ha significado la renovación de su supeditación a los intereses patronales y financieros a través de sucesivas reformas laborales.

El Estado de bienestar fue presentado como agente redistributivo de la riqueza por una parte, y por otra, al menos en el ámbito laboral, como un instrumento mediador y conciliador entre patronal y sindicatos, de forma que mantuviera cierto equilibrio que garantizase la estabilidad y la paz social. Finalmente el Estado de bienestar ha demostrado ser un instrumento de opresión de la oligarquía empresarial y financiera para supeditar a sus intereses los de la clase trabajadora. Esto queda perfectamente reflejado en el hecho de que la estructura organizativa de las relaciones laborales en los centros de trabajo es una herencia directa del franquismo. La prueba de todo esto es la existencia de elecciones sindicales para los comités de empresa que, al ser un órgano de representación de los trabajadores, genera una elite que negocia, decide y firma acuerdos con la patronal en el lugar de los trabajadores. Este modelo autoritario tiene su origen en las elecciones del sindicato vertical franquista, y tiene como principal resultado la supeditación de los trabajadores a la voluntad de una minoría de liberados completamente fuera de su control.

Las elecciones permiten a los sindicatos obtener liberados y subvenciones con las que se mantienen. A esta elite burocrática no le interesan los trabajadores sino únicamente mantener su posición y conseguir toda clase de prebendas al mercadear con los intereses de sus representados. Únicamente les interesa el voto de los trabajadores, después de esto no les importa cuáles sean sus problemas. Asimismo, funcionan como interlocutores con los que el Estado y la patronal eluden tratar directamente con los trabajadores, y al mismo tiempo son quienes los mantienen a raya, sumisos y desmovilizados.

Los liberados sindicales constituyen una enorme burocracia que, como clase aparte, viven de los problemas de los trabajadores y únicamente defienden sus intereses de grupo. Esta elite confraterniza con los empresarios en los comités de empresa al llegar a pactos y acuerdos con los que realizan todo tipo de concesiones que suponen la renuncia de derechos y conquistas sociales. Esto queda reflejado en última instancia no sólo en convenios colectivos que van en claro perjuicio de los trabajadores, sino sobre todo en las diferentes y sucesivas reformas laborales que han tenido lugar. Los liberados, lejos de ser un instrumento para la defensa de los intereses y derechos de los trabajadores, constituyen una clase parasitaria bajo el control del Estado y la patronal para mantener disciplinada y sometida a la clase trabajadora.

Asimismo, la elite de los liberados sindicales ostenta todo tipo de privilegios que garantizan su posición, al mismo tiempo que es sobornada con toda clase de prebendas para aceptar acuerdos contrarios a los intereses de los trabajadores. Todo esto demuestra que este sistema únicamente sirve para encadenar a los trabajadores y a los sindicatos que participan en las elecciones sindicales a la estructura de intereses del capital.

En el momento en el que los sindicatos participan en las elecciones en los centros de trabajo pasan a tener acceso a las subvenciones públicas, de forma que se convierten así en una herramienta dependiente del aparato burocrático-institucional del Estado y del gran capital. En estas circunstancias las subvenciones públicas vienen a ser como una droga, pues en el momento en el que comienzan a tomarse ya no se abandonan al generarse una serie de necesidades que no pueden cubrirse con las capacidades propias. Bajo estas condiciones es imposible que un sindicato opere de forma independiente y en consonancia con los intereses de los trabajadores a los que dice representar y defender. Poco importa que se haya reconocido el derecho a la existencia de sindicatos, la libre afiliación o el derecho de huelga cuando los principales sindicatos del sistema funcionan en la práctica como el sindicato vertical franquista y se limitan a controlar a los trabajadores para que no den demasiados problemas al Estado y a la patronal.

A todo lo anterior se suma la estructura piramidal de los sindicatos mayoritarios, lo que en la práctica impide que sus propios afiliados tengan el control sobre el conjunto de la organización y que, por tanto, desde la dirección se tomen decisiones que vayan en contra de sus intereses. Esto es lo que finalmente conduce a una completa fisura entre las cúpulas sindicales y sus bases de afiliados, un progresivo y permanente distanciamiento que aboca irremisiblemente a la desafección generalizada hacia este modelo autoritario y burocratizado de sindicalismo.

Cabe apuntar que con la última reforma laboral los comités de empresa pierden su sentido en la medida en que el empresario puede tomar decisiones que afecten a la plantilla sin hacerlas pasar por este órgano. Además de esto se rompe el modelo de negociación colectiva hasta ahora vigente con el descuelgue de convenios. Con esto también pierde su sentido el modelo de sindicato burocratizado y subvencionado en tanto en cuanto los intermediarios de los trabajadores son completamente prescindibles en este nuevo marco laboral. En este contexto es cuando otras formas de lucha sindical distintas de las hasta ahora formalmente institucionalizadas en los centros de trabajo son más necesarias que nunca. Aquí cobra completo sentido la acción directa en la que los trabajadores, sin intermediarios de ningún tipo, son quienes han de solucionar los conflictos que surjan y quienes defiendan sus derechos e intereses.

La estrategia seguida por los sindicatos del poder ha sido la de realizar concesiones al Estado y a la patronal con la renuncia de derechos y con el empeoramiento de las condiciones laborales, al mismo tiempo que se encargaban de contener la protesta del movimiento obrero a través de su permanente desmovilización. Es evidente que la labor de un sindicato debe ser diametralmente opuesta a la que han practicado las mafias sindicales del régimen. Al quedar patente que el actual sistema capitalista constituye el principal enemigo de los trabajadores, la labor de un sindicato ya no puede limitarse a conseguir mejoras puntuales o a defender derechos conquistados dentro de este sistema, sino que por el contrario debe aspirar a cambiar el sistema y abolir las condiciones de explotación sobre las que se funda para transformar la sociedad. Pero esta labor histórica le corresponde al sindicalismo revolucionario que hasta ahora ha ocupado un papel secundario en las luchas obreras, pero que ante este nuevo escenario se le abre un inmenso horizonte de oportunidades en el que desempeñar el papel de herramienta que fragüe los cambios y transformaciones decisivas que conduzcan las aspiraciones obreras más allá de la consecución de mejoras inmediatas.

Un sindicato revolucionario se caracteriza no sólo por impugnar con su discurso todo un sistema basado en la explotación económica, sino que también lo impugna con su praxis al prescindir de liberados, subvenciones públicas y evitar participar en elecciones. Esta forma de hacer sindicalismo se concreta en la ausencia de burocracias, por lo que son sus afiliados quienes participan en la administración y gestión del sindicato sin ningún poder ejecutivo. Son, en suma, quienes por medio de la acción directa defienden sus derechos y llevan a cabo sus protestas. Mediante esta táctica se prescinden de parlamentos, magistraturas, comités, gobiernos, etc., en los conflictos laborales, de forma que los trabajadores actúan sin intermediarios de ningún tipo.

El actual marco de relaciones laborales surgido tras la reforma plantea una situación favorable para el uso de la acción directa como táctica de lucha de los trabajadores, por lo que el sindicalismo revolucionario es el que por su forma de proceder y su experiencia el que mejor se presta para esta forma de lucha. Por esta razón, y dado el contexto de creciente vulnerabilidad para el trabajador, son necesarios los sindicatos que hacen de la acción directa la base de su forma de proceder frente al Estado y la patronal. Esto es lo que a la postre convierte a los trabajadores en los protagonistas de sus propias luchas al exigir una mayor implicación de cada trabajador en la defensa de sus derechos e intereses, y con ello una actitud militante en la que prime la solidaridad como principio vertebrador de la lucha sindical. La necesaria empatía hacia los problemas laborales de otros trabajadores es lo que facilita el desarrollo de una mayor conciencia de clase con la que cimentar la ayuda mutua que contribuye a unir las luchas de todos los trabajadores. Pero nada de esto es posible si no se rompe definitivamente con la actitud infantil e infantilizante inoculada por los aparatos sindicales del poder, aquella en la que el trabajador asume tutelas innecesarias de burocracias de liberados para la resolución de sus problemas. Este es el germen de la insolidaridad y completa ausencia de conciencia colectiva del trabajador desclasado, para quien el sindicato es una empresa a la que paga para que lo defienda cuando tiene algún problema. Esta insolidaridad que mantiene enclaustrados a los trabajadores en sus respectivos puestos, aislados de la realidad que les circunda, es la que impide ver la relación de los conflictos y las demandas propias con las de otros trabajadores en circunstancias parecidas, y por tanto identificarlas como parte de la misma lucha. El individualismo del burgués-obrero constituye la principal condición subjetiva que hace explicable la actual, aunque cada vez más precaria, paz social.

Un modo distinto de hacer sindicalismo exige, a su vez, una forma distinta de organización en clara contraposición con el modelo piramidal, centralizado y autoritario de los sindicatos burocratizados e institucionalizados. Todo esto implica un modelo organizativo en el que el máximo órgano decisorio sea la asamblea, de manera que los afiliados sean quienes tengan el control sobre el sindicato y este no pueda ser instrumentalizado por intereses espurios. De esta forma los integrantes del sindicato participan en la administración y gestión de la propia organización sin la presencia de un poder ejecutivo o autoridad central por encima de ellos.

Pero el modelo de sindicato autogestionado no es completo si no se encuentra unido, a su vez, a otro principio igualmente importante como es el federalismo, de manera que prime la unión libre entre los trabajadores dentro de la misma organización sindical sin una dirección central que tome decisiones en el lugar de los afiliados. Se preserva así la autonomía y la soberanía de la asamblea de trabajadores como órgano decisorio, de forma que la voluntad de los afiliados no es mediatizada ni distorsionada por elementos externos a ella, por lo que las decisiones comunes al conjunto del sindicato son el resultado de la voluntad de las asambleas que lo integran. Al mismo tiempo el federalismo es lo que provee a cada sindicato del suficiente margen de acción para decidir sobre el modo de afrontar y resolver sus propios problemas, sin tener que responder a directrices externas.

La no aceptación de subvenciones públicas, la ausencia de liberados y la no participación en elecciones sindicales son a todas luces los rasgos definitorios de cualquier sindicato que se precie. Se trata, en definitiva, de mantener una praxis opuesta a la del sindicalismo vertical del régimen actual que no sólo ha probado su manifiesta inoperancia y entreguismo a la hora de defender a los trabajadores, sino que ha demostrado ser un engranaje más dentro de la maquinaria capitalista para el sometimiento de la clase trabajadora a los imperativos del Estado y del capital. Por todo esto el sindicalismo revolucionario es la única alternativa que le queda a la clase trabajadora para emanciparse definitivamente del sistema de opresión capitalista.

Hola, a todos:

La ocupación del hospital de Kilkis, por parte de los trabajadores, comenzó el lunes, 20 de febrero a las 08:30, hora local. Esta ocupación no ha asido realizada solo por los intereses laborales de nosotros, médicos y trabajadores del Hospital de Kilkis. Ni por el Sistema Nacional de Salud griego, que, por cierto, se está desmoronando. Estamos en lucha porque lo que corre verdadero peligro ahora son los derechos humanos. Y esta situación no solo amenaza a una nación o unos pocos países o grupos sociales, sino a las clases medias y bajas de Europa, de América, de Asia, de África, del mundo entero. La Grecia de hoy, será la imagen de Portugal, España, Italia y el resto de países del planeta próximamente.

Los trabajadores del Hospital de Kilkis y de la mayoría de hospitales y centros de salud de Grecia no están recibiendo su salario a tiempo y, algunos de ellos, ven cómo su sueldo se reduce prácticamente a cero. Un compañero mío tuvo que ser trasladado a nuestra sección de cardiología en estado de shock, cuando se dio cuenta de que, en vez de recibir el habitual cheque de 800 € del estado (sí, este es su sueldo mensual), recibió una nota que decía que no solo no iba a recibir su sueldo este mes, sino que además, ¡debe devolver 170 €! ¡Otros trabajadores solo recibieron 9 (nueve) € este mes! Lxs que aun recibimos algún tipo de sueldo lxs apoyaremos de todas las formas posibles.

Esta es una guerra contra la gente, contra toda la comunidad. Los que dicen que la deuda pública de Grecia es la deuda del pueblo griego, mienten. No es la deuda del pueblo. La crearon los gobiernos en colaboración con los banqueros para esclavizar a la gente. Los créditos de Grecia no se usan para sueldos, pensiones ni para el sector público. Es exactamente lo contrario: los sueldos, las pensiones y lo público se usan para pagar a los banqueros. Están mintiendo. Al contrario de lo que manifiestan, no quieren una sociedad sin deuda. Ellos mismos crean las deudas (con la ayuda de gobiernos y políticos corruptos) en beneficio propio. En Grecia, colocaron a un banquero como primer ministro para garantizar un “trabajo” bien hecho. Nuestro Primer Ministro, Lucas Papademos, no fue jamás elegido. El BCE y los banqueros lo nombraron a dedo con la ayuda de políticos corruptos, europeos y griegos. ¡Esta es su interpretación del término “democracia”!

Los banqueros, que crean dinero del aire y luego piden intereses, son quienes crean la deuda, solo porque los gobiernos les dieron ese derecho. Y siguen diciendo que, esas deudas, seremos tú, yo, nuestros hijos y nuestros nietos quienes tendremos que pagarlas, con nuestros recursos nacionales y personales, con nuestras vidas. No les debemos nada. Al contrario, ellos deben al pueblo gran parte de sus fortunas, hechas a través de la corrupción política.

Si no abrimos los ojos a esta verdad, pronto seremos esclavos, trabajando por 200 € o menos al mes. ¡Y eso solamente quienes consigan trabajo! Sin atención médica, sin pensiones, sin techo y pasando hambre, como ya es el caso de mucha gente en Grecia. Miles de personas viven a la intemperie y pasan hambre.

No tenemos ninguna intención de pintar de negro la realidad, pero es la pura verdad. Esta situación no se debe a un accidente o error financiero-monetario. Es el comienzo de una fase muy peligrosa de un largo proceso que sigue un plan muy bien diseñado, ¡un proceso que comenzó hace décadas!

Debemos luchar juntos contra el plan neoliberal. Y eso es lo que estamos haciendo ahora, en Kilkis y en otras muchas ciudades del mundo.

Por el momento, no hemos considerado la posibilidad de abrir una cuenta para recibir donaciones. Sin embargo, quizá tengamos que hacerlo en unos pocos meses, incluso, semanas si la situación empeora. Lo que ahora mismo necesitamos, de todos, es apoyo moral y difusión. Las luchas sociales, por todo el mundo, deben difundirse y conseguir apoyo masivo, si queremos ganar la guerra a este sistema corrupto. Si se les ocurre alguna forma de difundir nuestras noticias e ideas, ¡sería genial!

A continuación reproducidmos un fragmento de la obra de  Hodgson Brown, Ellen, Telaraña de deuda. La Escandalosa Verdad Acerca de Nuestro Sistema Monetario y Sobre Cómo Podemos Liberarnos, Louisiana, Third Millenium Press, 2011, pp. 31-33, que expone el caso de Jerome Daly, un hipotecado al que el banco First National Bank (hoy Citibank) quiso desahuciar en el momento en el que no pudo hacer frente al pago de su hipoteca.

Llevándolo a juicio

First National Bank of Montgomery vs Daly fue un drama judicial digno de un guión de cine. El demandado Jerome Daly se opuso a la ejecución hipotecaria por parte del banco sobre su crédito de vivienda de 14.000 dólares, sobre la base de que no hubo contraprestación por el préstamo. La “contraprestación” (“la cosa que es objeto de intercambio”) es un elemento esencial de un contrato. Daly, un abogado en representación de sí mismo, argumentó que el banco no había desembolsado nada de dinero real para su préstamo.

Las actuaciones dentro del proceso fueron anotadas por el Juez Auxiliar Bill Drexler, cuya principal función, dijo, era mantener el orden en una sala abarrotada en donde los abogados estaban amenazándose con una pelea a puñetazos. Drexler no le habría dado mucho crédito a la teoría de la defensa, hasta que el señor Morgan, presidente del banco, subió al estrado. Para sorpresa de todos, Morgan admitió que el banco creaba rutinariamente “de la nada” el dinero que prestaba, y que esta era una práctica bancaria usual.

“A mí me suena a fraude”, dijo el Juez Martín Mahoney mientras los miembros del jurado asentían con la cabeza. En su relatoría del proceso, el Juez Mahoney declaró lo siguiente:

El demandante admitió que, en combinación con el Banco de la Reserva Federal de Minneapolis, [...] creó la totalidad de 14.000 dólares en dinero en efectivo y una partida de crédito en sus propios libros de contabilidad. Que esta era la contraprestación utilizada para justificar la anotación de fecha 8 de Mayo de 1964 y la hipoteca de la misma fecha. El dinero y el crédito comenzaron a existir cuando ellos crearon este último. El señor Morgan admitió que no existía ninguna ley de los Estados Unidos o estatuto que le diera el derecho a hacer esto. Una contraprestación legal debe existir y debe ser ofrecida para justificar la anotación.

El juzgado desestimó la reclamación del banco para la ejecución de la hipoteca, y el acusado retuvo su casa. Para Daly, las implicaciones fueron enormes. Si los banqueros de hecho estaban otorgando créditos sin contraprestación (sin respaldar sus préstamos con dinero que realmente tuvieran en sus bóvedas y del que tenían el derecho a prestar), una decisión que declarara sus préstamos como inexistentes podría hacer caer la base del poder del mundo. Escribió en un artículo de noticias locales:

Esta decisión, que es jurídicamente correcta, tiene el efecto de declarar todas las hipotecas privadas, y todos los bonos Gubernamentales y Estatales de Estados Unidos en poder de la Reserva Federal y de los bancos Nacionales y Estatales, como nulos e inexistentes. Esto equivale a una emancipación de esta Nación, de la deuda personal, nacional y estatal supuestamente contraída con este sistema bancario. Cada estadounidense se lo debe a sí mismo. [...] el estudiar esta decisión cuidadosamente [...] de la que se sostiene la cuestión de la libertad o la esclavitud.

Aunque está de más decirlo, la decisión fracasó en cambiar la práctica vigente, no obstante no haber sido declarada nunca improcedente. Se sentenció alguna vez en un Juzgado de Paz, un sistema judicial autónomo que data de los días de la frontera en expansión, cuando los demandados tenían problemas para viajar a las grandes ciudades para responder a las citaciones. En ese sistema (que en la actualidad ha sido eliminado en gran medida), los jueces y tribunales gozaban de gran autonomía. El Juez Mahoney llegó incluso a amenazar con procesar y exponer públicamente al banco. Murió menos de seis meses después del juicio a Daly, en un misterioso accidente que pareció implicar envenenamiento.

Desde entonces, varios demandados han intentado sortear los incumplimientos en los pagos de los préstamos usando la defensa planteada por Daly, pero solamente han tenido un éxito limitado. Como dijo un juz por fuera del proceso, usando una metáfora familiar del Mago de Oz:

Si dejo hacer eso, a usted y todos los demás, esto llevaría a todo el sistema abajo. [...] No puedo dejarle ir detrás de la ventanilla del banco. [...] ¡No vamos a ir detrás de esa cortina!

En una informativa página web llamada Money: What It Is, How It Works (Dinero: Qué es y Cómo funciona) William Hummel afirma que hoy en día los bancos contabilizan sólo alrededor del 20% del total de la deuda en el mercado del crédito. El resto se crea por instituciones financieras no bancarias, incluyendo compañías financieras, fondos de pensiones, fondos mutuos, compañías de seguros y corredores de valores. Estas instituciones simplemente reciclan fondos preexistentes, ya sea pidiendo préstamos a una baja tasa de interés y otorgándolos a una tasa superior, o poniendo en un fondo común el dinero de los inversionistas y ofreciéndoselo a los prestatarios. En otras palabras, hacen lo que la mayoría de la gente piensa que hacen los bancos: piden prestado barato y vuelven a prestar caro, guardándose el “spread” (margen) como su utilidad. Sin embargo, lo que realmente hacen los bancos es algo muy distinto. Hummel explica:

Los bancos no son intermediarios comunes. Como los no-bancos, ellos también piden prestado, pero ellos no prestan los depósitos que adquieren. Ellos prestan al acreditar la cuenta del prestatario con un nuevo depósito. [...] Las cuentas de los otros depositantes permanecen intactas y sus depósitos están completamente disponibles para su retiro. Así, un préstamo bancario aumenta el total de los depósitos bancarios, lo que significa un aumento de la oferta monetaria.

Si la oferta monetaria está aumentando, el dinero se crea por un acto de prestidigitación. Lo que Elgin Groseclose llamó la “ley divina” de los banqueros, les permite sacar dinero por arte de magia de un sombrero vacío.

Recientemente el gobierno ha tomado la decisión de que todos los pagos superiores a 1.000 euros no puedan realizarse en metálico y que por tanto se lleven a acabo a través del banco. Se aduce que esta medida tiene como finalidad evitar el fraude fiscal. Esto es mentira.

El grueso del fraude fiscal se concentra en la evasión de impuestos de las grandes fortunas (en torno al 75%) y la existencia de formas jurídicas en el ámbito empresarial como son las SICAV (Sociedades de Inversión de Capital Variable) que cuentan con privilegios fiscales al tributar únicamente el 1% de sus beneficios (recordar que las SICAV están encuadradas dentro de la normativa que regula las Instituciones de Inversión Colectiva, y que tiene su origen en la directiva europea 85/611/CEE de 1985, momento en el que fueron introducidas en la legislación española, de modo que su existencia viene dictada por Bruselas de modo que a este respecto sólo existen dos opciones: o aceptarlas o salir de la UE).

La obligatoriedad de pagar a través del banco facturas iguales o superiores a los 1.000 euros únicamente beneficia a las entidades financieras, principalmente por dos razones: se impulsará el negocio de las tarjetas de crédito que en los últimos años ha caído hasta un 7%, y por otra parte los bancos no tendrán que hacer frente a tantos reembolsos de manera que aumentará su cantidad de metálico en reserva lo que, en un momento de falta de liquidez generalizada, les permitirá utilizarlo para tapar sus pufos.

Unido a lo anterior esta medida también servirá para una pérdida de la privacidad de los ciudadanos en su consumo, pues el rastro electrónico que dejan las operaciones realizadas con tarjeta de crédito constituyen un goloso producto para las compañías de tarjetas que posteriormente comercializan con multinacionales, bancos, empresas de mercadotecnia, etc… Asimismo el ciudadano verá cómo pierde el control directo de su dinero al tener que depender más todavía de los bancos para realizar pagos, lo que en última instancia contribuirá a que estas entidades incrementen los costes del uso de sus servicios.

En cualquier caso se demuestra una vez más que el gobierno miente y engaña al intentar hacer creer que con esta medida persigue el fraude fiscal, cuando lo cierto es que beneficia directamente a los bancos que no sólo ven incrementados sus beneficios sino que sobre todo ven aumentado su poder sobre los ciudadanos y las instituciones.

Terror, según la primera acepción del diccionario de la RAE, significa miedo muy intenso, y en su segunda acepción es persona o cosa que produce terror. Terrorismo por su parte significa dominación por el terror.

El gobierno actual no ha tardado en recurrir al miedo intenso para poner en práctica las medidas políticas actuales bajo la excusa de que la situación es más grave de lo previsto y que si no se llevan a cabo empeorará aún más. En este sentido no ha tardado en despertar todos los miedos que se albergan en el imaginario colectivo de una población aterrorizada por la posibilidad de terminar en una situación semejante a la de países como Grecia o Portugal. El gobierno no ha dudado en afirmar que no son posibles otras medidas distintas de las que ha adoptado y que previsiblemente adoptará en un futuro no muy lejano. Al mismo tiempo y de manera implícita se afirma que cualquier otra medida nos abocaría irremediablemente al desastre más grande. Así es como el gobierno hace uso del terror para ejercer su poder para conseguir la aceptación social de sus actuales políticas, las mismas que atentan directamente contra el bienestar de la sociedad mientras las presenta como las únicas posibles para preservar aquello que destruyen.

El guión político del gobierno es como el de un manual de tortura en el que se pretende quebrar la voluntad y resistencia de la sociedad para conseguir la aceptación de sus políticas. Para ello ha comenzado a utilizar el miedo como parte de su estrategia de terror en el marco general de una guerra psicológica contra su población. En este sentido amedrenta a la ciudadanía al presentar un escenario económico peor del previsto con un doble objetivo: por un lado para desmoralizar a la población y crear un estado de ánimo de resignación que facilite la aceptación de unas medidas de ajuste presentadas como inevitables y necesarias, y por otro lado para desorientar a sus ciudadanos de tal manera que no sepan cuál es la posición real en la que se encuentran ni qué pueden esperar. La confusión provocada premeditadamente por el gobierno está orientada a paralizar cualquier intento de resistencia de la sociedad al no saber esta cual sería la respuesta más adecuada para cambiar la situación a su favor.

Los mensajes contradictorios desempeñan un papel muy importante en la estrategia de terror que lleva a cabo el gobierno. Esto queda patente cuando el carácter dañino y claramente perjudicial de estas políticas para los intereses de la sociedad son planteados como sacrificios necesarios para garantizar el bienestar futuro a costa, claro está, de destruir su escaso y endeble bienestar presente. En síntesis esto último significa que para mejorar en el futuro hay que empeorar en el presente so pena de empeorar aún más en un futuro inmediato. O lo que lisa y llanamente significa pagar más impuestos por menos servicios públicos.

Para aumentar la desorientación de la sociedad no se duda en afirmar que la situación es más grave de lo previsto, lo que permite presentar las políticas adoptadas como una realidad inevitable además de necesaria. El estado emocional de pesimismo y resignación creado en la población facilita la aceptación de estas medidas al ignorar por completo la mera posibilidad de que otras políticas distintas puedan llevarse a cabo. El miedo y el desasosiego provocados en la sociedad por la incertidumbre en torno a la gravedad de la situación constituye un estado emocional que anula la capacidad reflexiva, lo que hace que la población esté dispuesta a aceptar cualquier medida aunque vaya directamente contra sus intereses objetivos y, por tanto, que no sean consideradas otras opciones diferentes de las políticas planteadas por el gobierno.

La crisis misma contribuye a desorientar aún más a los ciudadanos al tener unas implicaciones sociales desestructuradoras que producen desempleo masivo, exclusión, crecientes desigualdades, empobrecimiento generalizado, etc…, que crean en el individuo unas condiciones de stress muy elevadas que le abocan a centrar todos sus esfuerzos en buscar una salida a su situación personal y consecuentemente a competir con los demás. El contexto de austeridad general hace que el individuo priorice la satisfacción de sus necesidades materiales más básicas por encima de cualquier otra, lo que exacerba su individualismo y su dinámica competitiva. Digamos que está demasiado ocupado en solucionar sus propios problemas personales, en garantizar su supervivencia, como para emprender acciones colectivas para afrontar los problemas comunes de manera cooperativa. Respecto a esto último la crisis demuestra ser una formidable oportunidad para que el poder establecido impulse políticas que en otras circunstancias hubieran sido imposibles de llevar a cabo, pues estas hubiesen encontrado una fuerte resistencia entre la población.

Por otra parte la desorientación se profundiza con las medidas políticas de ajuste aplicadas por el gobierno ya que, como la experiencia de otros países lo demuestra, conducen directamente hacia el escenario catastrófico que supuestamente deberían evitar. La consecuencia lógica de este proceso es una regresión social sin precedentes en la que se produce la quiebra de cualquier lazo social y con ello la ruptura de la cohesión de la comunidad, lo que desemboca necesariamente en la indefensión tanto individual como colectiva que agrava la dependencia del conjunto de la sociedad con el poder. En estas circunstancias la sociedad está predispuesta a aceptar nuevas y más drásticas medidas que la sojuzguen más todavía, y con ello también a asumir la definitiva implantación de un régimen político que destruya los derechos y libertades bajo la promesa de ofrecer en el futuro seguridad y bienestar material.

Resulta bastante obvio que la violencia psicológica ejercida por el gobierno se despliegue a través de una estrategia de terror. En esta estrategia el miedo e incertidumbre creados acerca de la situación real de la economía son la herramienta fundamental para sacar adelante las políticas actuales, todo bajo la amenaza de problemas mayores en un futuro inmediato. El mensaje es claro: utilizar el miedo para que la sociedad no se oponga a las medidas de ajuste.

Como en un manual de tortura se persigue anular todos los mecanismos de resistencia sociales, quebrar la voluntad colectiva y dinamitar la moral de la sociedad. La desorientación y confusión que generan tanto la crisis como las medidas aplicadas contribuyen a crear mayor indefensión e incertidumbre, lo que acrecienta el terror y la vulnerabilidad. Semejante presión psicológica es la que facilita conseguir la obediencia de quien recibe este trato. Es el gobierno por medio del terror.

Pero a todo lo anterior hay que sumarle las necesarias dosis de mentiras que se vierten en los medios de desinformación para crear una imagen sesgada de la situación, y al mismo tiempo manipular a la ciudadanía para alinearla con los objetivos políticos inmediatos del gobierno. Así, de forma teatral y dramática, se ha escenificado laa situación económica como la herencia de la anterior administración. Esto no es cierto.

El actual partido gobernante ha contribuido de manera activa desde las administraciones municipales y autonómicas bajo su control a generar la deuda pública descomunal que hoy tenemos, todo bajo la autorización del gobierno central anterior que permitió que las comunidades autónomas y ayuntamientos continuaran emitiendo una cantidad desorbitada de deuda pública. Si el país está en la ruina económica es también por y gracias al partido gobernante al haber expoliado sistemáticamente las arcas públicas en comunidades autónomas como Valencia, Madrid, etc…, hasta el punto de haberlas llevado a la quiebra, así como a través de la burbuja inmobiliaria que ayudaron a crear con la liberalización del suelo en la década de los 90. Por tanto, el partido hoy gobernante también es responsable de la situación actual. De este modo su petición de realizar sacrificios para salir de la crisis es un ejercicio de hipocresía y cinismo inaudito, además de una burla y un insulto a la inteligencia de la ciudadanía.

Los verdaderos sacrificios se reparten de manera equitativa entre todos los integrantes de la sociedad, y por el contrario no recaen única y exclusivamente sobre los hombros de las capas más populares del país mientras sus elites políticas, financieras y empresariales se benefician de ellos. Estos mal llamados sacrificios son la práctica inherente de un sistema existencialmente opresivo en el que el gobierno es su más implacable, brutal y despreciable brazo ejecutor. Estas medidas son la más cabal expresión de la dictadura terrorista del capital financiero a la que estamos sometidos y de la que el gobierno es su vil marioneta. Los ajustes forman parte integrante de la violencia estructural practicada por el gobierno de manera sistemática contra la población al empobrecerla y condenarla a la miseria, y por ello constituyen el mayor programa de exclusión social que jamás haya habido en la historia de este país. Lejos de ser medidas que hoy la propaganda gubernamental presenta como temporales mañana no tardarán en ser irreversibles, lo que nos abocará a una condición de pobreza material y moral sin precedentes.

Un gobierno que toma decisiones de este carácter se erige a sí mismo en enemigo abierto del pueblo, y demuestra estar al servicio de los más abyectos y retrógrados intereses del capital financiero. Cualquier gobierno que en nombre del pueblo toma este tipo de políticas encaminadas a destruir al propio pueblo desde sus mismos cimientos materiales carece de cualquier legitimidad. Un gobierno que actúa para satisfacer el vampirismo bancario de la plutocracia a costa de subyugar a su propia población, y que por tanto se ocupa de llevar a cabo el programa político de la banca, debe ser depuesto inmediatamente por todos los medios que sean precisos. Pero no basta únicamente con deponer a un gobierno opresor, es preciso e ineludible que todas aquellas leyes que sostienen este estado de permanente injusticia sean completamente abolidas lo que convierte en legítima la desobediencia ciudadana.

En este contexto en el que las injusticias se sostienen gracias al silencio, la pasividad y la indiferencia existe la obligación moral individual y colectiva de actuar para poner fin a un sistema y a un gobierno que trabajan contra el bienestar material y moral de la sociedad. Así es como la desobediencia, la rebelión y la insurrección se convierten en instrumentos de lucha completamente legítimos para hacer frente a la opresión y la impunidad y prepotencia de los poderosos. La arrogancia de los opresores exige pisotear el orden establecido a su medida, y con este todos los privilegios que les da su actual status de sátrapas de la gran oligarquía financiera global.

El engaño y la mentira sobre la que se asienta el vigente sistema despótico en el que el dinero es el único soberano no puede durar indefinidamente. Tarde o temprano se pondrá de manifiesto que las medidas de ajuste no sólo no resuelven nada sino que todavía empeoran la situación. Será entonces cuando la estrategia del terror ya no funcione y el efecto conseguido sea el contrario del perseguido. Para entonces el ciudadano medio será consciente de que sus gobernantes lo conducen directamente al matadero, y la violencia gubernamental se volverá en su propia contra porque el gris rebaño se habrá convertido en horda. Lo contrario es estar abocados a la barbarie y al fin de la civilización.

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“Cuando el gobierno viola los derechos del pueblo la Insurrección es para el  pueblo y para cada porción del pueblo, el más sagrado de sus derechos y el más indispensable de sus deberes”. (Artículo 35 de la Declaración de los derechos del hombre y del ciudadano de 1793)

Un gobierno deja de ser legítimo desde el mismo instante en el que comienza a tomar medidas políticas que atentan contra el bienestar del conjunto de la ciudadanía. En estas circunstancias los ciudadanos tienen el derecho y la obligación de deponer por todos los medios precisos a dicho gobierno.

El pueblo tiene el derecho y el deber de defenderse de los abusos del gobierno y de las injusticias cometidas por este. En el caso de España el partido gobernante se ha valido de la mentira y del engaño para ganar las elecciones, lo que le ha permitido poner en práctica unas medidas que no estaban recogidas en su programa y para las que no fue votado. Esta circunstancia le ha convertido en un gobierno ilegítimo que practica la tiranía al atentar contra el bienestar de los ciudadanos con las recientes medidas de ajuste anunciadas. De este modo el gobierno niega a los ciudadanos sus derechos más básicos con medidas políticas que sumen al pueblo en la exclusión económica y social, en la pobreza y en la opresión del capital financiero encarnada por el pago de los intereses de la deuda pública contraída con la banca internacional.

Las medidas de recorte presupuestario suponen una cantidad de dinero que irá directamente a pagar los intereses de la deuda pública, lo cual se encuentra amparado constitucionalmente por el artículo 135.3 que dice: “Los créditos para satisfacer los intereses y el capital de la deuda  pública de las Administraciones se entenderán siempre incluidos en el  estado de gastos de sus presupuestos y su pago gozará de prioridad absoluta”. Una constitución que ampara el sometimiento del pueblo a los dictados de un poder no elegido carece de cualquier legitimidad y validez de cara al pueblo, y es su deber proceder por todos los medios precisos y necesarios para derogar esta ley injusta, derrocar al gobierno ilegítimo y establecer las garantías legales que aseguren sus derechos inalienables que hoy le son negados.

Resulta del todo inaceptable que el pueblo sea forzado a costear con su dinero una deuda ilegítima a costa de empobrecerse, y con ello dejar de beneficiarse de los servicios públicos de los que hasta ahora gozaba. Ante esta situación todos los derechos son ultrajados y pisoteados de manera totalmente impune por un gobierno marioneta de los poderes financieros y sus perversas instituciones supranacionales (BCE, UE, Comisión Europea, FMI, OMC, etc…).

Ante una evidente y larga serie de abusos y usurpaciones que persiguen deliberada e invariablemente el mismo objetivo de someter al pueblo al despotismo absoluto de la plutocracia bancaria, es el deber del pueblo derrocar a este gobierno y abolir todas aquellas leyes que amparan la injusticia y la opresión en la que vive. En esta situación la insurrección y la desobediencia no son una alternativa sino la principal obligación de un pueblo humillado y oprimido por su gobierno y por las leyes injustas que lo condenan a la esclavitud y a la desaparición física.

Si el año pasado fue el de la protesta este será el de la rebelión, la desobediencia y la insurrección.

España es, hoy por hoy, una colonia económica y financiera de los bancos y de las grandes corporaciones francesas y alemanas. Todo se lo debemos a la inestimable Unión Europea y a los políticos bastardos que desposeyeron al país y a sus ciudadanos de su soberanía, la cual hoy se encuentra en manos de una institución supranacional al servicio de los más abyectos y retrógrados intereses del capital financiero internacional.

La entrada en la UE se hizo por unas migajas en inversiones, fundamentalmente en infraestructura, a cambio de desmantelar completamente nuestra economía mediante la desindustrialización y la supresión de nuestra capacidad productiva en materia agrícola y ganadera. Esta imposición política tenía como propósito eliminarnos como competidores de las industrias y los mercados de economías como la de Francia, Alemania e Italia a costa, claro está, de convertirnos en los principales receptores de los productos de estos países y con ello transformarnos en una economía dependiente del exterior. Todo esto nos ha abocado a acumular un déficit comercial externo de más del 160% del PIB, un déficit que está financiado por bancos franceses y alemanes que, a su vez, fueron los que en su momento financiaron la burbuja especulativa inmobiliaria.

El euro no nos ha aportado ningún beneficio más allá de reforzar y profundizar la dependencia económica de España con el exterior, de manera que ha facilitado las exportaciones de Francia y Alemania cuyos productos han penetrado con mayor facilidad nuestra economía al utilizar una moneda común. Esto ha servido también para facilitar la concesión de créditos a los bancos españoles. La moneda única ha contribuido a un encarecimiento de la vida con la consecuente pérdida de poder adquisitivo de la población. Los máximos beneficiados a nivel local han sido la banca y empresarios que, como César Alierta, tienen importantes negocios en Alemania y Francia.

Por otra parte el euro es lo que ha facilitado que en la actualidad el Estado, las empresas y las familias acumulen una deuda de más del 400% del PIB. Una deuda que es impagable en tanto en cuanto la capacidad productiva del país no permite pagarla. El euro facilitó a los bancos españoles conseguir financiación exterior barata, sobre todo de Francia y Alemania, con la que concedieron créditos con las que endeudaron a las familias y a las empresas vinculadas al negocio de la construcción. Finalmente el Estado ha sido el que, tras el pinchazo de la burbuja inmobiliaria, ha asumido los costes de la banca mediante la socialización de sus pérdidas.

El incremento de la deuda pública se ha agravado con el descenso de los ingresos del Estado al disminuir salvajemente la actividad económica. El cierre de multitud de empresas, la mayoría vinculadas directa o indirectamente a la construcción, ha supuesto un descenso en los ingresos vía impuestos y cotizaciones. A lo anterior hay que añadir las bajas de cientos de miles de autónomos en el registro de la seguridad social. Por otro lado la economía sumergida que representa al menos el 20% del PIB sigue siendo un drenaje de ingresos. La consecuencia directa de todo esto es que la deuda pública haya sobrepasado el 60% del PIB. Así es como la banca internacional ha visto en la deuda una oportunidad de oro para chantajear al Estado e imponerle su voluntad.

Al no tener capacidad productiva propia nuestra economía es dependiente del exterior, y más concretamente de las corporaciones financieras alemanas que financian el gasto de la economía, así como de las multinacionales de este mismo país que exportan sus productos a España. En este sentido el euro ha sido muy funcional ya que ha afianzado esta relación de dependencia al constituir el instrumento de dominación que nos encadena a los intereses privados de estas corporaciones. En lo que a esto respecta el BCE ha desempeñado el papel de máximo representante de la plutocracia alemana al desarrollar una política monetaria que ha beneficiado claramente las exportaciones de sus empresas. Al mismo tiempo el BCE, junto a la Comisión Europea, ha forzado a los diferentes Estados, y entre ellos al español, a llevar a cabo medidas políticas (reforma laboral, reforma constitucional, recortes presupuestarios y sociales, pacto del euro, etc…) encaminadas a satisfacer los depredadores intereses del capital financiero y a agravar nuestra dependencia con este, todo con la ayuda y complacencia de la despreciable y abominable clase política de cada Estado. Todo esto nos ha conducido a una situación de colonialismo económico y financiero semejante al de las economías del Tercer Mundo, despojados de cualquier capacidad productiva y completamente dependientes del exterior.

El no ser soberanos en materia monetaria nos hace dependientes de la financiación exterior, al mismo tiempo que nuestro país se ve expuesto a la especulación de la deuda en los mercados internacionales. Así, mientras el BCE presta dinero a los bancos comerciales a un interés del 1% estas entidades compran deuda pública de los Estados a un interés superior al 4%. Pero al mismo tiempo que los gobiernos se endeudan con los bancos también compran los activos tóxicos de estas entidades, particularmente aquellos créditos irrecuperables, y generan a su vez más deuda pública con la que dichos bancos comerciales especulan en el mercado financiero. Finalmente es el contribuyente el que con sus impuestos paga las pérdidas de la banca y los intereses de la deuda contraída con esta.

El BCE condiciona toda la política fiscal y presupuestaria al determinar la cantidad de dinero que circula en la economía de cada Estado. Esta institución completamente independiente, compuesta por individuos no elegidos por nadie que tampoco responden de sus actos, determina con su política monetaria el alcance de la política económica global de cada país. Con sus políticas lleva a cabo un importante efecto distributivo sobre la renta entre los diferentes grupos sociales, todo ello sin necesidad de pasar por controles de ningún tipo.

En las circunstancias antes descritas, y dada la posición privilegiada que ostenta el BCE, los gobiernos de los diferentes países están sometidos a un creciente intervencionismo de esta institución y de otras que, como la Comisión Europea, determinan su política económica. La deuda pública es utilizada por estas instituciones para forzar medidas económicas, comerciales, financieras y fiscales que favorecen los intereses de las grandes empresas y de los bancos.

Para reforzar aún más la dependencia de nuestra economía y su supeditación a los intereses de la plutocracia la UE ha asumido competencias en materia fiscal que permiten que la Comisión Europea, a través del Pacto de Estabilidad y Crecimiento (PEC), tenga la capacidad de intervenir los presupuestos de los diferentes Estados que componen la UE. De este modo se fuerza a cada Estado a cumplir los objetivos presupuestarios y económicos marcados por el PEC, los cuales se resumen en el control del déficit. En caso de no atender a las exigencias de la Comisión Europea el Estado puede perder su derecho a voto en el seno de la UE, así como verse obligado a perder hasta el 0,05% de su PIB en concepto de multa.

Ante esta situación es inconcebible que no se plantee seriamente la necesidad y urgencia de salir de manera inmediata del euro y de la UE, recuperar la soberanía monetaria y financiera que hoy está en manos del BCE y de las corporaciones financieras privadas, y comenzar a impulsar el desarrollo interno de nuestra economía sin las restricciones políticas impuestas desde el exterior que en su día significaron el desmantelamiento de nuestra capacidad productiva.

La salida del euro debe estar acompañada de una completa restricción del flujo de divisas y de capitales para alejar a los especuladores extranjeros. Esto significa cerrar de una vez por todas la bolsa y su gran estafa piramidal que somete y arruina a los países del mundo a través de la especulación. Por otro lado se hace necesario el cierre de todas aquellas entidades bancarias que se encuentran en quiebra, y proceder al encarcelamiento de sus respectivas juntas directivas por haber malversado el dinero de sus clientes con la concesión de infinidad de créditos que jamás podrán recuperarse. Además de esto es ineludible realizar una auditoría de la deuda pública que establezca por qué, por quiénes y cómo se contrajo la deuda, el montante, las condiciones, tipos de interés, plazos de devolución, garantías, avales y a qué se dedicó la financiación. Sólo de esta manera se puede determinar qué parte de la deuda es legítima y cuál no lo es, además de establecer los responsables políticos, empresariales y financieros de este fraude a la hacienda pública para su posterior encarcelamiento. Una auditoría debe exigir al sector público transparencia en sus cuentas y una suspensión temporal de la deuda. Por otro lado es imprescindible que el Estado se emancipe de la banca privada a la que se encuentra atado mediante la deuda pública, y esto solo es posible mediante su control exclusivo sobre la creación y emisión de dinero, lo que significa que el banco central pase a estar bajo el control del tesoro público. De esta forma el Estado crea dinero por sí mismo sin necesidad de endeudarse. Además de esto es fundamental que se establezcan restricciones a las importaciones para establecer las condiciones económicas precisas para la existencia de un mercado interior y el desarrollo de una industria propia. Finalmente, y junto a todo lo anterior, es imprescindible la creación de una gran banca pública que sustituya a la banca privada quebrada, de manera que provea de crédito preciso para la economía real y productiva, y con ello para el surgimiento de una industria que provea de aquellos bienes y servicios que hoy únicamente conseguimos en el exterior.

Únicamente bajo las condiciones antes señaladas nuestra economía puede desarrollar sus propias capacidades productivas, y de este modo satisfacer aquellas necesidades que a día de hoy sólo podemos cubrir en el exterior a costa de hacernos más y más dependientes. Sólo así podremos emanciparnos definitivamente de la tiranía del capital y salir de nuestro actual status de colonia económica, comercial y financiera de las corporaciones francoalemanas.

El partido que va a disponer del control del 53% del parlamento, es decir, de la mayoría absoluta, ha contado con el respaldo de poco más del 30% de los ciudadanos con derecho a voto. Pero no va a ser ese 30% el que va a gobernar los próximos años, no serán los 10,8 millones de votantes del PP, sino que serán 186 individuos los que gobernarán en el lugar no sólo de esos 10,8 millones, sino en el lugar de los 35 millones de ciudadanos con derecho a voto sobre un total de 47 millones de habitantes que pueblan este país.

¿Dónde está la soberanía popular en todo esto?. Es una minoría de 186 individuos la que monopoliza y usurpa la soberanía del pueblo al ejercerla en su lugar. El parlamentarismo demuestra ser el último de los sistemas dictatoriales conocidos en el que el parlamento formado tras las elecciones no es del pueblo, sino del partido que alcanza la mayoría de escaños. Esto ha sido siempre así en la historia del parlamentarismo. Los que ocupan los escaños de diputado no representan al pueblo sino al partido que lo controla y que ejercerá el poder en el lugar del pueblo. El parlamento es el gobierno de los sustitutos del pueblo.

Una facción de la sociedad monopoliza el poder y lo utiliza para la consecución de sus propios objetivos. No constituye una solución creíble un mejor reparto del poder entre los partidos, pues la causa del problema no es la mejor o peor representatividad del parlamento sino el hecho de que los representantes sustituyen al pueblo en el ejercicio de su soberanía. En 2008 más de 11 millones de ciudadanos se sentían representados por el PSOE, pero este partido comenzó a poner en práctica una serie de medidas (reforma de la negociación colectiva, ley Sinde, recortes sociales, reforma de la constitución, etc…) que no aparecían recogidas en ninguna parte del programa electoral con el que se presentó en 2008, y esto provocó que la población dejara de sentirse representada al comprobar que con sus votos se hacía algo muy distinto de lo prometido en campaña. A esto cabe añadir la frustración que supuso no poder hacer nada para impedir que determinadas decisiones fuesen tomadas en contra de la voluntad de los electores. Descubrimos que el verdadero problema se encuentra en esta delegación de poder que implica que una minoría, encarnada por los representantes de los partidos, monopolicen y usurpen el poder popular para utilizarlo en contra de la propia población. La ciudadanía se dio cuenta de que ella no tenía el poder, sino que son otros en su lugar quienes lo poseen.

Los intermediarios políticos monopolizan el poder a costa del pueblo que es el que finalmente padece las decisiones arbitrarias de estos elementos distorsionadores de la voluntad popular. Los intereses de cualquier partido no son los del pueblo pues este se compone de una gran diversidad de intereses, opiniones, ideologías, orígenes, lugares y creencias. Por el contrario, el partido lo integran personas con las mismas creencias, intereses, la misma ideología, cultura, origen, etc., que persiguen gobernar a todos aquellos que no forman parte de este. La consecuencia de esto es que los partidos, a través de un parlamento compuesto de 350 diputados, pretenden representar a una población de 47 millones de habitantes. La representación demuestra ser, por tanto, una impostura.

El poder de los partidos en este régimen partitocrático va en detrimento del poder de los ciudadanos que por sí mismos no pueden intervenir en la toma de decisiones políticas, de manera que son excluidos de la política. En estas circunstancias surgen las asambleas populares como mecanismo alternativo en el que la ciudadanía, sin intermediarios, toma sus propias decisiones y comienza a resolver algunos de sus problemas al mismo tiempo que evidencia la impostura de un régimen basado en la delegación de poder. La imposibilidad de influir en las decisiones políticas de la minoría que ocupa el parlamento ha significado la creación de contrapoderes en la base de la pirámide social, y con ello la generación de estructuras de poder popular con las que contrarrestar la opresión de una clase política que, lejos de deberse a los ciudadanos, sirve fielmente los intereses de la plutocracia bancaria y empresarial.

La mayoría absoluta del PP encubre una dictadura encubierta en la que los votos de las elecciones son su coartada. No sólo cuenta con el apoyo de sus votantes sino también de todos aquellos que participaron en el proceso electoral y que de forma implícita dieron su conformidad con los resultados finales. En estas circunstancias, y frente a la arbitrariedad e impunidad del poder político que actúa en beneficio de una minoría financiera y empresarial, sólo cabe oponer resistencia mediante mecanismos de poder popular, la solidaridad y la ayuda mutua. En este sentido el asamblearismo constituye la única forma de autoorganización con la que vertebrar a la sociedad al margen del poder establecido y sus instituciones de dominación y control. Resulta ser, en suma, la única alternativa en la que el pueblo se gobierna a sí mismo, y en la que este puede decidir de forma soberana sobre sus problemas y su futuro. Dicho esto, si tenemos asambleas, gobiernos ¿para qué?.

España es un país que de facto está intervenido por las instituciones financieras globales. Esto es un hecho que se sabe pero que no se dice públicamente. La alarmante subida del interés de la deuda pública es un claro indicador de esta situación. Las elecciones del 20N serán una gran farsa, pues la banca internacional está chantajeando al país para imponer su voluntad a toda costa, lo que tras el 20N se manifestará en la ejecución de su propio programa político que ningún ciudadano habrá votado.

PPSOE obtendrá la mayoría absoluta en el congreso y pactarán todo cuanto sea preciso para tomar cuantas medidas le sean dictadas desde el exterior. Unas elecciones así, en estas circunstancias de chantaje de los mercados y de amedrentamiento de la población, serán el paripé de un régimen para presentarse como legítimo y representativo de la voluntad popular. Semejante abominación merece una clara y unánime respuesta: el boicot al proceso electoral.

El descontento no va a encontrar ningún cauce legal e institucional para manifestarse dentro de un sistema que excluye a la población del ámbito de toma de decisiones, y en el que las estructuras del poder político están monopolizadas por quienes las utilizan para perpetuarse en el poder y garantizar así su posición privilegiada de elite dominante. Tras las elecciones aquellos que hayan participado en el circo político de la fiesta democrática descubrirán que no ha servido para nada. Desde las instancias institucionales mandarán el mensaje de que una vez más ha sido la mayoría la que ha decidido el rumbo político de este país, y que por tanto quienes se manifiestan día sí y día también contra las injusticias de un régimen corrupto y tiránico son únicamente una minoría, porque lo cierto es que existen millones de electores zombis que votan al PPSOE ocurra lo que ocurra, y el poder se escudará tras eso. La población habrá votado, pero el programa electoral que se ejecutará la próxima legislatura será uno muy distinto al presentado por los partidos políticos mayoritarios.

A nadie se le escapará que el gran perdedor de estas elecciones será el pueblo. Sea cual sea el resultado que obtengan PP o PSOE en caso de necesidad pactarán, pues ambos tienen deudas en más de un 70% con la banca que es de la que reciben las órdenes. Hoy más que nunca se hace evidente que vivimos en una democracia vigilada por los mercados, o mejor dicho, una dictadura del capital financiero internacional. La frustración se acumulará tras las elecciones cuando todo siga igual o peor, pues entonces se verá con meridiana claridad que todo fue un espectáculo del propio sistema para autolegitimarse. Donde no hay alternativas reales no hay opciones de cambio de ningún tipo, y en lo que al poder político se refiere no existe la oportunidad de cambiarlo para que se adecue a los intereses de la población más allá de afinidades ideológicas o partidistas. No cabe duda de que en estas circunstancias la peor dictadura es la que se disfraza de democracia, y más aún donde se hace creer a una gran parte de la población que es libre de elegir a sus gobernantes cuando esto no es así. Por este motivo sólo cabe llamar al boicot de las elecciones golpistas del 20N.