Viernes, May 30, 2008

¿QUÉ ES LA REVOLUCIÓN?



Revolución es, etimológica y realmente, "re-volver", regresar a los orígenes. Significa una ruptura con la esencia del presente y su naturaleza decadente, para completar su ciclo y dar lugar a un nuevo comienzo.

La revolución, por medio de la inversión, acelera el proceso de decadencia para darle fin, y así, cerrar el ciclo. La agudización del carácter disolvente y decadente del presente conlleva, por efecto de acumulación cuantitativa, un salto de nivel que constituye un cambio cualitativo en la realidad. La revolución conlleva la precipitación de la realidad hasta el punto catártico que señala el paso revolucionario cíclico.

Definida en términos de Tradición, la vuelta a los orígenes que implica la revolución es, sencillamente, dotar a la Verdad, como valor supremo y trascendente, de plena vigencia implantándose como referente estable y permanente sobre el cual se funda el orden en la tierra.

La Verdad, como principio trascendente e ideal del que todo procede y al que todo retorna, es restaurada como fundamento sobre el que pasa a basarse el orden que instaura. Es el soporte espiritual del que se recaban aquellos valores y leyes eternas sobre los que se organiza el mundo humano, cuyo carácter no humano los hace válidos para todo tiempo y lugar, siendo, por tanto, universales.

La revolución es, en definitiva, el retorno a la Verdad que, como origen, pasa a ser el referente y el soporte del nuevo comienzo al que se da lugar. Se produce una ruptura ontológica con el presente al finalizar un ciclo e iniciar otro, lo que conlleva la transformación del mundo y la sustitución del antiguo hombre por el hombre nuevo.

Sin embargo, la modernidad ha definido la revolución en términos de subversión, es decir, como contra-revolución que se esfuerza en mantener la esencia del presente a través de la renovación de sus formas. La ruptura con las formas del presente y del pasado no conlleva, en ningún caso, una destrucción de la esencia del presente, marcado por la modernidad como categoría mental y espiritual, conservándose y manifestándose bajo formas distintas.

La subversión tiende a parar el verdadero proceso revolucionario que pueda cerrar el ciclo para abrir uno nuevo. La decadencia, alienación y disolución consustanciales a la modernidad se perpetúan cristalizándose bajo formas nuevas a través de las que continua manifestándose. Las hondas subversivas se suceden progresivamente sin que se produzcan cambios sustanciales en la realidad. Así, las "revoluciones" modernas, definidas por su carácter subversivo, han contribuido a la conservación y mantenimiento de la esencia del presente agotándose en sí mismas y, por tanto, exigiendo su constante sucesión para la renovación de ese mismo presente que se esfuerzan en conservar.

Por otra parte, y en oposición clara a la revolución definida en términos de Tradición, se encuentra la conservación y todas sus variantes conservaduristas que se afanan por mantener y defender las estructuras del pasado, formas que han sido superadas y que no son más que reductos vacíos carentes de contenido, fórmulas obsoletas que el tiempo ha terminado reduciendo a polvo. Se trata de mantener formas, tanto políticas y sociales como religiosas y culturales, que son inútiles y que se perpetúan en estériles simulacros.

Dentro del actual ciclo, tanto la subversión como la conservación resultan ser funcionales la una con la otra, contribuyendo en ambos casos, aunque de forma diferente, a mantener la esencia del presente.

El presente, marcado por la impronta de la modernidad, conlleva un estado de cosas que únicamente aspira a perpetuarse. Su más acabada expresión la ha adoptado con la actual globalización, claro reflejo del carácter depredador y expansivo del capitalismo, que no sólo somete a esclavitud a las masas del tercer y cuarto mundo con su explotación económica, sino que también esclaviza la mente y el corazón de las sociedades del primer mundo, teledirigidas por la publicidad que les induce necesidades artificiales para encadenarlas a la rueda del consumo.

El hombre moderno se encuentra entregado a lo efímero, de ahí que lleve una forma de vida disolvente y caduca. Sumido en un caos pulsional fruto de la cultura consumista, se ve abocado permanentemente a asumir como propios los estereotipos y clichés que la publicidad genera y transmite. Todo ello contribuye a agravar más aún su desorientación y su desprogramación psicológica, convirtiéndose en un esclavo del consumo, obsesionado con un estilo de vida promovido por los ideales comerciales y la publicidad de las grandes corporaciones y multinacionales. Es así como el hombre ve reducida su existencia a la condición de un número en las estadísticas comerciales de las grandes compañías.

A esto se suma la homogeneización de la sociedad a través de su igualación interior impuesta por el mercado, la cual se hace efectiva con la venta y consumo de una variada y heterogénea cantidad de productos distintos pero esencialmente unitarios, los cuales imponen un mismo y único estilo de vida que refleja, bajo formas aparentemente distintas pero esencialmente idénticas, una misma y única mentalidad.

La ausencia de referentes empuja al hombre hacia el relativismo y el subjetivismo, que lo sumerge en la más completa desorientación en la que todas las ideas valen lo mismo. Ante la ausencia de referentes universalmente válidos, se mantiene un estado de cosas caótico y disolvente, en el que el hombre es alienado al prevalecer en su interior un permanente estado de contradicción, el mismo que se refleja ulteriormente a nivel social.

La revolución empuja aquello que está cayendo, lleva hasta su punto álgido el proceso disolvente actual a través de su aceleración para, mediante su inversión, poner fin a esta fase del ciclo en curso y establecer un nuevo comienzo. Pero ese nuevo comienzo no puede darse sin el triunfo de la Verdad como principio inspirador y organizador del hombre nuevo y, consecuentemente, del mundo venidero.

Así pues, el futuro no es laico. El triunfo de la Verdad constituye la realización en el mundo humano del orden divino. La cuestión central reside, entonces, en cómo realizar dicho principio, o más bien, bajo qué forma tradicional ha de plasmarse dicho principio que ha de regir el mundo. Aquí es donde comienza la labor del militante con la búsqueda y selección de aquellas formas tradicionales aún operativas que hagan posible el triunfo de la Verdad y la reintegración del hombre en ese orden divino.
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Martes, May 27, 2008

EL FUTURO DEL BIPARTIDISMO EN ESPAÑA


La actual coyuntura que vive España como país puede determinar en gran medida el rumbo que vaya a tomar de cara al futuro, lo que exige un riguroso análisis de su sistema político para poder establecer un diagnóstico correcto que, al mismo tiempo, permita establecer los principales factores que, dado el caso, podrían llegar a alterar el actual sistema bipartidista imperante.

Aún siendo la política española tan rastrera y miserable, saturada de prejuicios, odios y fanatismos, donde prima lo emocional y pasional sobre lo propiamente político, ello no es óbice para eludir realizar un análisis objetivo desprovisto de cualquier juicio de valor, que provea de una imagen fidedigna de la realidad y de su propia dinámica.

Durante la transición política, y con motivo de los pactos de la Moncloa, se produjo un reparto del poder entre los principales partidos del momento, a saber, UCD y PSOE, que significó un acuerdo entre diferentes agentes sociales y económicos para garantizar el cambio definitivo de régimen. De este modo, el sistema naciente resultó ser nada menos que fruto de una evolución propiciada por diferentes reformas encabezadas por Adolfo Suárez y su UCD, es decir, llevada a cabo por el sector más liberal y aperturista de la elite social y política del franquismo.

El naciente sistema fue concebido, en lo que a sus estructuras de representación política se refiere, para garantizar su estabilidad a largo plazo con la existencia de gobiernos monocolores, para lo cual se estableció una ley electoral que, al mismo tiempo que favorecía el bipartidismo, integraba políticamente en el sistema a los nacionalismos periféricos, que obtenían de esta manera una sobrerepresentación en relación con otras fuerzas políticas de ámbito estatal.

Con el propósito de impedir la existencia de terceras fuerzas políticas a nivel de Estado, la ley electoral, aún siendo proporcional, contiene una corrección establecida por la Ley D'Hondt que fomenta la representación mayoritaria. Este método electoral favorece a las dos fuerzas políticas más votadas, que son las que se llevan la mayor parte de la representación, mientras que la representación de las restantes adopta un carácter marginal.

Asimismo, ha sido esta ley electoral la que ha fomentado la sobrerepresentación de los partidos nacionalistas, ya que al contar con menos votos pero concentrados en  provincias muy concretas les confiere un peso político mayor y desproporcionado. Por el contrario, fuerzas políticas de ámbito estatal, aún consiguiendo muchos más votos que los partidos nacionalistas, pero estando mucho más dispersos, obtienen una representación ínfima contando, así, con un peso político marginal que no se corresponde con los votos obtenidos.

La tendencia bipartidista del sistema impuesta por la ley electoral, se hizo para asegurar la estabilidad del régimen y sus estructuras, al mismo tiempo que se daba cabida política dentro del sistema a los nacionalismos periféricos. Por tanto, se puede decir que el actual sistema se sustenta sobre ese mismo bipartidismo que, históricamente, se ha venido desarrollando a través de la ley electoral vigente. Ello ha propiciado que los dos principales partidos hayan, cada vez más, terminado convergiendo en sus posicionamientos, lo que ha favorecido la colaboración y el mutuo acuerdo sobre las reglas del juego que rigen sus relaciones recíprocas, al tiempo que se reparten el poder entre sí.

La mejor forma de conseguir que alguien haga algo que realmente no desea es dejándole sin alternativas. Esto mismo ha ocurrido a nivel político en España, pues la sociedad se ha quedado sin alternativas y se ha visto obligada a elegir entre opciones impuestas.

Los dos partidos hegemónicos se necesitan mutuamente, ya que ello hace posible el mantenimiento del statu quo y el acuerdo en asuntos de especial interés que garantizan su primacía. Al mismo tiempo, los partidos nacionalistas ejercen el papel de partidos bisagra para los gobiernos en minoría, como fue el caso de CiU durante la legislatura de 1993-1996. Esta situación les ofrece una influencia y un poder desmedidos sobre los asuntos del Estado, condicionando así la política del gobierno de forma favorable a sus intereses particularistas.

Históricamente se puede comprobar que, desde 1982 hasta 1993, el PSOE ha conservado una amplia mayoría que le ha permitido gobernar sin la necesidad de pactar con nadie. El paso del tiempo y los persistentes escándalos del felipismo, fueron erosionando esa mayoría hasta perderla definitivamente en 1993, año en el cual se vio obligado a pactar con CiU para poder mantenerse en el poder hasta que, finalmente, dicho partido le retiró su apoyo y se convocaron elecciones anticipadas en 1996. Sin embargo, en todo este recorrido histórico, electoralmente se puede apreciar que el PSOE, desde 1982 en adelante, ha ido perdiendo votos, lo que únicamente puede ser entendido, a grandes rasgos, de dos formas diferentes: por un lado, la desmovilización de parte de la izquierda, consecuencia de su desengaño con el gobierno socialista con su gestión; y por otra parte, el crecimiento y desarrollo de IU que, como gran coalición, ha constituido la principal competencia del PSOE en la izquierda, restándole una importante cantidad de votos.

Dicho esto, el triunfo del PP en 1996 se debió más a una desmovilización de la izquierda, y más en particular de los votantes del PSOE (muchos optarían por abstenerse y otros por votar a IU), vinculado en gran medida a los escándalos del gobierno, más que al hecho de que el PP contara en aquel entonces con un gran prestigio o crédito social. Fue, sin duda, el desengaño de gran parte de los votantes del PSOE lo que conduciría a este partido a la oposición.

Asimismo, es necesario destacar que, ya para 1996, el PP no tenía competencia alguna a su derecha, lo que le convirtió en el único partido de toda la derecha. Esto contribuiría, sin lugar a dudas, a escalar posiciones electorales, lo que le llevaría a orientarse hacia el centro sociológico para arrebatarle al PSOE sus votantes descontentos. Juntamente con esto, también es importante poner de manifiesto que el grueso de la sociedad española, sociológicamente, se sitúa en el centro-izquierda, lo que inevitablemente llevó al PP a intentar captar parte de esos potenciales votantes.

Mientras que el PSOE, y la izquierda socialdemócrata en general, ha llevado la iniciativa política en la historia reciente del país, la oposición, y fundamentalmente la derecha en su conjunto, siempre ha ido a remolque de los acontecimientos y de las coyunturas, habiendo alcanzado el poder únicamente gracias a los descalabros de los gobiernos socialistas, los mismos que arrebatarían el prestigio político y social al PSOE y llevarían, posteriormente, al PP al poder.

Se puede afirmar, entonces, que el PP ha desarrollado su estrategia política a expensas de los fallos y errores de los socialistas en el poder, quienes, en definitiva, son los máximos responsables de haber perdido las elecciones que les llevaron a la oposición. La derecha representada por el PP nunca ha llevado la iniciativa política, pues no ha sabido crear ni articular proyectos en el plano social y político que le arrebataran la hegemonía sociológica a la izquierda, en manos de la que ha quedado el poder cultural. Esta circunstancia la ha convertido en rehén ideológico, cultural y moral de la propia izquierda, ya que no ha sabido ni querido generar una alternativa en el plano cultural que le sirviera para escorar, sociológicamente, a la población hacia sus posicionamientos.

El hecho de que el PP no haya tenido competencia a su derecha con ninguna otra fuerza política, ha contribuido a que adoptara una postura acomodada tendente a nutrirse de votantes descontentos con los gobiernos socialistas, y, de este modo, a estancarse ideológicamente. Por otra parte, y en lo que a todo esto se refiere, la derecha se siente aún hoy ideológicamente huérfana, debido a que no tiene referentes políticos claros que le confieran un cuerpo de ideas más o menos organizado. Todo esto se debe, en gran parte, a que la propia derecha proviene del régimen anterior, conformada por quienes se convirtieron en demócratas y liberales al entender que el franquismo era ya historia. Esta situación ha dado lugar a una desorientación ideológica en la que se ha optado por aglutinar diferentes sensibilidades y corrientes en un mismo partido, sin por ello reivindicar fuentes ideológicas concretas ni padres espirituales.

Pero el actual bipartidismo, que se ha ido agravando con el paso del tiempo y que, también, ha contribuido a que opciones de ámbito estatal (como es el caso de IU) hayan perdido peso político, puede terminar quebrando por factores ajenos al mismo. La quiebra del actual sistema de partidos rompería el equilibrio que ha venido rigiendo hasta ahora, lo que produciría a corto-medio plazo un alto grado de inestabilidad política que, sin embargo, abriría la puerta a nuevas opciones de ámbito estatal y, seguramente, forzaría una reforma de la actual ley electoral para poder dar cabida a dichas opciones.

Un escenario así no sería descartable si, finalmente, la actual oposición llegara a fragmentarse en diferentes formaciones políticas. Una situación tal sería posible si la actual crisis interna no fuera reconducida y, por tanto, las contradicciones existentes en el seno del partido adoptaran un carácter antagónico que desencadenara fuerzas centrífugas.

Mientras que el PP no tiene competencia a su derecha, abarcando de esta manera una franja política y sociológica muy amplia, el PSOE sí la tiene a su izquierda, lo cual ha condicionado gran parte de su estrategia política, intentando arrebatarle parte de su electorado a IU hasta reducir su presencia a algo puramente simbólico. Estas circunstancias han sido explotadas al máximo por el PSOE a través de su servicio de comunicación, presentando al PP como una amenaza encarnando el papel del malo de la película en el plató político.

Dicha imagen ha sido proyectada socialmente presentando al PP como un partido regresivo, anclado en el pasado, heredero ideológico del anterior régimen, representante de la reacción y de los intereses de la Iglesia, y como una amenaza para las libertades y las políticas desarrolladas por el PSOE. Esta labor de comunicación ha calado en ciertos sectores políticos de la izquierda, pues dicho clima de tensión ha recreado en un tono dramático el mensaje de que el PP es una amenaza, para así fomentar el voto útil en la izquierda para impedir el regreso al poder de la derecha.

Asimismo, la mayor cercanía del PSOE hacia los nacionalismos periféricos ha suscitado, igualmente, el miedo entre gran parte de los votantes de estos partidos ante el temor de que un hipotético triunfo del PP implicara una regresión en el plano autonómico y competencial. Por así decirlo, la política estatal ha cobrado su primacía en determinadas zonas, como País Vasco o Cataluña, sobre la política autonómica. Para gran parte de los votantes de partidos nacionalistas el PP representa el centralismo y el españolismo, de ahí que ante un supuesto mal mayor hayan preferido optar por un mal menor votando al PSOE. Todo esto explica que el PSOE obtuviera tan buenos resultados en estas dos comunidades, lo que le ha servido incluso para incrementar su número de escaños en el congreso de los diputados.

Y lo cierto es que les ha funcionado esta estrategia a pesar de la pésima y lamentable gestión del gobierno socialista. Haber proyectado sobre la opinión pública una imagen negativa, reaccionaria y radical del PP, ha servido para que el electorado, momentáneamente, olvidara todos los fallos y errores del gobierno y optara por darle un balón de oxígeno con el que mantenerle en el poder, ante una amenaza inminente y aún mayor que, en este caso, representaría el PP.

El PP, por su parte, ha demostrado no ser una alternativa sino una opción más de las dos únicas que ofrece el sistema, continuando, como siempre, con una política a remolque de la iniciativa socialista, lo que le ha situado en todo momento por detrás de los acontecimientos. Por este motivo se puede asegurar que los resultados obtenidos en marzo de 2008 se deben, en su mayor parte, a un afianzamiento de su liderazgo en la derecha gracias a la contundencia de su discurso político, que se ha basado en sus habituales mitemas. A todo ello le ha acompañado la permanente movilización de gran parte de la sociedad y la opinión pública, manteniendo la presión social, política, mediática y dialéctica sobre el gobierno.

Sin embargo, parece que la estrategia política y electoral del PP no ha servido para lo que fue concebida: ganar las elecciones y volver al poder. Se crearon unas expectativas que resultaron ser, finalmente, falsas e ilusorias. No sirvió la concatenación de errores y meteduras de pata del gobierno para volver de nuevo a la Moncloa. Esta circunstancia ha planteado un dilema fundamental sobre la conveniencia de mantener la misma estrategia, con el objetivo de dilapidar y desacreditar todo lo posible al gobierno, o, por el contrario, comenzar a modular el discurso político para captar votantes de campos políticos ajenos al PP, como pudieran ser los nacionalistas.

Lo anterior ha constituido uno de los elementos clave de la actual crisis, una contradicción fundamental que ha comenzado a marcar las actuales disputas internas en el PP. Pero, además de esto, se encuentra la mala gestión política realizada en torno a esas mismas disputas, de marcado carácter personal, entre diferentes líderes del PP, y que se venían produciendo desde tiempo atrás. Tales disputas no fueron mas que aplazadas antes de las elecciones, y hoy han vuelto de nuevo a la palestra.

Las contradicciones internas derivadas de las aspiraciones personales de diferentes líderes del PP, han vuelto a cobrar fuerza debido a que únicamente fueron aplazadas y no solucionadas, a lo que se le ha sumado la debilidad y pérdida de prestigio del actual presidente del PP al no haber ganado las elecciones.

Tras las elecciones del 9 de marzo, Mariano Rajoy tenía, únicamente, dos opciones posibles: abandonar la presidencia o continuar en ella presentándose como candidato para el congreso de Valencia. Optó por la decisión más dolorosa para el partido, continuar en la presidencia y presentarse para una reelección. El egoísmo personal, el mismo de quienes le critican ahora, fue con toda probabilidad la motivación de esta decisión pero sin haber previsto las consecuencias.

El PP ha resultado ser un enjambre de avispas en el que los dirigentes de mayor peso se disputan la presidencia, contribuyendo cada uno a su manera a desacreditar públicamente al actual presidente que, por otra parte, demuestra no tener demasiado control sobre su propia organización, lo cual refleja una falta de liderazgo considerable.

Pero lo importante es el hecho de que, dichas contradicciones entre diferentes dirigentes del partido, que históricamente se han expresado en claras disputas fruto de la ambición personal de cada uno, han sido siempre contradicciones de tipo no antagónico, en las que la unidad del partido y su posicionamiento ideológico y político de cara a la sociedad no era cuestionado. Por el contrario, dichas contradicciones que hubieran servido para la renovación de la dirección del partido si hubiesen sido convenientemente dirigidas, se han desarrollado de forma autónoma y latente, acumulándose hasta dar lugar a un salto de nivel tras las elecciones.

Estas contradicciones pueden convertirse en antagónicas si terminan adoptando un carácter ideológico, de manera que cada dirigente instrumentalice las diferentes corrientes internas del partido con el propósito de hacerse con la dirección. Una circunstancia así no garantizaría la unidad del partido, ya que se desarrollarían fuerzas centrífugas por las que cada una de las corrientes internas aspiraría a ser la hegemónica.

Como se ha venido manifestando últimamente, el PP no es un partido monolítico, pues aglutina diferentes tendencias y sensibilidades: liberales, conservadores, reformistas, centristas, católicos, etc... Esto constituye actualmente una debilidad, en la medida en que el desarrollo de las mismas genera contradicciones antagónicas, desencadenando fuerzas centrífugas que, dado el caso, pueden llevar a una fragmentación del partido.

Teniendo presente esta circunstancia, unido, a su vez, a la ausencia de una ideología concreta ante la necesidad de aglutinar diferentes sensibilidades, la lógica interna del partido de la oposición es, en definitiva, una labor de marketing con la que aparecer lo más atractivo posible para venderse al mayor número de personas. El objetivo principal es ganar las elecciones, hacia el cual se orientan todos los esfuerzos de la organización. Los principios (en el supuesto de que existan) quedan relegados a un segundo plano y, en todo caso, supeditados al objetivo principal, lo cual permite al mismo tiempo evitar entrar en debates internos que debiliten la unidad y cohesión del partido.

La problemática derivada de lo anterior se centra en la inexistencia de un proyecto claro y real para la sociedad, lo que conduce a una permanente indefinición que ha venido siendo contrarrestada por la persistente crítica al gobierno. Quien mucho abarca poco aprieta, debido a lo cual la estrategia del partido siempre queda a expensas de las coyunturas externas, de los acontecimientos del día a día. La unidad del partido se ha conservado gracias a la existencia de un enemigo común: el PSOE. Gracias a esto las diferencias internas se han dejado a un segundo plano, pero se han mantenido de forma latente y, actualmente, han vuelto a salir a relucir para agravar más aún la crisis y, tal vez, contribuir a darle un carácter antagónico a las contradicciones que ahora se desarrollan a su aire.

Resulta evidente que diferentes formas de ver las cosas implica, también, diferentes formas de pensar que parten, respectivamente, de distintas premisas. Se entiende que, a causa de esto, existen formas distintas de definir los problemas y de abordarlos, así como diferentes soluciones para los mismos, lo que necesariamente entraña contradicciones antagónicas. Una agudización de las mismas provoca una implacable lucha de fuerzas por la que cada corriente aspira a conseguir la hegemonía. Esta circunstancia, unida a la actual disputa entre líderes puede, al fin y a la postre, dar lugar a un movimiento centrífugo que desencadene una fragmentación y dispersión del partido.

Además, hay que añadir a todo lo anterior el hecho de que juntamente con la crisis que vive el PP, la influencia de medios ajenos al propio partido contribuyen a dificultar y volver más compleja la problemática interior. Esto se debe a la presión que ejercen medios como el periódico El Mundo, y más concretamente su director Pedro J. Ramírez, así como la cadena COPE y el Grupo Libertad Digital liderado por Federico Jiménez Losantos.

Esto hace reflexionar sobre el creciente poder que tienen las grandes corporaciones mediáticas, que controlan grandes flujos de información y que utilizan su influencia para beneficio de sus propios intereses. Un claro ejemplo es la situación actual que vive el PP, sobre el cual los medios de comunicación citados están llevando a cabo una fuerte presión con el propósito de colocar en la presidencia al candidato más favorable a sus intereses, lo que ha desatado una virulenta campaña mediática contra Mariano Rajoy.

El circo mediático organizado en torno a la crisis del PP es empleado por los mass-media interesados para proyectar sobre la sociedad una imagen de desorden, crispación y desencuentros. Unido a las ácidas críticas que se vierten sobre el actual presidente, todo hace presagiar que dan por perdido cualquier cambio drástico en la dirección del partido para el congreso de Valencia, pues al no existir ninguna otra candidatura, será Rajoy quien continúe presidiendo el partido. Por lo que todo este circo es, ni más ni menos, que el principio de una guerra de desgaste creada y concebida para impedir que Rajoy se vuelva a presentar en las elecciones del 2012. Así, desde diferentes medios informativos se pretende condicionar la política del PP y su propia autonomía para, de una forma muy sutil, convertirlo en un apéndice de oscuros y siniestros intereses de las corporaciones de la comunicación.

También queda patente la rigidez y el autoritarismo que impera en las estructuras internas del PP, pues sus estatutos y normas ponen severas trabas a quien quiera presentar una candidatura alternativa. La lógica de esta situación lleva, directamente, a que los cambios internos siempre se efectúen desde arriba y de forma dirigida, por lo que la renovación de la cúpula directiva siempre queda a expensas de quienes la ocupan. Y tampoco hay que olvidar que todo ello contribuye a que la política continúe siendo una forma de vida muy lucrativa, de ahí que todos en el PP estén hoy muy interesados en conservar sus puestos. Esto produce una dinámica en la que prima el interés y las ambiciones personales más que la función propiamente social a la que, tradicionalmente, ha estado asociada el ejercicio de la política, por lo que los líderes del partido responden, en gran medida, a esas pulsiones interesadas que, a largo plazo, les garantiza una confortable posición y seguridad económica.

Si la actual crisis se agudiza, dado el creciente marcado carácter antagónico de las contradicciones, no sería descartable la hipótesis muy real de que pudieran producirse escisiones y, también, la fragmentación del partido. Todo esto trae inmediatamente a la memoria el recuerdo de la UCD, existiendo ciertos paralelismos en un caso y en otro fruto de las disputas internas entre las diferentes familias políticas, lo que propició, finalmente, su disolución.

Que ocurriera algo así favorecería, sin lugar a dudas, la desaparición del sistema bipartidista de facto, ya que, a diferencia de aquel entonces, hoy no existe un partido que pueda reemplazar al PP como lo fue AP en los años 80 para la UCD. La desaparición del partido único de la derecha abriría una etapa de multipartidismo en el que el espacio que hoy ocupa el PP lo ocuparían nuevas formaciones, que podrían representar a las diferentes familias políticas que han convivido históricamente en el PP.

Nada de esto beneficiaría lo más mínimo al PSOE. Históricamente, desde la década de los 90 hasta la actualidad, los gobiernos del PSOE han sido en minoría, por lo que se ha visto obligado a pactar con los nacionalistas para poder gobernar. Estos partidos han utilizado su peso político para presionar al gobierno de cara a alcanzar sus demandas políticas, lo que ha condicionado la política del Estado.

Asimismo, dentro de la estrategia política y electoral del PSOE, el PP ha servido a sus intereses como elemento de tensión para conseguir votos procedentes del nacionalismo y de la izquierda. Desaparecida tal amenaza, se produciría una restitución del voto, es decir, los electores, una vez desaparecidas las circunstancias excepcionales, volverían a votar a sus partidos de referencia.

Un PSOE frente a una oposición en la que no existe un partido mayoritario a nivel estatal, sino un conjunto de diferentes partidos con un peso político parecido, jugaría claramente en su contra. Pues dado que los gobiernos socialistas han sido débiles por encontrarse en minoría, se vería obligado a pactar y alcanzar acuerdos con más partidos para poder gobernar, quienes en última instancia acabarían determinando de forma efectiva la política del gobierno. El PSOE debería atender sus exigencias como ha ocurrido en el pasado con los nacionalistas, y esto daría un importante poder a los partidos de la oposición. Además, tampoco sería improbable que, dado el caso, se llegara a formar gobiernos de coalición que integraran a diferentes partidos, lo que contribuiría al mismo tiempo a favorecer una mayor inestabilidad política en el gobierno y en el sistema en su conjunto.

Por otra parte, la aparición de un espontáneo multipartidismo podría dar cabida a nuevas opciones dentro del sistema, lo que anularía la actual imposición bipartidista y forzaría a una reforma electoral. Se trata de una hipótesis que puede darse si la actual crisis del PP se agudiza, y como consecuencia de ello se fragmenta. En el mejor de los casos, el PP perderá muchos votos que seguramente pasen a otros partidos (UPyD, Ciutadans, etc..), o que sencillamente se queden en casa.

El PP se encuentra actualmente en una grave disyuntiva, pues se ha comprobado que su estrategia y discurso político no da para más, por lo que únicamente tiene dos opciones: buscar arañar votos al PSOE entre sus votantes descontentos, así como a los nacionalistas mediante una modulación de su discurso; o renunciar a su carácter elitista y ultraliberal en lo económico, para integrar tanto en su programa como en su discurso una política económica social y realista con el contexto de la mayor parte de los trabajadores.

El multipartidismo también puede favorecer y estimular la creación y desarrollo de un proyecto más allá de la izquierda del PSOE, si IU consigue reorganizarse bajo una nueva línea y dirección política con la que recupere su tradicional discurso de defensa de los trabajadores, de denuncia de la injusticia de la realidad económica.

En este sentido es remarcable el hecho de que IU ha salido sumamente diezmada de estas últimas elecciones, pero no únicamente por causa de la ley electoral (que en gran medida ha influido), sino sobre todo por la política seguidista y mezquina de su actual dirección, la cual ha asumido gran parte del discurso de la socialdemocracia renunciando a los ejes ideológicos tradicionales del partido, terminando moviéndose en unas coordenadas políticas que le son del todo ajenas. Todo esto ha llevado a una seria crisis a la formación, lo que ha reabierto debates ideológicos internos y traído a colación el distanciamiento de IU con respecto a los movimientos sociales.

Hoy más que nunca hace falta un contrapeso al PSOE en el campo de la izquierda, pero eso es posible únicamente si el bipartidismo desaparece. Con la ausencia de un PP al que el PSOE pueda colgar el sambenito de peligroso y reaccionario, gran parte de los votantes del 2008 no le volverían a votar, sino que sus respectivos votos retornarían a los partidos a los que votaban previamente.

La posibilidad de que IU llevara a cabo un remodelamiento de su estrategia y política para reubicarla en sus parámetros ideológicos tradicionales, podría hacer de la misma una fuerza política de importancia a nivel de Estado, y muy en particular en la izquierda, constituyendo una alternativa real a la socialdemocracia y al propio sistema. Pero para ello sería necesario que IU fuera capaz de ir más allá, y constituyera por sí misma una izquierda nacional que defendiese con ímpetu la unidad del Estado frente al nacionalismo de las burguesías locales que pretenden su desmembramiento. De esta manera se generaría un patriotismo de izquierdas en el que se conciliase, al mismo tiempo, la idea de justicia social como respuesta al orden económico vigente, y la idea de un patriotismo que se identificara con la clase obrera, siendo el Estado español el marco político aglutinador de los intereses de esa misma clase.

Una completa regeneración de IU a través de su refundación, con la correspondiente actualización de su discurso de defensa de los trabajadores a las circunstancias actuales, y la desaparición de cualquier forma de conciliación con el nacionalismo, contraponiéndole para ello un patriotismo de todos los trabajadores, produciría un discurso transversal que atravesaría toda la sociedad española recabando importantes apoyos. Sólo haciendo de España patrimonio y causa común de la clase trabajadora, puede el patriotismo abandonar su carácter clasista vinculado a la derecha y a las elites económicas para convertirse en algo enteramente popular. Dado el caso, IU, o aquella formación política que la suceda, puede llevar a cabo lo que ni el PP ni la derecha podrán hacer jamás: socializar la idea de España.


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Viernes, May 23, 2008

LA ORGANIZACIÓN DEL ESTADO VERDADERO


"Nosotros creemos plasmar el Estado feliz no convirtiendo en felices dentro del Estado a algunos pocos individuos, considerados en forma separada y singular, sino al Estado en su conjunto" Platón

Asumiendo la Verdad como un principio superior, sólo puede ser legítimo el orden social y la legislación humana que se someta a dicho principio. El hombre ya no es la fuente de legitimidad del orden político, ni tampoco el legislador, sino que se ciñe a un principio y a una realidad objetiva de la que recaba la idea del Bien, en función de la cual se organiza políticamente la sociedad.

Pero no basta con conocer el referente fundamental sobre el que ha de basarse el orden político, aquel que define intrínseca y esencialmente el Estado, sino que, además, es preciso clarificar la forma a través de la cual se concreta y se hace efectivo dicho principio.

El Estado Justo tiene como meta la consecución de la felicidad para todos quienes lo forman. Esta felicidad se realiza en la unidad del Estado a través de la armonía e integración de sus diferentes componentes, que es el resultado de la satisfacción de las necesidades mutuas y el desarrollo de las capacidades particulares de los ciudadanos. Para que esto sea posible se requiere la organización del conjunto de la diversidad social para coordinarla y orientarla en un mismo y único sentido.

Las sociedades surgen como consecuencia de las necesidades de los hombres, que únicamente pueden ser satisfechas en cuanto aquéllas se complementan. El hombre tiene muchas y muy diferentes necesidades, de manera que al no bastarse a sí mismo para satisfacerlas vive en sociedad. Por esto, en toda sociedad se da el intercambio de servicios encaminado a este fin. El Estado, y más concretamente el estadista, tiene como finalidad la satisfacción de estas necesidades regulando el intercambio, para lo que es precisa una organización.

La división del trabajo constituye tanto una realidad como una necesidad de la sociedad para la satisfacción de sus necesidades. La especialización y el reparto de tareas es el resultado de las diferentes capacidades innatas de los hombres, por lo que sus habilidades se desarrollan con el trabajo para el que por naturaleza son más aptos.

El factor trabajo, cuando cuenta con cierta especialización, siempre produce más de lo que se necesita, pues el esfuerzo se concentra en una sola actividad. Esta circunstancia es la que hace posible la satisfacción de las necesidades de la sociedad mediante el intercambio, ya que cada uno produce más de lo estrictamente necesario, lo que suple las necesidades propias y ajenas. Este es el caso del agricultor que produce más alimento del que requiere para vivir, al igual que el zapatero produce más zapatos de los que puede usar. Es ventajoso para ambos que cada uno produzca para el otro, pues ambos satisfarán sus necesidades mutuas.

La naturaleza pasa a ser el símbolo de toda condición normal e integrada de la existencia que, como canon, establece la forma absoluta de un estilo de vida que se realiza en la fidelidad a lo que realmente se es. Así, cada ciudadano desempeña en correspondencia con su aptitud natural aquel trabajo para el cual está más capacitado. El Estado cultiva, suscita y sostiene las disposiciones de quienes lo integran para que ocupen el espacio y lugar que les corresponde en la sociedad. El papel que juega la educación es, mediante la práctica, el desarrollo de las facultades y habilidades del individuo que lo preparan para el ejercicio de su trabajo.

La naturaleza adquiere, por tanto, un valor normativo al determinar el deber ser de cada uno, estableciéndose como criterio general que orienta la vida y el quehacer del hombre tanto en el plano individual como en el social; tal es el sentido de Justicia que inspira al hombre y al Estado. Por este motivo se da una completa identificación entre el individuo y el Estado, lo que impide que el bien de uno sea esencialmente distinto del bien del otro.

El Estado ha de apoyarse sobre las fuerzas de la naturaleza humana para satisfacer las necesidades de la sociedad y alcanzar la armonía interna. Para ello es necesaria la educación, que se ocupa de desarrollar las aptitudes innatas de cada persona hasta llevarlas a su forma más perfecta. Mediante la planificación y el control, estas capacidades son puestas al servicio del Estado, que a través de su organización consigue que los hombres satisfagan cooperativamente sus necesidades.

La naturaleza humana presenta una inherente aptitud para la sociedad, y la sociedad refleja una adecuación a la naturaleza humana organizando a sus integrantes según sus capacidades, lo cual posibilita la satisfacción de las necesidades del conjunto. Se instaura un modelo de sociedad en el que impera un sistema de servicios en el que todo ciudadano aporta algo y recibe algo, haciéndose efectiva la máxima platónica de que «buscando el bien de nuestros semejantes, encontramos el nuestro».

Teniendo en cuenta el carácter normativo de la naturaleza, la educación desarrolla las facultades de los ciudadanos para ponerlas al servicio de la sociedad. Su principal cometido es, ante todo, conducir al individuo al conocimiento de su propia naturaleza para su posterior despliegue a través de aquella tarea para la que demuestre mejores aptitudes. La importancia de conocerse a uno mismo estriba en la necesidad de impedir una contradicción entre los intereses de los individuos y los de la sociedad, lo cual únicamente se logra a través de la plena expresión de sus facultades naturales, estableciéndose una armonía e identificación entre inclinación y deber.

Asimismo, el desarrollo de las capacidades individuales a través de la educación da lugar a la aparición de diferentes grupos sociales armónicos, los cuales tienen en común el desempeño de una determinada actividad. El Estado se ocupa de organizar y estructurar todos estos grupos para suplir las necesidades de la sociedad y, por tanto, mantener su unidad y armonía. Cada individuo tiene, entonces, un status dentro del cual tiene el privilegio de actuar, contando al mismo tiempo con la libertad que el Estado le asegura, no tanto para el ejercicio de su libre voluntad como para la práctica de su vocación.

Las actividades que desarrollan los diferentes grupos que componen el Estado se organizan en tres funciones diferentes, las cuales tienen como finalidad satisfacer las necesidades físicas, la protección del Estado y el ejercicio del gobierno. La organización de estas funciones se efectúa a través de distintos rangos: los trabajadores, encargados de la producción; y los guardianes, que se dividen, a su vez, en soldados y gobernantes. Cada uno de estos rangos implica aptitudes diferentes, existiendo tres especies de hombres: los que por naturaleza son aptos para trabajar pero no para el gobierno; aquellos que son aptos para gobernar, pero únicamente bajo el control y la dirección de otros; y finalmente los que son más aptos para los más altos deberes del hombre de Estado. Para cada una de las funciones existe, también, virtudes diferentes para el ejercicio de aquella tarea que tienen encomendada.

Los hombres existen, entonces, como seres diferenciados, y cada cual posee un determinado rango, una diferente libertad y un diferente estilo. Por tanto, cada obligación desempeñada por cada rango requiere, también, un estilo diferenciado que refleje una particular virtud para la realización de su correspondiente función. Cada uno sirve a la sociedad desde su puesto.

La Justicia es el principio que mantiene la unidad del Estado, el vínculo que conserva unida a la sociedad y que se identifica con el carácter normativo de la naturaleza. Cada ciudadano ha encontrado la ocupación de su vida según su naturaleza, su aptitud innata, cumpliendo con los deberes que le corresponden con arreglo a la posición a la que tiene derecho. La heterogeneidad social es armónicamente integrada a través de diversas funciones en una totalidad, en una realidad superior encarnada por el Estado, satisfaciendo así las necesidades del conjunto de la sociedad.

El individuo encuentra su lugar en el mundo y su correspondiente identidad en la ocupación que realiza, pues es el resultado de haber seguido sus inclinaciones naturales que le facultan para desempeñar su trabajo. Cada ciudadano tiene derecho a ocupar el espacio que le corresponde con aquella tarea para la que está capacitado, al igual que está obligado a llevarla a cabo. Se entiende que el Estado lo crean las necesidades mutuas, por lo que sus correspondientes estructuras se definen en términos de servicios, quedando cada rango adscrito a una determinada función por la que presta un servicio al Estado, y con el cual se satisfacen unas determinadas necesidades.

La organización del Estado persigue el ajuste perfecto de los ciudadanos a las posibilidades de empleo que les proporciona. Pero para ello es imprescindible una organización que coordine las diferentes funciones. El estadista, o el philosophoi de Platón, es quien se ocupa de la elección de medios y fines para alcanzar el ajuste necesario para la cooperación social. Su conocimiento del Bien lo hace apto para esta labor, orientando al conjunto del Estado a la realización de este principio. Para ello únicamente existen dos maneras: eliminando los obstáculos especiales que se oponen a la buena ciudadanía, y el desarrollo de las condiciones positivas de la buena ciudadanía a través de la educación.

Evidentemente, la realización del principio de Bien a nivel político requiere de unas condiciones precisas para su correspondiente viabilidad. Para esto, es fundamental la supresión de aquellos obstáculos que se interponen en la plasmación de dicho principio, empezando primeramente por los de orden económico, ya que cubriendo las necesidades económicas y materiales de la sociedad se permite, posteriormente, el cumplimiento de las obligaciones por parte de los ciudadanos. Todo esto se concreta en la supresión de toda forma de propiedad privada y riqueza entre los gobernantes, disponiendo únicamente de aquellos medios materiales imprescindibles y necesarios para su subsistencia y para el desempeño de sus obligaciones.

La eliminación de la riqueza en la capa dirigente del Estado impide la fractura social fruto de las desigualdades económicas, la cual se traduce siempre en luchas intestinas en las que los grandes poseedores quieren mantener y aún incrementar sus riquezas, mientras que aquellos que nada tienen aspiran a arrebatárselas. Negándole el derecho de propiedad a los gobernantes se evita que la ambición se instale entre ellos, al mismo tiempo que se generan unas condiciones propicias para la unidad dentro del Estado.

La abolición de la riqueza entre los gobernantes impide su influencia perturbadora, instalando un régimen de comunismo aplicado únicamente a las elites rectoras, mientras que los productores pueden hacer uso del derecho de propiedad. Sólo así se confina la economía a un área marginal y no esencial de la sociedad, ocupando un espacio en el que queda subordinada a factores políticos en la condición de instrumento al servicio del Estado. La riqueza deja de ser un criterio de selección en la promoción social para, a partir de entonces, quedar limitada y supeditada a las exigencias del Estado.

Por otra parte, la eliminación del diafragma económico y contractual que constituye el único nexo vinculante entre un hombre y otro, hace técnicamente imposible la acumulación individual de riquezas en forma de bienes económicos instrumentales y de consumo, como tampoco la concentración financiera e inmobiliaria. Además de esto, el excedente de la producción revierte en la propia sociedad supliendo sus necesidades materiales, por lo que la riqueza deja de concebirse como una situación de superabundancia fruto de una acumulación económica, para ser entendida como el potencial y la capacidad productora de la propia sociedad.

Otro aspecto reseñable en torno a aquellos obstáculos que se encuentran en el ámbito económico, es el que se refiere al ciclo de producción-consumo, cuya importancia en las actuales sociedades industriales exige una regulación que imposibilite las inflaciones y las fluctuaciones de los precios y, con ello, la pérdida de poder adquisitivo junto al encarecimiento de la vida. Una intervención en este ámbito, debería estar encaminada hacia la supresión del mercado como elemento estructural que conlleva la existencia de elementos parasitarios, cuyos intereses y finalidades individualistas son objetivamente extraños con relación al Estado.

No menos importante, y también en relación con la eliminación de los obstáculos que se oponen a la buena ciudadanía, está la actual era financiera y el descomunal volumen de la economía especulativa, lo que exige, asimismo, un control directo por parte del Estado sobre las políticas monetarias y la emisión de crédito, eliminando a su vez toda forma de especulación bursátil con el control sobre la banca y la abolición de las sociedades anónimas.

En otro lugar, se encuentra la política demográfica del Estado orientada hacia la regeneración social y su perpetuación. Para ello es precisa una correcta selección que permita al Estado disponer de un buen material humano, para lo cual se hace imprescindible un control riguroso en torno a los matrimonios. Además, es necesario resaltar que la elite gobernante debe estar desprovista de ataduras familiares, de forma que se garantice su absoluta lealtad al Estado y su plena disposición a tiempo completo para las tareas de dirección, suprimiendo para ello la institución del matrimonio pero permitiendo la procreación de nuevos hijos de manera controlada y selectiva.

La supresión de los obstáculos que impiden la realización de la idea de Bien se corresponde con las exigencias que, a nivel estructural, son necesarias llevar a cabo para crear unas condiciones favorables para la unidad social y la armonía dentro del Estado. Pero juntamente con esto también se encuentra la educación, que además de modelar la naturaleza humana en la dirección conveniente para producir un Estado armónico, sirve, además, para la permanente renovación en las estructuras políticas en sus diferentes funciones.

La educación no puede dejarse en manos privadas, por ello, el Estado debe ser el encargado de organizarla y dirigirla para la promoción de sus ciudadanos en los diferentes rangos de la vida social. Desde la más tierna infancia los miembros de la comunidad están situados en una posición de paridad de condiciones, lo que da lugar a un proceso de diferenciación jerárquica enraizado en la diferente naturaleza física, intelectual, ética y espiritual de cada cual. Esto hace posible que cada ciudadano ocupe, en función de sus aptitudes, una determinada posición desde la que servir funcionalmente a la sociedad.

La propia dinámica de un sistema cuyo fundamento es la idea de Bien, lleva inevitablemente a perseguir por medio de la educación la inserción de los ciudadanos en las estructuras sociales, quienes reciben la preparación que necesitan para ejercer sus correspondientes funciones y, a la vez, garantizar la armonía del Estado a través del ajuste necesario que asegure la cooperación social y la satisfacción de las necesidades.

La educación, además de proveer de una formación práctica con la que se desarrollan las aptitudes innatas que cualifican a cada uno para un determinado puesto, también sirve para llevar a cabo la selección y renovación de las elites rectoras, lo que significa que el estadista-philosophoi conduce a los más cualificados al conocimiento de la Verdad y, por tanto, del Bien. El conocimiento del Bien los hace aptos para las labores de gobierno y dirección, ya que conocen cuál es el Bien del Estado siendo este el principio que los guía en su actuar.

Pero el estadista no se limita a la contemplación de la Verdad, sino que, por el contrario, se ve obligado por la posición que ocupa a tomar parte en los asuntos humanos, y, como en el mito de la caverna, llevar a otros al conocimiento de la Verdad. Además, con el desarrollo de su función desempeña un servicio con el que mantiene la armonía del Estado, su unidad y, por tanto, la felicidad de sus ciudadanos garantizando la satisfacción de sus necesidades, realizando así la idea de Bien con el establecimiento de un orden verdadero.

El orden constituye la organización funcional de los diferentes rangos que componen el Estado, lo que garantiza su cohesión y armonía, siendo la idea de Bien la que interrelaciona los diferentes niveles. Cada ciudadano sirve al Estado desde su puesto en concordancia con lo que su naturaleza ha determinado, lo que hace que la Justicia se imponga por sí misma en la forma de unidad y armonía. La injusticia, como antítesis de lo anterior, resulta ser el desorden mismo y, por ello, la ausencia de organización. Una situación injusta se expresa cuando uno de los rangos ejerce una función que no le pertenece como propia. Una circunstancia así es el resultado de un problema de desarrollo y ajuste por la que, el individuo insocial, necesita una mejor comprensión de su propia naturaleza y un desarrollo más completo de sus facultades a la luz de ese conocimiento, lo cual le dé conciencia de que la expresión de sus facultades naturales es tanto lo que realmente desea como lo que tiene derecho a tener.

Esto manifiesta que alma individual y sociedad estatal tienen la misma estructura, por lo que la misma causa en la una y en la otra produce el mismo efecto. Así, el desorden se establece de la misma manera en ambos casos, lo que da lugar a una situación de injusticia en la que una parte usurpa una función que no le corresponde y toma el control sobre el resto, quedando las demás partes integrantes subordinadas a las apetencias de la que ha tomado el control.

La libertad del hombre no es entendida aquí de forma uniforme y abstracta, sino en función de las cualidades de quienes componen el Estado, que son integrados y organizados en diferentes rangos sociales para desempeñar distintas funciones. No se trata de una libertad negativa, de no dependencia con nadie, la cual se manifiesta hacia el exterior, vuelta hacia lo útil y particular. Dicha concepción de la libertad se define en términos igualitarios al fundarse sobre aquello que existe de común entre los hombres, equiparando así toda diferencia. Del hecho abstracto y elemental de ser simplemente hombre, la libertad opera en términos individualistas desarrollándose en direcciones de rebelión y luchas intestinas en el seno del Estado.

La auténtica libertad es la que se funda sobre el principio de Justicia, y que como tal es entendida de forma opuesta a esa libertad abstracta que iguala y homogeniza la sociedad, reduciendo a sus integrantes a un común denominador. La libertad que se realiza según la idea de Justicia es aquella que se funda sobre las diferencias existentes entre los hombres, asumiéndolas y aceptándolas como naturales y necesarias para la realización del Bien, siendo integradas funcionalmente para servir al Estado. Existe así una libertad cualitativa y diferenciada que se expresa de forma diferente en cada rango y en cada función.

En síntesis, se puede resumir que un Estado legítimo es aquel cuya organización se somete al principio de la Verdad, y que consecuentemente realiza la idea del Bien sobre la sociedad. La división del trabajo refleja la natural desigualdad entre los hombres, quienes desempeñan diferentes tareas en función de sus respectivas aptitudes innatas. Así, el Estado se ocupa de crear un orden a través de la organización, poniendo al servicio de la sociedad sus respectivas facultades, consiguiendo de este modo la cooperación y unidad de los ciudadanos.
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Viernes, May 16, 2008

EL DESPOTISMO MODERNO


"El despotismo significa un estado de cosas en que ha desaparecido la ley y donde la voluntad particular como tal, de un monarca o de una multitud, cuenta como ley o, más bien, asume el papel de la ley" Georg W. F. Hegel

En la era premoderna, la sociedad, en su organización, se basaba en unos principios que pertenecían a un orden superior y trascendente que, a modo de realidad objetiva, se establecía como referente estable y permanente. El orden humano era, por así decirlo, el reflejo de un orden divino del que adoptaba sus leyes y principios fundamentales. El Estado era, así, la objetivación de un poder venido de lo alto que daba forma a la sociedad conectándola con el mundo divino.

La conciencia de la existencia de una realidad Absoluta y el conocimiento de la misma, ha conferido al hombre su sentido de justicia que, como valor supremo y referente último, ha constituido la piedra angular sobre la que fundar y organizar su existencia individual y social bajo la forma política del Estado. Esto ha generado una completa y analógica correspondencia entre el orden divino y el humano, lo cual ha permitido al ciudadano superar su propia existencia individual para ser reintegrado en aquella otra realidad autónoma.

Esa realidad Absoluta, que ofrece un conocimiento fidedigno frente al conocimiento verosímil que nace de los sentidos, constituye el principio común del que proceden todas las cosas, al tratarse del mundo en el que se encuentran recogidas las ideas eternas de las que se derivan las formas concretas de las cosas del mundo físico. Dicha realidad objetiva establece la clara diferencia entre lo verdadero y lo aparente, entre la dox y la episteme.

La Verdad es verdad en la medida en que se encuentra más allá de la voluntad humana, contando así con una existencia propia, y por lo tanto objetiva. De este modo, el mundo de las ideas es cierto por tratarse de una realidad autónoma que no tiene ninguna dependencia ajena a sí misma, de carácter externo, y al mismo tiempo, por no ser tampoco producto del espíritu humano. Por esta razón, es fuente del conocimiento auténtico, pues las ideas son eternas al trascender el tiempo, y también únicas e invariables, lo cual las hace universales, siendo así válidas para todo tiempo y lugar.

Por tanto, la Verdad sólo puede ser una, eterna y absoluta. La Verdad es el conocimiento fidedigno que se recoge en el mundo de las ideas, el mundo de lo Absoluto, y cuya idea principal es el Bien, el cual establece el sentido de Justicia. Debido a esto, el conocimiento no deja lugar a la indiferencia, pues tiene una implicación normativa que orienta a la persona hacia el deber ser. El proceso de aprendizaje del hombre lo lleva al conocimiento de la Justicia, lo que tiene unas consecuencias directas sobre éste al modelar su comportamiento, convirtiéndolo en un hombre justo. De esta manera, si ante la posibilidad de elegir se opta por el camino no correcto, lo que se deduce de ello es que no se está en posesión de la sabiduría, es decir, del conocimiento del Bien.

El conocimiento del Bien, lleva al hombre a adherirse a las leyes y principios que rigen esa realidad trascendente que es el mundo de las ideas, guiándose por dichos principios de carácter absoluto, persiguiendo establecer una perfecta correlación entre estos y el mundo humano. Es entonces, cuando el hombre organiza su mundo en función de dichos principios, realizando la Justicia y haciendo efectivo sobre la tierra dicho orden superior, al mismo tiempo que el hombre y su mundo son integrados en esa dimensión Absoluta.

La Justicia debe ser, por tanto, el origen y el objetivo en la búsqueda del mejor modus vivendi, lo que remitirá al hombre a determinar la mejor forma de Estado, el Estado perfecto, cuya meta suprema es la consecución de la "felicidad".

Asimismo, la Justicia, como valor-idea, únicamente puede realizarse socialmente cuando, previamente, se ha realizado individualmente, estableciéndose como canon normativo tanto para el hombre como para el Estado. Es así como se implanta una identidad cualitativa entre el hombre y el Estado al existir para ambos un mismo y único sentido de justicia, imperando la unidad entre el mundo de los valores y el mundo político. La ética individual está, así, en relación con el Estado, generando la correspondiente adhesión del individuo al régimen político. Se da una perfecta unidad entre individuo y Estado al no tener ninguno de ellos una existencia concluida en límites y fines específicos.

La identidad cualitativa entre individuo y Estado estrecha los lazos entre organismo individual y organismo estatal, de forma que se puede establecer que ambos tienen, tal y como lo expresó Platón, «la misma estructura, las mismas necesidades, el mismo principio organizador». Estado e individuo tienen los mismos caracteres, sólo que en el Estado se presentan en una dimensión colectiva, siendo una imagen agrandada de la persona. El Estado es la persona misma, pues el Estado es la imagen del alma individual en un nivel diferente, realizando la unidad entre los valores éticos y políticos al mismo tiempo.

Como criterio organizativo, la Justicia constituye el principio central y fundamental sobre el que se basa y articula el Estado, el ámbito en el que el hombre se realiza como ser social, como animal político. Hace posible el orden político y, con ello, la convivencia social con el establecimiento de las leyes que expresan la idea de Bien. Dichas leyes dan forma y organización al mundo humano, cuyo funcionamiento y estructuración se basa en los principios que rigen en el supramundo, el mundo de las ideas, realizando en la tierra un orden superior.

La validez de estas leyes, que son el reflejo de un orden ideal y absoluto, y que al mismo tiempo responden al sentido de justicia adoptado por el hombre, se encuentra fuera de toda duda dada su universalidad, pues son válidas para todo tiempo y lugar. Dicha validez no nace de ninguna demostración, sino de la espontánea objetividad con la cual su reconocimiento se impone.

La permanencia, inmutabilidad y universalidad de las leyes que rigen en esa realidad Absoluta y autónoma, hacen de ese orden eterno el referente para el hombre, confiriéndole una clara noción del Bien e instaurando un orden sobre la tierra, el cual se plasma en una forma de vida interior organizada que, ulteriormente, es llevada también al ámbito de la vida social y política.

El sentido de Justicia que confiere el conocimiento del Bien, genera en el alma del hombre un orden verdadero al darle forma y organización a su vida interior, lo cual implica el establecimiento de unas determinadas pautas de comportamiento. El hombre se hace justo con el conocimiento del Bien, idea en función de la cual pasa a guiarse haciéndose su representante en la tierra, de tal manera que posteriormente dicha idea termina realizándose a nivel social en el orden político. La ética individual se intensifica y objetiva en el Estado convirtiéndose en una ética absoluta, implantando en el mundo humano un orden superior que tiene como meta última la perfección del hombre y la consecución de su "felicidad".

Con la existencia de un único sentido de Justicia a nivel individual y social, se produce la unidad de autoridad espiritual y poder temporal en el propio Estado. La idea de Justicia, siendo la base sobre la que se funda la organización del Estado, instaura en el mundo humano un orden divino del que pasa a ser su representante, al mismo tiempo que ejerce su potencia o fuerza sobre el mundo material. Auctoritas y potestas se resumen e integran en una misma realidad política.

La Justicia define el mejor modus vivendi para el alma individual que, más tarde, dará lugar a la mejor forma de Estado plasmándose en aquellas leyes sobre las que fundará su organización. Asimismo, la Justicia conduce a la consecución de la felicidad como meta suprema del Estado, entendida como eudaimonia, la armonía de los diferentes componentes del cuerpo del Estado. Felicidad que se entiende en el sentido de integración y de participación con los elementos sobrehumanos y divinos de la realidad. Por medio del Estado la persona se abre a una realidad que lo supera y trasciende, induciéndole una tensión hacia lo suprahumano. El Estado, como la manifestación de un orden divino, desarrolla la función de puente, de vía, entre el mundo humano y el divino al que es incorporado el hombre.

La consecución de la perfección del hombre es asumido como objeto de la obra del Estado, siendo el fin para el que el ordenamiento estatal queda subordinado. Perfección que se define como felicidad, eudaimonia, y que encauza y ordena los movimientos por medio de los que el hombre alcanza su participación en lo divino. La organización política ordena y estructura la sociedad en conformidad con el principio de Justicia que orienta al Estado hacia esa meta ideal.

El Estado según la Justicia no se pone como realidad exterior al alma, sino como íntima presencia en el hombre, no limitándose a ser una simple estructura exterior como mero factor de organización social. El Estado justo es el que se identifica con la persona misma, y por tanto hace suyo el sentido de Justicia que reina en el alma individual. No se da una diferencia a nivel ontológico, sino únicamente una distinción de posibilidad y de intensidad al establecerse el Estado como el centro de tensión que tiene como propósito convertir al hombre en eudaimon (feliz).

Únicamente la Justicia hace posible la existencia del orden, pues es la tensión que une y organiza en torno a sí misma aquello que se encuentra desordenado y disperso. Las leyes, como expresión de la Justicia, plasman en el mundo humano el orden divino, integrando así al hombre en esa realidad autónoma que lo hace semejante a Dios.

La Justicia se hace efectiva en el hombre dando forma al alma integrando orgánicamente sus diferentes funciones y, consecuentemente, armonizando los tres grados de la vida individual (cuerpo, alma y espíritu). Suprime las contradicciones al realizar la unidad de las diferentes partes constitutivas del ser asignándoles a cada una de ellas una función específica, quedando así integradas en una realidad superior que las coordinada y organiza. El hombre justo se libera del caos de las pulsiones al realizar en sí mismo la unidad de diferentes funciones, quedando subordinadas todas ellas a un único principio rector constituido por el entendimiento, el cual organiza y da forma al alma hasta hacer de ella un Todo armónico.

La puesta en práctica de la Justicia se lleva a cabo con la educación del alma, es decir, con su cuidado a través de un proceso de transformación en el que el comportamiento del hombre es modelado hasta su conversión en un alma justa. La educación lleva al conocimiento, a la Verdad, y su carácter normativo hace efectiva la transformación del alma, instalándose la Justicia como virtud que fortalece y une valores como la sabiduría, el coraje y la templanza.

El cuidado del alma individual con la realización del principio de Justicia en el hombre,  contribuye, a su vez, al cuidado del Estado, realizando en el orden político ese mismo principio que impera en el alma de la persona. Por esto, y siendo el Estado el lugar natural del hombre, ni el individuo ni las estructuras políticas tienen una existencia en sí misma autónoma, ya que se encuentran movidos por un mismo sentido de la Justicia cuya tensión los organiza e integra en un Todo.

Las leyes no se crean sino que ya existen previamente en el mundo del Absoluto sobre el cual descansa el orden político del Estado, por lo que el Estado como tal, y el hombre en particular, son los encargados de administrar el mundo humano en conformidad con dichas leyes y principios que son el fiel reflejo de la idea de Bien. El carácter popular del orden y régimen político que instauran esas leyes viene dado por la aceptación, por parte de la población, de la validez de dicho cuerpo de leyes y por el reconocimiento de la idea de Bien que estas expresan. Este consentimiento y aceptación facilita la tarea de gobierno y lo hace auténticamente perteneciente al pueblo.

La ley crea los órganos de poder que se organizan en conformidad con lo que esta dicta, la cual orienta, a su vez, su actividad, de manera que el propio gobierno se encuentra sujeto a estas leyes que limitan sus poderes. La soberanía no pertenece al gobierno ni a ningún poder legislativo, sino a aquella realidad Absoluta de la que se recaban los principios y leyes sobre los que se asienta el orden político. Este aspecto constituye la característica de la que parten las diferencias fundamentales con respecto a otros regímenes en los que, unos proclamados representantes del pueblo, aprueban como ley cualquier cosa que deseen, imponiéndosela así al pueblo.

Se manifiesta aquí una clara oposición antagónica entre dos corrientes claramente diferenciadas: por un lado el idealismo objetivo, que estima que la base primera de todo lo existente es una realidad objetiva y trascendente que se identifica con el mundo de las ideas; y por otro lado el idealismo subjetivo, que niega la existencia de una realidad objetiva, de forma que la realidad únicamente existe como representación fruto de la actividad cognoscitiva del hombre.

La modernidad le ha desprovisto al Estado de su soporte espiritual, ya que ha negado la existencia de una realidad universal que sirva de referente, de base y fundamento para la construcción de todo orden social. Debido a esto se le ha atribuido a la Justicia un fundamento exclusivamente de carácter moral, convirtiéndola en un mandamiento de la conciencia y situándola in interiore homine.

La absolutización de lo humano a la que ha dado lugar esta ruptura de la relación analógica entre el mundo humano y el divino, ha producido la desaparición de cualquier referente universal al haberse reducido la Justicia a categorías morales, de forma que el hombre se ha establecido a sí mismo como referente último de la realidad. Como consecuencia de lo anterior, el hombre ha creado históricamente sus propias representaciones de la realidad y, simultáneamente, sus propias nociones de la Justicia, no contando con ninguna otra legitimidad más allá de sí mismo.

La Verdad ha sido relativizada y humanizada, pues se ha dejado de considerar como realidad objetiva preexistente al ser humano que, como tal, se encuentra más allá de su voluntad. Por el contrario, ésta ha devenido en una construcción humana creada para convencer a los demás acerca de quién debe gobernarlos. De esta manera ha terminado representando los intereses y apetencias de los hombres, imponiéndose el subjetivismo y vaciando de contenido este concepto. La Verdad ha terminado siendo identificada con la opinión.

Al haber dejado de ser la Verdad un principio de orden superior en función del cual la legislación humana era legítima, la creación de leyes pasa a tener su origen en la opinión, y por tanto en la voluntad humana, llegando incluso a ser ella misma la fuente de legitimidad del ordenamiento jurídico, como ocurre en el caso de las democracias. Así, el sujeto depositario de la soberanía es al mismo tiempo la fuente de legitimidad. Se sustituye la ley como reflejo de la Verdad por la voluntad particular de una persona o una multitud.

Es el voluntarismo la base del despotismo, y más concretamente del despotismo moderno que ha situado al hombre como centro del mundo, como referente del mismo y dador de sentido. La volubilidad de la voluntad humana, su carácter caprichoso, le desprovee de cualquier clase de estabilidad y permanencia al no reconocer ningún referente universal por encima de sí misma. Toda visión del mundo es reducida a categorías subjetivistas, no contando más que con una validez limitada a la del individuo, por lo que las contradicciones que generan en la sociedad se resuelven a través de la correlación de fuerzas, generando como resultado la hegemonía de una de ellas sobre las demás, imponiéndose así como única visión del mundo para el conjunto de la sociedad.

La ausencia de limitaciones a la voluntad humana y la negación de cualquier condicionante implica un absoluto relativismo, ya que la falta de un conocimiento fidedigno conlleva el imperio de la opinión. Según esto, toda opinión es igual de válida que cualquier otra, por lo que el triunfo de una opinión en la sociedad dependerá de la capacidad que se tenga para difundirla y, así, transformar la opinión pública. Esto conlleva el control del poder político por parte de quienes, contando con mayores recursos económicos, utilizan sus medios materiales para influir sobre la sociedad de cara a que prevalezca la opinión más favorable a sus intereses.

Asimismo, ante la diversidad de opiniones y la consecuente falta de unidad social, y por tanto no habiendo referente universal alguno, se termina manipulando a la sociedad impulsando y creando determinadas corrientes de opinión por quienes detentan el poder económico. La ley como tal es un producto de la voluntad humana, resultado de esas opiniones que prevalecen en la sociedad, por lo que en cualquier momento pueden ser sustituidas por cualesquiera otras en función de lo se desee. Se instaura la arbitrariedad, la tiranía, y el Estado deja de ser una realidad viva y orgánicamente integrada por el conjunto social, siendo ya su papel el de mera estructura inerte cuya finalidad es la organización y la aplicación de la coerción pública.

A no existir una identificación entre el individuo y el Estado, este último se establece como un instrumento de poder que, a través de la fuerza, mantiene una unidad impuesta a la sociedad desde fuera. Juntamente con esto, se lleva a cabo la limitación de ambos confiriéndoles una existencia concluida en límites y fines específicos. Por tanto, el Estado se concibe como auxiliar de la moral individual a la que debe quedar subordinada la actividad política.

El desorden y la falta de orientación propios de una era en la que persiste el hipersubjetivismo y un voluntarismo extremo, contienen la tendencia contraria que, rebasado el umbral de saturación, produce un salto cualitativo en la realidad, una ruptura con la esencia del presente y, dentro del proceso cósmico, da lugar al comienzo de un nuevo ciclo. La vuelta al origen y un nuevo comienzo sólo pueden anunciar el triunfo de la Justicia y la restauración de un orden verdadero.
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Viernes, May 09, 2008

NUEVO ESCENARIO DE GUERRA EN EL LÍBANO


 

El futuro del Líbano, así como la mayor parte de su pasado, seguirá siendo una concatenación de conflictos armados de diferente índole, en los que se reflejarán la división interna que padece este país junto a sus contradicciones de naturaleza diferente.

Abordar la problemática que vive el Líbano desde el prisma de sus contradicciones, poniéndolas en relación, a su vez, con el contexto internacional y las contradicciones que se dan en dicho escenario entre los diferentes Estados, provee de una imagen general adecuada para entender en qué sentido caminan los acontecimientos.

Las contradicciones internas del Líbano tienen, al mismo tiempo, un carácter antagónico y no antagónico. Las contradicciones antagónicas se manifiestan en las relaciones existentes entre el actual gobierno libanés, compuesto por la minoría cristiana y sectores pro-occidentales, y las masas populares mayoritariamente chiíes lideradas por Hizbollah.

El antagonismo que se da en las contradicciones internas es fruto de la estructura de relaciones sociales prevaleciente en el Líbano, pues, aún siendo un país cuya mayor parte de la población profesa el Islam chií, es la minoría cristiana quien detenta unas cotas de poder desproporcionadas, mientras los principales grupos políticos chiíes se encuentran en la oposición. Asimismo, a esta circunstancia se ve agravada por la alineación del gobierno libanés con los intereses de Washington y la complacencia de Tel-Aviv.

La práctica monopolización del poder político por la minoría cristiana y pro-occidental, cuyas políticas interiores se orientan a intentar borrar de la vida política a la oposición chií liderada por Hizbollah y seguida por Amal, ha rebasado su punto de no retorno con el reciente decreto emitido por el gobierno con el objetivo de ilegalizar las estructuras de comunicación de Hizbollah, al mismo tiempo que se procedía a destituir al jefe de seguridad del aeropuerto internacional de Beirut, Wafic Chucair, próximo al partido Hizbollah. Esto ha sido considerado por parte de la resistencia islámica chií como una declaración de guerra, lo que ha dado lugar a su reacción armada.

Asimismo, no hay que perder de vista que el propio partido Hizbollah había desarrollado estos últimos días una huelga en protesta por el incremento del coste de la vida, así como por la política económica nefasta que está llevando a cabo el gobierno pro-occidental. A lo que se ha sumado, finalmente, las decisiones gubernamentales por intentar restringir la presencia de Hizbollah, lo que ha provocado como efecto acumulativo el actual choque de violencia que se está registrando en Beirut.

Por tanto, el carácter antagónico de esta contradicción entre gobierno libanés y la oposición chíi liderada por Hizbollah se expresa de dos maneras: por un lado en la monopolización del poder por los cristianos y demás sectores pro-occidentales, dejando a la oposición arrinconada e intentando liquidarla políticamente; y por otra parte el posicionamiento del propio gobierno libanés, el cual se encuentra claramente alineado con Occidente y lleva a cabo políticas favorables a intereses extranjeros.

La facción cristiana promueve una política occidentalizante en el país, y es utilizada indirectamente por EE.UU. e Israel de cara al control político del Líbano y, actualmente, para intentar liquidar la resistencia islámica de Hizbollah. Para hacer posible esto el actual gobierno pretende instrumentalizar a la facción sunní y promover el enfrentamiento con Hizbollah, y en la medida de lo posible intentar implicar al ejército libanés para intentar asestar golpes al Partido de Dios.

Sin embargo, junto a esta contradicción interna de tipo antagónico, se encuentra otra de carácter no antagónico que es la que enfrenta al Líbano como país contra sus enemigos externos, lo cual se manifiesta en los conflictos armados que ha mantenido con Israel, pese a que dicho país haya fomentado siempre la división interna en el Líbano con el objetivo de ganarse el favor de los cristianos y, de este modo, mantener cierto control sobre su flanco noroccidental. Pero a día de hoy la estrategia de Israel está orientada a intentar, desde las propias instituciones libanesas, reprimir y perseguir a Hizbollah para desactivar dicho movimiento hostil hacia el Estado de Israel, lo cual, a día de hoy se ha vuelto algo prácticamente imposible.

La última guerra que mantuvo el Líbano con el ente sionista reflejó, en cierto modo, la unidad de los libaneses frente a la presencia israelí, y que aún hoy se ve patente en las estadísticas que muestran un mayoritario rechazo hacia cualquier pretensión judía por intervenir en el Líbano, unido al hecho de que también la mayor parte de la población ve como legítima la resistencia de Hizbollah contra Israel. Asimismo, la reputación de Hizbollah dentro de la sociedad libanesa es, en general, muy buena, pues durante la última guerra con Israel demostró su capacidad de liderazgo y organización en la defensa del Líbano, algo que el ejército regular libanés no pudo hacer. También es reseñable la red de asistencia social organizada por dicho partido, lo que ha aumentado su respaldo entre la población extendiéndose, incluso, a otras minorías religiosas como los cristianos, contando con una importante agrupación de esta confesión en su seno.

Hizbollah se ha manifestado como un partido capaz de abanderar un proyecto nacional libanés, de agrupar y unir en torno de sí a otras confesiones relegando a un segundo plano las diferencias de tipo religioso para centrar todo su discurso en la resistencia contra Israel.

Hizbollah como organización, constituye un producto de la exportación e internacionalización de la revolución islámica de Irán, fundada en su día por los Guardianes de la Revolución iraníes. Sin embargo, a pesar de tener su origen en Irán, conserva una gran autonomía con respecto a la dirección central radicada en Teherán, desde donde reciben apoyo político, logístico y financiero.

Hizbollah fue concebido, desde el principio, como una organización orientada a la resistencia del pueblo libanés contra las agresiones sionistas y de sus aliados occidentales, por lo que su actividad se ha centrado siempre en repeler los ataques e infiltraciones israelíes en suelo libanés al no haber un ejército capaz de desempeñar esa función. Pero, por otra parte, dicha organización, desde la guerra civil, desempeñó un papel eminentemente revolucionario en el plano político y social, lo que lo ha convertido en estos años en el principal partido de oposición con una potentísima influencia social y capacidad de movilización.

A Israel le preocupa seriamente que un partido político cuyas fuentes ideológicas son la revolución islámica de Irán pueda, llegado el momento, a tomar el control del país de los cedros y llevar a cabo una revolución análoga a la que Irán comenzó a finales de los años 70. Esta preocupación ha originado la estrategia de desestabilización del Líbano durante más de década y media, hasta que el propio ente sionista se ha percatado de que, dado que Hizbollah ha recabado importantísimos apoyos sociales y ha incrementado su capacidad de combate, dicha estrategia ya ha dejado de ser útil y la amenaza chíi es una realidad que debe ser abordada de otra manera. Por este motivo se ha preferido prestar importantísimos apoyos económicos, con desembolsos multimillonarios por parte de EE.UU. e Israel al lobby que ampara al gobierno libanés, y promover un acercamiento a las posiciones occidentales unido a una mayor presión sobre Hizbollah.

Además, a todo esto se suma la actual situación del sur del Líbano, donde se encuentra un importante destacamento multinacional de cascos azules para intentar garantizar la paz en la zona, lo que a Israel le sirve, al menos temporalmente, de colchón de seguridad, aunque es consciente de que el enfrentamiento contra Hizbollah será inevitable y que ello sólo es cuestión de tiempo.

Finalmente, se encuentra la contradicción que a nivel internacional envuelve al Líbano, y que queda patente en el hecho de que dicho país se ha convertido en el escenario de un conflicto en el que chocan las influencias de diferentes países, y más concretamente la de Israel por un lado, y la de Siria por otro. Debido a que Siria no puede hacer frente a Israel en un conflicto abierto, ha tendido a apoyar a Hizbollah política y económicamente con el objetivo de presionar a Israel desde su flanco norte, y a su vez forzar un acuerdo sobre los altos del Golán. Esta contradicción de carácter geopolítico e internacional.

Contradicciones cualitativamente diferentes se resuelven, también, por métodos cualitativamente distintos. El desarrollo de los actuales acontecimientos preparan un nuevo escenario de guerra en el Líbano, pues aunque la postura de Hizbollah y de la oposición chií sea repeler los ataques del gobierno, el cual instrumentaliza a la facción sunní (como hizo en su momento con Fatah-Al Islam recientemente) para reprimir al movimiento islámico, el contexto actual es fruto de una acumulación de diferentes crisis no solventadas a diferentes niveles: en el plano político con la elección de Jefe de Estado, a nivel social con la crisis económica y la pauperización de la población, a nivel religioso con los conflictos internos entre distintas facciones, la existencia de atentados e intervenciones exteriores en la política libanesa, etc. Todo este cúmulo de crisis y circunstancias terminará, más pronto que tarde, dando lugar a un salto de nivel que seguramente se traduzca en un enfrentamiento armado.

Por ahora Hizbollah se limitará a mantener una postura amenazante contra el gobierno pero a la vez comedida. En los planes de dicho partido no entra la conquista del poder político a través de un golpe de Estado, ni tampoco la promoción de una guerra civil libanesa que únicamente beneficiaría a Israel, de ahí que apele a la neutralidad del ejército y únicamente intente garantizar su hegemonía entre los musulmanes libaneses erradicando a la oposición sunní, así como mantener su presencia política y social en el Líbano. La reacción lógica en todo esto es un ataque a los medios progubernamentales y sus principales aliados políticos y sociales.

En cualquier caso, la preparación de Hizbollah y su elevado potencial político y armado hacen de esta agrupación una grave amenaza para los intereses del gobierno y del ente sionista. La guerra llegará, eso tan sólo es el comienzo de algo mucho más grande que está por venir.
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Viernes, May 02, 2008

EL 2 DE MAYO: UN ANACRONISMO EN EL SIGLO XXI


 

El nacionalismo, independientemente del tipo que este sea, no deja de ser un artificio literario con el que se revisa y reinterpreta la historia, siempre desde un determinado prisma, con el objetivo de favorecer las aspiraciones políticas de una determinada comunidad nacional. La nación necesita tener una historia con la que reafirmar el proyecto nacional, generar el hábito y la costumbre que, finalmente, dan lugar a la  conciencia nacional, aquella que convierte a la propia nación en una nación-herencia.

La conmemoración del 2 de mayo se inserta dentro de la literatura originada a partir de la sublevación contra la dominación francesa, con el objetivo de crear la costumbre y el hábito con el que dejar patente ante el vulgo la existencia de la nación, instalando en el imaginario colectivo del mismo la conciencia nacional. Es con la literatura, con la glorificación del pasado, las conmemoraciones, el homenaje a los héroes, como se hace visible y reconocible la existencia de la nación al haber adoptado una dimensión histórica.

La nación es, primero, una nación-voluntad, más tarde una nación-contrato, y después de mucho tiempo, y por la fuerza del recuerdo creado por la literatura, es una nación-herencia. Esta última forma de entender la nación es la que, a día de hoy, impera en toda Europa, realidades del pasado que han perdido toda actualidad histórica convirtiéndose en un anacronismo. Las naciones europeas han sido rebasadas por la historia al no constituir ya proyectos de porvenir, para convertirse hoy en realidades cuyo lugar se encuentra en los museos junto a otras reliquias del pasado.

La mayor comunicación a la que ha dado lugar las nuevas tecnologías, suprimiendo las barreras del espacio-tiempo, unido a la mayor interconexión e interrelación superando la estrechez política de los Estados-nación, ha producido la obsolescencia de dichas formas de organización políticas en una era en la que, dicha densificación de la interrelación entre países, ha originado la emergencia de espacios comunitarios y geopolíticos de mayor envergadura. Festivos como el 2 de mayo únicamente sirven para seguir demostrando la estrechez de miras de los políticos de hoy, los mismos que se mantienen en planteamientos y esquemas que pertenecen al ayer y que, en ningún caso, se muestran capaces de afrontar los retos del porvenir.

El 2 de mayo, más allá de la parafernalia de literatos y pseudointelectuales afanados por mitificar y, también, cómo no, mortificar hechos históricos a los que anclar las sociedades, no fue más que una revuelta de bandoleros y delincuentes de toda clase y pelaje que, hartos de la presencia francesa que les impedía desarrollar de forma natural sus actividades, decidieron enfrentarse al entonces expansionismo napoleónico. A partir de aquí se les iría uniendo el pueblo que, en mayor o menor medida, se encontraba a disgusto con la presencia francesa y lo que ello había supuesto: imposiciones de modos extranjeros, la implantación de nuevas leyes, etc.

No se puede plantear, de ningún modo, que el 2 de mayor supusiera el nacimiento de una nación, aunque esto se haya sugerido mucho después de los sucesos ocurridos ese día de 1808. El pueblo era ajeno a cualquier noción de lo que pudiera ser y significar una nación, salvo para una minoría de intelectuales afrancesados (tanto los que se pusieron del lado de Napoleón como los que, en 1812, redactarían la constitución de Cádiz, inspirada por la ideología que el mismo Napoleón estaba exportando a todo el continente).

La chusma fue la mayor protagonista del levantamiento, a la que posteriormente se le uniría el resto de la sociedad. Así, el pueblo terminó levantándose en armas porque las clases privilegiadas autóctonas no le plantaron cara a Napoleón por cobardía, como tampoco la monarquía, que había sucumbido ante los encantos de la Ilustración. A esto cabría añadir el hastío que existía hacia la presencia francesa y el sistema de opresión que instalaba a su paso, lo que contribuyó de forma decisiva a generar una sublevación popular contra el invasor.

De hecho, la virulencia popular estuvo revestida por la defensa del Antiguo Régimen y las consiguientes tradiciones feudales que, hasta entonces, habían prevalecido en el país, y que los franceses, con su ocupación, se habían esforzado por hacer desaparecer por completo. Por este motivo, las actuales elucubraciones literarias no son más que una pura invención fruto de la labor interpretativa que lleva a cabo el nacionalismo, presentando dicho acontecimiento como una supuesta toma de conciencia nacional que hace posible la aparición de España como nación.

Lo cierto en todo esto es que España, tras el 2 de mayo, únicamente ha ido construyendo una pirámide de fracasos que se reflejaron claramente en un s. XIX que se caracterizó por su extrema convulsión, durante el cual se producirían diferentes guerras civiles, levantamientos militares, sublevaciones, revueltas coloniales, guerras internacionales, golpes de Estado, etc..., que se extenderían hasta la primera mitad del s. XX. A esto se le unirían los diferentes avances y retrocesos que España, como país, ha venido desarrollando como consecuencia de su inestabilidad, la cual se ha debido en gran medida a su difícil adaptación a los tiempos modernos y, también, ante la ausencia de un rumbo histórico claramente definido, lo que le terminaría relegando al ostracismo internacional.

Hoy se impone una realidad muy diferente en la que los Estados-nación europeos han perdido su razón de ser. Mientras tanto, en España se persiste en viejos y estériles debates esencialistas sobre el significado de la nación, del Estado, la identidad, etc. Todo ello contribuye a dejar España cada vez más anclada en el pasado, alejada de la realidad presente y más aún del inminente porvenir.

Cuando los diferentes países europeos comparten problemas comunes que por separado son incapaces de resolver, se hace preciso ampliar las miras políticas y marcar un rumbo que conduzca el destino de la sociedad por nuevas sendas, en las que se haya superado definitivamente el viejo provincianismo decimonónico, aquel que se empecina en encerrar a una sociedad sobre sí misma, hasta el punto de fosilizarla sumergiéndola en problemas artificiales, siempre coyunturales y oportunamente promovidos por políticos y periodistas, para mantener al país en el atraso, lo que únicamente beneficia a nuestros enemigos.

El paro, la crisis económica, la inflación, la precariedad laboral, la inmigración, el abastecimiento energético, las hipotecas, los problemas medioambientales, y tantas otras cuestiones, únicamente pueden ser resueltas en un marco político de mayor magnitud política a la ofrecida por los Estados-nación; el mantenimiento de estas viejas estructuras políticas contribuye, sin duda alguna, a un agravamiento de los problemas presentes y venideros sin que se logre alcanzar solución a los mismos.

Es por este motivo que las diferentes sociedades, pero en particular la española, deben adoptar una conciencia europea, entendiendo Europa como el marco general en el que la vida y la problemática de las diferentes sociedades debe desarrollarse. Para llegar a esta situación previamente son necesarios aquellos pasos que, en lo político, hagan efectiva la creación de dicho marco general que sirva para cubrir las necesidades que hoy la UE no satisface.

Las contradicciones que actualmente alberga la UE paralizan la toma de decisiones sobre problemas fundamentales, limitando considerablemente su margen de maniobra unido, también, a su supeditación al liderazgo americano. Esto únicamente perjudica a Europa, y es su debilidad la que hace fuerte a sus enemigos, aquellos que quieren seguir haciendo de ella un continente dividido y enfrentado que, simultáneamente, sirva a los intereses de potencias extranjeras en sus planes de dominación mundial.

La problemática de fondo que alberga la propia UE se une a la forma en que se ha desarrollado el proceso de integración, siendo los Estados europeos los principales protagonistas, lo que a largo plazo dificultará seriamente la creación de una realidad política superior que integre, a nivel continental, a las diferentes sociedades europeas. La negativa de los Estados a ceder más parcelas de soberanía en aspectos fundamentales de su política podría, llegado el caso, conducir a un callejón sin salida a la propia integración europea.

Un proceso constituyente liderado por el parlamento europeo tras unas elecciones realizadas a tales efectos, podría ser el germen real para la instauración de un ente político que supere la burocracia comunitaria y, sobre todo, las dificultades que hoy se plantean con el escaso entendimiento entre los integrantes de la UE en la toma de decisiones, lo que complejiza con creces la coherencia política de la Unión y complica sus relaciones con otros países.

Pero una conciencia europea solamente puede surgir de un sentimiento común entre los propios europeos, aquello que dé lugar a los correspondientes lazos de solidaridad que, ulteriormente, sirvan para su integración en una realidad superior. Esa conciencia hará su aparición cuando se asuma por parte de las diferentes sociedades europeas, la existencia de problemas comunes cuya solución sólo es posible con la unidad política de Europa.
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