La actual coyuntura que vive España como país puede determinar en gran medida el rumbo que vaya a tomar de cara al futuro, lo que exige un riguroso análisis de su sistema político para poder establecer un diagnóstico correcto que, al mismo tiempo, permita establecer los principales factores que, dado el caso, podrían llegar a alterar el actual sistema bipartidista imperante.
Aún siendo la política española tan rastrera y miserable, saturada de prejuicios, odios y fanatismos, donde prima lo emocional y pasional sobre lo propiamente político, ello no es óbice para eludir realizar un análisis objetivo desprovisto de cualquier juicio de valor, que provea de una imagen fidedigna de la realidad y de su propia dinámica.
Durante la transición política, y con motivo de los pactos de la Moncloa, se produjo un reparto del poder entre los principales partidos del momento, a saber, UCD y PSOE, que significó un acuerdo entre diferentes agentes sociales y económicos para garantizar el cambio definitivo de régimen. De este modo, el sistema naciente resultó ser nada menos que fruto de una evolución propiciada por diferentes reformas encabezadas por Adolfo Suárez y su UCD, es decir, llevada a cabo por el sector más liberal y aperturista de la elite social y política del franquismo.
El naciente sistema fue concebido, en lo que a sus estructuras de representación política se refiere, para garantizar su estabilidad a largo plazo con la existencia de gobiernos monocolores, para lo cual se estableció una ley electoral que, al mismo tiempo que favorecía el bipartidismo, integraba políticamente en el sistema a los nacionalismos periféricos, que obtenían de esta manera una sobrerepresentación en relación con otras fuerzas políticas de ámbito estatal.
Con el propósito de impedir la existencia de terceras fuerzas políticas a nivel de Estado, la ley electoral, aún siendo proporcional, contiene una corrección establecida por la Ley D'Hondt que fomenta la representación mayoritaria. Este método electoral favorece a las dos fuerzas políticas más votadas, que son las que se llevan la mayor parte de la representación, mientras que la representación de las restantes adopta un carácter marginal.
Asimismo, ha sido esta ley electoral la que ha fomentado la sobrerepresentación de los partidos nacionalistas, ya que al contar con menos votos pero concentrados en provincias muy concretas les confiere un peso político mayor y desproporcionado. Por el contrario, fuerzas políticas de ámbito estatal, aún consiguiendo muchos más votos que los partidos nacionalistas, pero estando mucho más dispersos, obtienen una representación ínfima contando, así, con un peso político marginal que no se corresponde con los votos obtenidos.
La tendencia bipartidista del sistema impuesta por la ley electoral, se hizo para asegurar la estabilidad del régimen y sus estructuras, al mismo tiempo que se daba cabida política dentro del sistema a los nacionalismos periféricos. Por tanto, se puede decir que el actual sistema se sustenta sobre ese mismo bipartidismo que, históricamente, se ha venido desarrollando a través de la ley electoral vigente. Ello ha propiciado que los dos principales partidos hayan, cada vez más, terminado convergiendo en sus posicionamientos, lo que ha favorecido la colaboración y el mutuo acuerdo sobre las reglas del juego que rigen sus relaciones recíprocas, al tiempo que se reparten el poder entre sí.
La mejor forma de conseguir que alguien haga algo que realmente no desea es dejándole sin alternativas. Esto mismo ha ocurrido a nivel político en España, pues la sociedad se ha quedado sin alternativas y se ha visto obligada a elegir entre opciones impuestas.
Los dos partidos hegemónicos se necesitan mutuamente, ya que ello hace posible el mantenimiento del statu quo y el acuerdo en asuntos de especial interés que garantizan su primacía. Al mismo tiempo, los partidos nacionalistas ejercen el papel de partidos bisagra para los gobiernos en minoría, como fue el caso de CiU durante la legislatura de 1993-1996. Esta situación les ofrece una influencia y un poder desmedidos sobre los asuntos del Estado, condicionando así la política del gobierno de forma favorable a sus intereses particularistas.
Históricamente se puede comprobar que, desde 1982 hasta 1993, el PSOE ha conservado una amplia mayoría que le ha permitido gobernar sin la necesidad de pactar con nadie. El paso del tiempo y los persistentes escándalos del felipismo, fueron erosionando esa mayoría hasta perderla definitivamente en 1993, año en el cual se vio obligado a pactar con CiU para poder mantenerse en el poder hasta que, finalmente, dicho partido le retiró su apoyo y se convocaron elecciones anticipadas en 1996. Sin embargo, en todo este recorrido histórico, electoralmente se puede apreciar que el PSOE, desde 1982 en adelante, ha ido perdiendo votos, lo que únicamente puede ser entendido, a grandes rasgos, de dos formas diferentes: por un lado, la desmovilización de parte de la izquierda, consecuencia de su desengaño con el gobierno socialista con su gestión; y por otra parte, el crecimiento y desarrollo de IU que, como gran coalición, ha constituido la principal competencia del PSOE en la izquierda, restándole una importante cantidad de votos.
Dicho esto, el triunfo del PP en 1996 se debió más a una desmovilización de la izquierda, y más en particular de los votantes del PSOE (muchos optarían por abstenerse y otros por votar a IU), vinculado en gran medida a los escándalos del gobierno, más que al hecho de que el PP contara en aquel entonces con un gran prestigio o crédito social. Fue, sin duda, el desengaño de gran parte de los votantes del PSOE lo que conduciría a este partido a la oposición.
Asimismo, es necesario destacar que, ya para 1996, el PP no tenía competencia alguna a su derecha, lo que le convirtió en el único partido de toda la derecha. Esto contribuiría, sin lugar a dudas, a escalar posiciones electorales, lo que le llevaría a orientarse hacia el centro sociológico para arrebatarle al PSOE sus votantes descontentos. Juntamente con esto, también es importante poner de manifiesto que el grueso de la sociedad española, sociológicamente, se sitúa en el centro-izquierda, lo que inevitablemente llevó al PP a intentar captar parte de esos potenciales votantes.
Mientras que el PSOE, y la izquierda socialdemócrata en general, ha llevado la iniciativa política en la historia reciente del país, la oposición, y fundamentalmente la derecha en su conjunto, siempre ha ido a remolque de los acontecimientos y de las coyunturas, habiendo alcanzado el poder únicamente gracias a los descalabros de los gobiernos socialistas, los mismos que arrebatarían el prestigio político y social al PSOE y llevarían, posteriormente, al PP al poder.
Se puede afirmar, entonces, que el PP ha desarrollado su estrategia política a expensas de los fallos y errores de los socialistas en el poder, quienes, en definitiva, son los máximos responsables de haber perdido las elecciones que les llevaron a la oposición. La derecha representada por el PP nunca ha llevado la iniciativa política, pues no ha sabido crear ni articular proyectos en el plano social y político que le arrebataran la hegemonía sociológica a la izquierda, en manos de la que ha quedado el poder cultural. Esta circunstancia la ha convertido en rehén ideológico, cultural y moral de la propia izquierda, ya que no ha sabido ni querido generar una alternativa en el plano cultural que le sirviera para escorar, sociológicamente, a la población hacia sus posicionamientos.
El hecho de que el PP no haya tenido competencia a su derecha con ninguna otra fuerza política, ha contribuido a que adoptara una postura acomodada tendente a nutrirse de votantes descontentos con los gobiernos socialistas, y, de este modo, a estancarse ideológicamente. Por otra parte, y en lo que a todo esto se refiere, la derecha se siente aún hoy ideológicamente huérfana, debido a que no tiene referentes políticos claros que le confieran un cuerpo de ideas más o menos organizado. Todo esto se debe, en gran parte, a que la propia derecha proviene del régimen anterior, conformada por quienes se convirtieron en demócratas y liberales al entender que el franquismo era ya historia. Esta situación ha dado lugar a una desorientación ideológica en la que se ha optado por aglutinar diferentes sensibilidades y corrientes en un mismo partido, sin por ello reivindicar fuentes ideológicas concretas ni padres espirituales.
Pero el actual bipartidismo, que se ha ido agravando con el paso del tiempo y que, también, ha contribuido a que opciones de ámbito estatal (como es el caso de IU) hayan perdido peso político, puede terminar quebrando por factores ajenos al mismo. La quiebra del actual sistema de partidos rompería el equilibrio que ha venido rigiendo hasta ahora, lo que produciría a corto-medio plazo un alto grado de inestabilidad política que, sin embargo, abriría la puerta a nuevas opciones de ámbito estatal y, seguramente, forzaría una reforma de la actual ley electoral para poder dar cabida a dichas opciones.
Un escenario así no sería descartable si, finalmente, la actual oposición llegara a fragmentarse en diferentes formaciones políticas. Una situación tal sería posible si la actual crisis interna no fuera reconducida y, por tanto, las contradicciones existentes en el seno del partido adoptaran un carácter antagónico que desencadenara fuerzas centrífugas.
Mientras que el PP no tiene competencia a su derecha, abarcando de esta manera una franja política y sociológica muy amplia, el PSOE sí la tiene a su izquierda, lo cual ha condicionado gran parte de su estrategia política, intentando arrebatarle parte de su electorado a IU hasta reducir su presencia a algo puramente simbólico. Estas circunstancias han sido explotadas al máximo por el PSOE a través de su servicio de comunicación, presentando al PP como una amenaza encarnando el papel del malo de la película en el plató político.
Dicha imagen ha sido proyectada socialmente presentando al PP como un partido regresivo, anclado en el pasado, heredero ideológico del anterior régimen, representante de la reacción y de los intereses de la Iglesia, y como una amenaza para las libertades y las políticas desarrolladas por el PSOE. Esta labor de comunicación ha calado en ciertos sectores políticos de la izquierda, pues dicho clima de tensión ha recreado en un tono dramático el mensaje de que el PP es una amenaza, para así fomentar el voto útil en la izquierda para impedir el regreso al poder de la derecha.
Asimismo, la mayor cercanía del PSOE hacia los nacionalismos periféricos ha suscitado, igualmente, el miedo entre gran parte de los votantes de estos partidos ante el temor de que un hipotético triunfo del PP implicara una regresión en el plano autonómico y competencial. Por así decirlo, la política estatal ha cobrado su primacía en determinadas zonas, como País Vasco o Cataluña, sobre la política autonómica. Para gran parte de los votantes de partidos nacionalistas el PP representa el centralismo y el españolismo, de ahí que ante un supuesto mal mayor hayan preferido optar por un mal menor votando al PSOE. Todo esto explica que el PSOE obtuviera tan buenos resultados en estas dos comunidades, lo que le ha servido incluso para incrementar su número de escaños en el congreso de los diputados.
Y lo cierto es que les ha funcionado esta estrategia a pesar de la pésima y lamentable gestión del gobierno socialista. Haber proyectado sobre la opinión pública una imagen negativa, reaccionaria y radical del PP, ha servido para que el electorado, momentáneamente, olvidara todos los fallos y errores del gobierno y optara por darle un balón de oxígeno con el que mantenerle en el poder, ante una amenaza inminente y aún mayor que, en este caso, representaría el PP.
El PP, por su parte, ha demostrado no ser una alternativa sino una opción más de las dos únicas que ofrece el sistema, continuando, como siempre, con una política a remolque de la iniciativa socialista, lo que le ha situado en todo momento por detrás de los acontecimientos. Por este motivo se puede asegurar que los resultados obtenidos en marzo de 2008 se deben, en su mayor parte, a un afianzamiento de su liderazgo en la derecha gracias a la contundencia de su discurso político, que se ha basado en sus habituales mitemas. A todo ello le ha acompañado la permanente movilización de gran parte de la sociedad y la opinión pública, manteniendo la presión social, política, mediática y dialéctica sobre el gobierno.
Sin embargo, parece que la estrategia política y electoral del PP no ha servido para lo que fue concebida: ganar las elecciones y volver al poder. Se crearon unas expectativas que resultaron ser, finalmente, falsas e ilusorias. No sirvió la concatenación de errores y meteduras de pata del gobierno para volver de nuevo a la Moncloa. Esta circunstancia ha planteado un dilema fundamental sobre la conveniencia de mantener la misma estrategia, con el objetivo de dilapidar y desacreditar todo lo posible al gobierno, o, por el contrario, comenzar a modular el discurso político para captar votantes de campos políticos ajenos al PP, como pudieran ser los nacionalistas.
Lo anterior ha constituido uno de los elementos clave de la actual crisis, una contradicción fundamental que ha comenzado a marcar las actuales disputas internas en el PP. Pero, además de esto, se encuentra la mala gestión política realizada en torno a esas mismas disputas, de marcado carácter personal, entre diferentes líderes del PP, y que se venían produciendo desde tiempo atrás. Tales disputas no fueron mas que aplazadas antes de las elecciones, y hoy han vuelto de nuevo a la palestra.
Las contradicciones internas derivadas de las aspiraciones personales de diferentes líderes del PP, han vuelto a cobrar fuerza debido a que únicamente fueron aplazadas y no solucionadas, a lo que se le ha sumado la debilidad y pérdida de prestigio del actual presidente del PP al no haber ganado las elecciones.
Tras las elecciones del 9 de marzo, Mariano Rajoy tenía, únicamente, dos opciones posibles: abandonar la presidencia o continuar en ella presentándose como candidato para el congreso de Valencia. Optó por la decisión más dolorosa para el partido, continuar en la presidencia y presentarse para una reelección. El egoísmo personal, el mismo de quienes le critican ahora, fue con toda probabilidad la motivación de esta decisión pero sin haber previsto las consecuencias.
El PP ha resultado ser un enjambre de avispas en el que los dirigentes de mayor peso se disputan la presidencia, contribuyendo cada uno a su manera a desacreditar públicamente al actual presidente que, por otra parte, demuestra no tener demasiado control sobre su propia organización, lo cual refleja una falta de liderazgo considerable.
Pero lo importante es el hecho de que, dichas contradicciones entre diferentes dirigentes del partido, que históricamente se han expresado en claras disputas fruto de la ambición personal de cada uno, han sido siempre contradicciones de tipo no antagónico, en las que la unidad del partido y su posicionamiento ideológico y político de cara a la sociedad no era cuestionado. Por el contrario, dichas contradicciones que hubieran servido para la renovación de la dirección del partido si hubiesen sido convenientemente dirigidas, se han desarrollado de forma autónoma y latente, acumulándose hasta dar lugar a un salto de nivel tras las elecciones.
Estas contradicciones pueden convertirse en antagónicas si terminan adoptando un carácter ideológico, de manera que cada dirigente instrumentalice las diferentes corrientes internas del partido con el propósito de hacerse con la dirección. Una circunstancia así no garantizaría la unidad del partido, ya que se desarrollarían fuerzas centrífugas por las que cada una de las corrientes internas aspiraría a ser la hegemónica.
Como se ha venido manifestando últimamente, el PP no es un partido monolítico, pues aglutina diferentes tendencias y sensibilidades: liberales, conservadores, reformistas, centristas, católicos, etc... Esto constituye actualmente una debilidad, en la medida en que el desarrollo de las mismas genera contradicciones antagónicas, desencadenando fuerzas centrífugas que, dado el caso, pueden llevar a una fragmentación del partido.
Teniendo presente esta circunstancia, unido, a su vez, a la ausencia de una ideología concreta ante la necesidad de aglutinar diferentes sensibilidades, la lógica interna del partido de la oposición es, en definitiva, una labor de marketing con la que aparecer lo más atractivo posible para venderse al mayor número de personas. El objetivo principal es ganar las elecciones, hacia el cual se orientan todos los esfuerzos de la organización. Los principios (en el supuesto de que existan) quedan relegados a un segundo plano y, en todo caso, supeditados al objetivo principal, lo cual permite al mismo tiempo evitar entrar en debates internos que debiliten la unidad y cohesión del partido.
La problemática derivada de lo anterior se centra en la inexistencia de un proyecto claro y real para la sociedad, lo que conduce a una permanente indefinición que ha venido siendo contrarrestada por la persistente crítica al gobierno. Quien mucho abarca poco aprieta, debido a lo cual la estrategia del partido siempre queda a expensas de las coyunturas externas, de los acontecimientos del día a día. La unidad del partido se ha conservado gracias a la existencia de un enemigo común: el PSOE. Gracias a esto las diferencias internas se han dejado a un segundo plano, pero se han mantenido de forma latente y, actualmente, han vuelto a salir a relucir para agravar más aún la crisis y, tal vez, contribuir a darle un carácter antagónico a las contradicciones que ahora se desarrollan a su aire.
Resulta evidente que diferentes formas de ver las cosas implica, también, diferentes formas de pensar que parten, respectivamente, de distintas premisas. Se entiende que, a causa de esto, existen formas distintas de definir los problemas y de abordarlos, así como diferentes soluciones para los mismos, lo que necesariamente entraña contradicciones antagónicas. Una agudización de las mismas provoca una implacable lucha de fuerzas por la que cada corriente aspira a conseguir la hegemonía. Esta circunstancia, unida a la actual disputa entre líderes puede, al fin y a la postre, dar lugar a un movimiento centrífugo que desencadene una fragmentación y dispersión del partido.
Además, hay que añadir a todo lo anterior el hecho de que juntamente con la crisis que vive el PP, la influencia de medios ajenos al propio partido contribuyen a dificultar y volver más compleja la problemática interior. Esto se debe a la presión que ejercen medios como el periódico El Mundo, y más concretamente su director Pedro J. Ramírez, así como la cadena COPE y el Grupo Libertad Digital liderado por Federico Jiménez Losantos.
Esto hace reflexionar sobre el creciente poder que tienen las grandes corporaciones mediáticas, que controlan grandes flujos de información y que utilizan su influencia para beneficio de sus propios intereses. Un claro ejemplo es la situación actual que vive el PP, sobre el cual los medios de comunicación citados están llevando a cabo una fuerte presión con el propósito de colocar en la presidencia al candidato más favorable a sus intereses, lo que ha desatado una virulenta campaña mediática contra Mariano Rajoy.
El circo mediático organizado en torno a la crisis del PP es empleado por los mass-media interesados para proyectar sobre la sociedad una imagen de desorden, crispación y desencuentros. Unido a las ácidas críticas que se vierten sobre el actual presidente, todo hace presagiar que dan por perdido cualquier cambio drástico en la dirección del partido para el congreso de Valencia, pues al no existir ninguna otra candidatura, será Rajoy quien continúe presidiendo el partido. Por lo que todo este circo es, ni más ni menos, que el principio de una guerra de desgaste creada y concebida para impedir que Rajoy se vuelva a presentar en las elecciones del 2012. Así, desde diferentes medios informativos se pretende condicionar la política del PP y su propia autonomía para, de una forma muy sutil, convertirlo en un apéndice de oscuros y siniestros intereses de las corporaciones de la comunicación.
También queda patente la rigidez y el autoritarismo que impera en las estructuras internas del PP, pues sus estatutos y normas ponen severas trabas a quien quiera presentar una candidatura alternativa. La lógica de esta situación lleva, directamente, a que los cambios internos siempre se efectúen desde arriba y de forma dirigida, por lo que la renovación de la cúpula directiva siempre queda a expensas de quienes la ocupan. Y tampoco hay que olvidar que todo ello contribuye a que la política continúe siendo una forma de vida muy lucrativa, de ahí que todos en el PP estén hoy muy interesados en conservar sus puestos. Esto produce una dinámica en la que prima el interés y las ambiciones personales más que la función propiamente social a la que, tradicionalmente, ha estado asociada el ejercicio de la política, por lo que los líderes del partido responden, en gran medida, a esas pulsiones interesadas que, a largo plazo, les garantiza una confortable posición y seguridad económica.
Si la actual crisis se agudiza, dado el creciente marcado carácter antagónico de las contradicciones, no sería descartable la hipótesis muy real de que pudieran producirse escisiones y, también, la fragmentación del partido. Todo esto trae inmediatamente a la memoria el recuerdo de la UCD, existiendo ciertos paralelismos en un caso y en otro fruto de las disputas internas entre las diferentes familias políticas, lo que propició, finalmente, su disolución.
Que ocurriera algo así favorecería, sin lugar a dudas, la desaparición del sistema bipartidista de facto, ya que, a diferencia de aquel entonces, hoy no existe un partido que pueda reemplazar al PP como lo fue AP en los años 80 para la UCD. La desaparición del partido único de la derecha abriría una etapa de multipartidismo en el que el espacio que hoy ocupa el PP lo ocuparían nuevas formaciones, que podrían representar a las diferentes familias políticas que han convivido históricamente en el PP.
Nada de esto beneficiaría lo más mínimo al PSOE. Históricamente, desde la década de los 90 hasta la actualidad, los gobiernos del PSOE han sido en minoría, por lo que se ha visto obligado a pactar con los nacionalistas para poder gobernar. Estos partidos han utilizado su peso político para presionar al gobierno de cara a alcanzar sus demandas políticas, lo que ha condicionado la política del Estado.
Asimismo, dentro de la estrategia política y electoral del PSOE, el PP ha servido a sus intereses como elemento de tensión para conseguir votos procedentes del nacionalismo y de la izquierda. Desaparecida tal amenaza, se produciría una restitución del voto, es decir, los electores, una vez desaparecidas las circunstancias excepcionales, volverían a votar a sus partidos de referencia.
Un PSOE frente a una oposición en la que no existe un partido mayoritario a nivel estatal, sino un conjunto de diferentes partidos con un peso político parecido, jugaría claramente en su contra. Pues dado que los gobiernos socialistas han sido débiles por encontrarse en minoría, se vería obligado a pactar y alcanzar acuerdos con más partidos para poder gobernar, quienes en última instancia acabarían determinando de forma efectiva la política del gobierno. El PSOE debería atender sus exigencias como ha ocurrido en el pasado con los nacionalistas, y esto daría un importante poder a los partidos de la oposición. Además, tampoco sería improbable que, dado el caso, se llegara a formar gobiernos de coalición que integraran a diferentes partidos, lo que contribuiría al mismo tiempo a favorecer una mayor inestabilidad política en el gobierno y en el sistema en su conjunto.
Por otra parte, la aparición de un espontáneo multipartidismo podría dar cabida a nuevas opciones dentro del sistema, lo que anularía la actual imposición bipartidista y forzaría a una reforma electoral. Se trata de una hipótesis que puede darse si la actual crisis del PP se agudiza, y como consecuencia de ello se fragmenta. En el mejor de los casos, el PP perderá muchos votos que seguramente pasen a otros partidos (UPyD, Ciutadans, etc..), o que sencillamente se queden en casa.
El PP se encuentra actualmente en una grave disyuntiva, pues se ha comprobado que su estrategia y discurso político no da para más, por lo que únicamente tiene dos opciones: buscar arañar votos al PSOE entre sus votantes descontentos, así como a los nacionalistas mediante una modulación de su discurso; o renunciar a su carácter elitista y ultraliberal en lo económico, para integrar tanto en su programa como en su discurso una política económica social y realista con el contexto de la mayor parte de los trabajadores.
El multipartidismo también puede favorecer y estimular la creación y desarrollo de un proyecto más allá de la izquierda del PSOE, si IU consigue reorganizarse bajo una nueva línea y dirección política con la que recupere su tradicional discurso de defensa de los trabajadores, de denuncia de la injusticia de la realidad económica.
En este sentido es remarcable el hecho de que IU ha salido sumamente diezmada de estas últimas elecciones, pero no únicamente por causa de la ley electoral (que en gran medida ha influido), sino sobre todo por la política seguidista y mezquina de su actual dirección, la cual ha asumido gran parte del discurso de la socialdemocracia renunciando a los ejes ideológicos tradicionales del partido, terminando moviéndose en unas coordenadas políticas que le son del todo ajenas. Todo esto ha llevado a una seria crisis a la formación, lo que ha reabierto debates ideológicos internos y traído a colación el distanciamiento de IU con respecto a los movimientos sociales.
Hoy más que nunca hace falta un contrapeso al PSOE en el campo de la izquierda, pero eso es posible únicamente si el bipartidismo desaparece. Con la ausencia de un PP al que el PSOE pueda colgar el sambenito de peligroso y reaccionario, gran parte de los votantes del 2008 no le volverían a votar, sino que sus respectivos votos retornarían a los partidos a los que votaban previamente.
La posibilidad de que IU llevara a cabo un remodelamiento de su estrategia y política para reubicarla en sus parámetros ideológicos tradicionales, podría hacer de la misma una fuerza política de importancia a nivel de Estado, y muy en particular en la izquierda, constituyendo una alternativa real a la socialdemocracia y al propio sistema. Pero para ello sería necesario que IU fuera capaz de ir más allá, y constituyera por sí misma una izquierda nacional que defendiese con ímpetu la unidad del Estado frente al nacionalismo de las burguesías locales que pretenden su desmembramiento. De esta manera se generaría un patriotismo de izquierdas en el que se conciliase, al mismo tiempo, la idea de justicia social como respuesta al orden económico vigente, y la idea de un patriotismo que se identificara con la clase obrera, siendo el Estado español el marco político aglutinador de los intereses de esa misma clase.
Una completa regeneración de IU a través de su refundación, con la correspondiente actualización de su discurso de defensa de los trabajadores a las circunstancias actuales, y la desaparición de cualquier forma de conciliación con el nacionalismo, contraponiéndole para ello un patriotismo de todos los trabajadores, produciría un discurso transversal que atravesaría toda la sociedad española recabando importantes apoyos. Sólo haciendo de España patrimonio y causa común de la clase trabajadora, puede el patriotismo abandonar su carácter clasista vinculado a la derecha y a las elites económicas para convertirse en algo enteramente popular. Dado el caso, IU, o aquella formación política que la suceda, puede llevar a cabo lo que ni el PP ni la derecha podrán hacer jamás: socializar la idea de España.