LA ORGANIZACIÓN DEL ESTADO VERDADERO
"Nosotros creemos plasmar el Estado feliz no convirtiendo en felices dentro del Estado a algunos pocos individuos, considerados en forma separada y singular, sino al Estado en su conjunto" Platón
Asumiendo la Verdad como un principio superior, sólo puede ser legítimo el orden social y la legislación humana que se someta a dicho principio. El hombre ya no es la fuente de legitimidad del orden político, ni tampoco el legislador, sino que se ciñe a un principio y a una realidad objetiva de la que recaba la idea del Bien, en función de la cual se organiza políticamente la sociedad.
Pero no basta con conocer el referente fundamental sobre el que ha de basarse el orden político, aquel que define intrínseca y esencialmente el Estado, sino que, además, es preciso clarificar la forma a través de la cual se concreta y se hace efectivo dicho principio.
El Estado Justo tiene como meta la consecución de la felicidad para todos quienes lo forman. Esta felicidad se realiza en la unidad del Estado a través de la armonía e integración de sus diferentes componentes, que es el resultado de la satisfacción de las necesidades mutuas y el desarrollo de las capacidades particulares de los ciudadanos. Para que esto sea posible se requiere la organización del conjunto de la diversidad social para coordinarla y orientarla en un mismo y único sentido.
Las sociedades surgen como consecuencia de las necesidades de los hombres, que únicamente pueden ser satisfechas en cuanto aquéllas se complementan. El hombre tiene muchas y muy diferentes necesidades, de manera que al no bastarse a sí mismo para satisfacerlas vive en sociedad. Por esto, en toda sociedad se da el intercambio de servicios encaminado a este fin. El Estado, y más concretamente el estadista, tiene como finalidad la satisfacción de estas necesidades regulando el intercambio, para lo que es precisa una organización.
La división del trabajo constituye tanto una realidad como una necesidad de la sociedad para la satisfacción de sus necesidades. La especialización y el reparto de tareas es el resultado de las diferentes capacidades innatas de los hombres, por lo que sus habilidades se desarrollan con el trabajo para el que por naturaleza son más aptos.
El factor trabajo, cuando cuenta con cierta especialización, siempre produce más de lo que se necesita, pues el esfuerzo se concentra en una sola actividad. Esta circunstancia es la que hace posible la satisfacción de las necesidades de la sociedad mediante el intercambio, ya que cada uno produce más de lo estrictamente necesario, lo que suple las necesidades propias y ajenas. Este es el caso del agricultor que produce más alimento del que requiere para vivir, al igual que el zapatero produce más zapatos de los que puede usar. Es ventajoso para ambos que cada uno produzca para el otro, pues ambos satisfarán sus necesidades mutuas.
La naturaleza pasa a ser el símbolo de toda condición normal e integrada de la existencia que, como canon, establece la forma absoluta de un estilo de vida que se realiza en la fidelidad a lo que realmente se es. Así, cada ciudadano desempeña en correspondencia con su aptitud natural aquel trabajo para el cual está más capacitado. El Estado cultiva, suscita y sostiene las disposiciones de quienes lo integran para que ocupen el espacio y lugar que les corresponde en la sociedad. El papel que juega la educación es, mediante la práctica, el desarrollo de las facultades y habilidades del individuo que lo preparan para el ejercicio de su trabajo.
La naturaleza adquiere, por tanto, un valor normativo al determinar el deber ser de cada uno, estableciéndose como criterio general que orienta la vida y el quehacer del hombre tanto en el plano individual como en el social; tal es el sentido de Justicia que inspira al hombre y al Estado. Por este motivo se da una completa identificación entre el individuo y el Estado, lo que impide que el bien de uno sea esencialmente distinto del bien del otro.
El Estado ha de apoyarse sobre las fuerzas de la naturaleza humana para satisfacer las necesidades de la sociedad y alcanzar la armonía interna. Para ello es necesaria la educación, que se ocupa de desarrollar las aptitudes innatas de cada persona hasta llevarlas a su forma más perfecta. Mediante la planificación y el control, estas capacidades son puestas al servicio del Estado, que a través de su organización consigue que los hombres satisfagan cooperativamente sus necesidades.
La naturaleza humana presenta una inherente aptitud para la sociedad, y la sociedad refleja una adecuación a la naturaleza humana organizando a sus integrantes según sus capacidades, lo cual posibilita la satisfacción de las necesidades del conjunto. Se instaura un modelo de sociedad en el que impera un sistema de servicios en el que todo ciudadano aporta algo y recibe algo, haciéndose efectiva la máxima platónica de que «buscando el bien de nuestros semejantes, encontramos el nuestro».
Teniendo en cuenta el carácter normativo de la naturaleza, la educación desarrolla las facultades de los ciudadanos para ponerlas al servicio de la sociedad. Su principal cometido es, ante todo, conducir al individuo al conocimiento de su propia naturaleza para su posterior despliegue a través de aquella tarea para la que demuestre mejores aptitudes. La importancia de conocerse a uno mismo estriba en la necesidad de impedir una contradicción entre los intereses de los individuos y los de la sociedad, lo cual únicamente se logra a través de la plena expresión de sus facultades naturales, estableciéndose una armonía e identificación entre inclinación y deber.
Asimismo, el desarrollo de las capacidades individuales a través de la educación da lugar a la aparición de diferentes grupos sociales armónicos, los cuales tienen en común el desempeño de una determinada actividad. El Estado se ocupa de organizar y estructurar todos estos grupos para suplir las necesidades de la sociedad y, por tanto, mantener su unidad y armonía. Cada individuo tiene, entonces, un status dentro del cual tiene el privilegio de actuar, contando al mismo tiempo con la libertad que el Estado le asegura, no tanto para el ejercicio de su libre voluntad como para la práctica de su vocación.
Las actividades que desarrollan los diferentes grupos que componen el Estado se organizan en tres funciones diferentes, las cuales tienen como finalidad satisfacer las necesidades físicas, la protección del Estado y el ejercicio del gobierno. La organización de estas funciones se efectúa a través de distintos rangos: los trabajadores, encargados de la producción; y los guardianes, que se dividen, a su vez, en soldados y gobernantes. Cada uno de estos rangos implica aptitudes diferentes, existiendo tres especies de hombres: los que por naturaleza son aptos para trabajar pero no para el gobierno; aquellos que son aptos para gobernar, pero únicamente bajo el control y la dirección de otros; y finalmente los que son más aptos para los más altos deberes del hombre de Estado. Para cada una de las funciones existe, también, virtudes diferentes para el ejercicio de aquella tarea que tienen encomendada.
Los hombres existen, entonces, como seres diferenciados, y cada cual posee un determinado rango, una diferente libertad y un diferente estilo. Por tanto, cada obligación desempeñada por cada rango requiere, también, un estilo diferenciado que refleje una particular virtud para la realización de su correspondiente función. Cada uno sirve a la sociedad desde su puesto.
La Justicia es el principio que mantiene la unidad del Estado, el vínculo que conserva unida a la sociedad y que se identifica con el carácter normativo de la naturaleza. Cada ciudadano ha encontrado la ocupación de su vida según su naturaleza, su aptitud innata, cumpliendo con los deberes que le corresponden con arreglo a la posición a la que tiene derecho. La heterogeneidad social es armónicamente integrada a través de diversas funciones en una totalidad, en una realidad superior encarnada por el Estado, satisfaciendo así las necesidades del conjunto de la sociedad.
El individuo encuentra su lugar en el mundo y su correspondiente identidad en la ocupación que realiza, pues es el resultado de haber seguido sus inclinaciones naturales que le facultan para desempeñar su trabajo. Cada ciudadano tiene derecho a ocupar el espacio que le corresponde con aquella tarea para la que está capacitado, al igual que está obligado a llevarla a cabo. Se entiende que el Estado lo crean las necesidades mutuas, por lo que sus correspondientes estructuras se definen en términos de servicios, quedando cada rango adscrito a una determinada función por la que presta un servicio al Estado, y con el cual se satisfacen unas determinadas necesidades.
La organización del Estado persigue el ajuste perfecto de los ciudadanos a las posibilidades de empleo que les proporciona. Pero para ello es imprescindible una organización que coordine las diferentes funciones. El estadista, o el philosophoi de Platón, es quien se ocupa de la elección de medios y fines para alcanzar el ajuste necesario para la cooperación social. Su conocimiento del Bien lo hace apto para esta labor, orientando al conjunto del Estado a la realización de este principio. Para ello únicamente existen dos maneras: eliminando los obstáculos especiales que se oponen a la buena ciudadanía, y el desarrollo de las condiciones positivas de la buena ciudadanía a través de la educación.
Evidentemente, la realización del principio de Bien a nivel político requiere de unas condiciones precisas para su correspondiente viabilidad. Para esto, es fundamental la supresión de aquellos obstáculos que se interponen en la plasmación de dicho principio, empezando primeramente por los de orden económico, ya que cubriendo las necesidades económicas y materiales de la sociedad se permite, posteriormente, el cumplimiento de las obligaciones por parte de los ciudadanos. Todo esto se concreta en la supresión de toda forma de propiedad privada y riqueza entre los gobernantes, disponiendo únicamente de aquellos medios materiales imprescindibles y necesarios para su subsistencia y para el desempeño de sus obligaciones.
La eliminación de la riqueza en la capa dirigente del Estado impide la fractura social fruto de las desigualdades económicas, la cual se traduce siempre en luchas intestinas en las que los grandes poseedores quieren mantener y aún incrementar sus riquezas, mientras que aquellos que nada tienen aspiran a arrebatárselas. Negándole el derecho de propiedad a los gobernantes se evita que la ambición se instale entre ellos, al mismo tiempo que se generan unas condiciones propicias para la unidad dentro del Estado.
La abolición de la riqueza entre los gobernantes impide su influencia perturbadora, instalando un régimen de comunismo aplicado únicamente a las elites rectoras, mientras que los productores pueden hacer uso del derecho de propiedad. Sólo así se confina la economía a un área marginal y no esencial de la sociedad, ocupando un espacio en el que queda subordinada a factores políticos en la condición de instrumento al servicio del Estado. La riqueza deja de ser un criterio de selección en la promoción social para, a partir de entonces, quedar limitada y supeditada a las exigencias del Estado.
Por otra parte, la eliminación del diafragma económico y contractual que constituye el único nexo vinculante entre un hombre y otro, hace técnicamente imposible la acumulación individual de riquezas en forma de bienes económicos instrumentales y de consumo, como tampoco la concentración financiera e inmobiliaria. Además de esto, el excedente de la producción revierte en la propia sociedad supliendo sus necesidades materiales, por lo que la riqueza deja de concebirse como una situación de superabundancia fruto de una acumulación económica, para ser entendida como el potencial y la capacidad productora de la propia sociedad.
Otro aspecto reseñable en torno a aquellos obstáculos que se encuentran en el ámbito económico, es el que se refiere al ciclo de producción-consumo, cuya importancia en las actuales sociedades industriales exige una regulación que imposibilite las inflaciones y las fluctuaciones de los precios y, con ello, la pérdida de poder adquisitivo junto al encarecimiento de la vida. Una intervención en este ámbito, debería estar encaminada hacia la supresión del mercado como elemento estructural que conlleva la existencia de elementos parasitarios, cuyos intereses y finalidades individualistas son objetivamente extraños con relación al Estado.
No menos importante, y también en relación con la eliminación de los obstáculos que se oponen a la buena ciudadanía, está la actual era financiera y el descomunal volumen de la economía especulativa, lo que exige, asimismo, un control directo por parte del Estado sobre las políticas monetarias y la emisión de crédito, eliminando a su vez toda forma de especulación bursátil con el control sobre la banca y la abolición de las sociedades anónimas.
En otro lugar, se encuentra la política demográfica del Estado orientada hacia la regeneración social y su perpetuación. Para ello es precisa una correcta selección que permita al Estado disponer de un buen material humano, para lo cual se hace imprescindible un control riguroso en torno a los matrimonios. Además, es necesario resaltar que la elite gobernante debe estar desprovista de ataduras familiares, de forma que se garantice su absoluta lealtad al Estado y su plena disposición a tiempo completo para las tareas de dirección, suprimiendo para ello la institución del matrimonio pero permitiendo la procreación de nuevos hijos de manera controlada y selectiva.
La supresión de los obstáculos que impiden la realización de la idea de Bien se corresponde con las exigencias que, a nivel estructural, son necesarias llevar a cabo para crear unas condiciones favorables para la unidad social y la armonía dentro del Estado. Pero juntamente con esto también se encuentra la educación, que además de modelar la naturaleza humana en la dirección conveniente para producir un Estado armónico, sirve, además, para la permanente renovación en las estructuras políticas en sus diferentes funciones.
La educación no puede dejarse en manos privadas, por ello, el Estado debe ser el encargado de organizarla y dirigirla para la promoción de sus ciudadanos en los diferentes rangos de la vida social. Desde la más tierna infancia los miembros de la comunidad están situados en una posición de paridad de condiciones, lo que da lugar a un proceso de diferenciación jerárquica enraizado en la diferente naturaleza física, intelectual, ética y espiritual de cada cual. Esto hace posible que cada ciudadano ocupe, en función de sus aptitudes, una determinada posición desde la que servir funcionalmente a la sociedad.
La propia dinámica de un sistema cuyo fundamento es la idea de Bien, lleva inevitablemente a perseguir por medio de la educación la inserción de los ciudadanos en las estructuras sociales, quienes reciben la preparación que necesitan para ejercer sus correspondientes funciones y, a la vez, garantizar la armonía del Estado a través del ajuste necesario que asegure la cooperación social y la satisfacción de las necesidades.
La educación, además de proveer de una formación práctica con la que se desarrollan las aptitudes innatas que cualifican a cada uno para un determinado puesto, también sirve para llevar a cabo la selección y renovación de las elites rectoras, lo que significa que el estadista-philosophoi conduce a los más cualificados al conocimiento de la Verdad y, por tanto, del Bien. El conocimiento del Bien los hace aptos para las labores de gobierno y dirección, ya que conocen cuál es el Bien del Estado siendo este el principio que los guía en su actuar.
Pero el estadista no se limita a la contemplación de la Verdad, sino que, por el contrario, se ve obligado por la posición que ocupa a tomar parte en los asuntos humanos, y, como en el mito de la caverna, llevar a otros al conocimiento de la Verdad. Además, con el desarrollo de su función desempeña un servicio con el que mantiene la armonía del Estado, su unidad y, por tanto, la felicidad de sus ciudadanos garantizando la satisfacción de sus necesidades, realizando así la idea de Bien con el establecimiento de un orden verdadero.
El orden constituye la organización funcional de los diferentes rangos que componen el Estado, lo que garantiza su cohesión y armonía, siendo la idea de Bien la que interrelaciona los diferentes niveles. Cada ciudadano sirve al Estado desde su puesto en concordancia con lo que su naturaleza ha determinado, lo que hace que la Justicia se imponga por sí misma en la forma de unidad y armonía. La injusticia, como antítesis de lo anterior, resulta ser el desorden mismo y, por ello, la ausencia de organización. Una situación injusta se expresa cuando uno de los rangos ejerce una función que no le pertenece como propia. Una circunstancia así es el resultado de un problema de desarrollo y ajuste por la que, el individuo insocial, necesita una mejor comprensión de su propia naturaleza y un desarrollo más completo de sus facultades a la luz de ese conocimiento, lo cual le dé conciencia de que la expresión de sus facultades naturales es tanto lo que realmente desea como lo que tiene derecho a tener.
Esto manifiesta que alma individual y sociedad estatal tienen la misma estructura, por lo que la misma causa en la una y en la otra produce el mismo efecto. Así, el desorden se establece de la misma manera en ambos casos, lo que da lugar a una situación de injusticia en la que una parte usurpa una función que no le corresponde y toma el control sobre el resto, quedando las demás partes integrantes subordinadas a las apetencias de la que ha tomado el control.
La libertad del hombre no es entendida aquí de forma uniforme y abstracta, sino en función de las cualidades de quienes componen el Estado, que son integrados y organizados en diferentes rangos sociales para desempeñar distintas funciones. No se trata de una libertad negativa, de no dependencia con nadie, la cual se manifiesta hacia el exterior, vuelta hacia lo útil y particular. Dicha concepción de la libertad se define en términos igualitarios al fundarse sobre aquello que existe de común entre los hombres, equiparando así toda diferencia. Del hecho abstracto y elemental de ser simplemente hombre, la libertad opera en términos individualistas desarrollándose en direcciones de rebelión y luchas intestinas en el seno del Estado.
La auténtica libertad es la que se funda sobre el principio de Justicia, y que como tal es entendida de forma opuesta a esa libertad abstracta que iguala y homogeniza la sociedad, reduciendo a sus integrantes a un común denominador. La libertad que se realiza según la idea de Justicia es aquella que se funda sobre las diferencias existentes entre los hombres, asumiéndolas y aceptándolas como naturales y necesarias para la realización del Bien, siendo integradas funcionalmente para servir al Estado. Existe así una libertad cualitativa y diferenciada que se expresa de forma diferente en cada rango y en cada función.
En síntesis, se puede resumir que un Estado legítimo es aquel cuya organización se somete al principio de la Verdad, y que consecuentemente realiza la idea del Bien sobre la sociedad. La división del trabajo refleja la natural desigualdad entre los hombres, quienes desempeñan diferentes tareas en función de sus respectivas aptitudes innatas. Así, el Estado se ocupa de crear un orden a través de la organización, poniendo al servicio de la sociedad sus respectivas facultades, consiguiendo de este modo la cooperación y unidad de los ciudadanos.
Asumiendo la Verdad como un principio superior, sólo puede ser legítimo el orden social y la legislación humana que se someta a dicho principio. El hombre ya no es la fuente de legitimidad del orden político, ni tampoco el legislador, sino que se ciñe a un principio y a una realidad objetiva de la que recaba la idea del Bien, en función de la cual se organiza políticamente la sociedad.
Pero no basta con conocer el referente fundamental sobre el que ha de basarse el orden político, aquel que define intrínseca y esencialmente el Estado, sino que, además, es preciso clarificar la forma a través de la cual se concreta y se hace efectivo dicho principio.
El Estado Justo tiene como meta la consecución de la felicidad para todos quienes lo forman. Esta felicidad se realiza en la unidad del Estado a través de la armonía e integración de sus diferentes componentes, que es el resultado de la satisfacción de las necesidades mutuas y el desarrollo de las capacidades particulares de los ciudadanos. Para que esto sea posible se requiere la organización del conjunto de la diversidad social para coordinarla y orientarla en un mismo y único sentido.
Las sociedades surgen como consecuencia de las necesidades de los hombres, que únicamente pueden ser satisfechas en cuanto aquéllas se complementan. El hombre tiene muchas y muy diferentes necesidades, de manera que al no bastarse a sí mismo para satisfacerlas vive en sociedad. Por esto, en toda sociedad se da el intercambio de servicios encaminado a este fin. El Estado, y más concretamente el estadista, tiene como finalidad la satisfacción de estas necesidades regulando el intercambio, para lo que es precisa una organización.
La división del trabajo constituye tanto una realidad como una necesidad de la sociedad para la satisfacción de sus necesidades. La especialización y el reparto de tareas es el resultado de las diferentes capacidades innatas de los hombres, por lo que sus habilidades se desarrollan con el trabajo para el que por naturaleza son más aptos.
El factor trabajo, cuando cuenta con cierta especialización, siempre produce más de lo que se necesita, pues el esfuerzo se concentra en una sola actividad. Esta circunstancia es la que hace posible la satisfacción de las necesidades de la sociedad mediante el intercambio, ya que cada uno produce más de lo estrictamente necesario, lo que suple las necesidades propias y ajenas. Este es el caso del agricultor que produce más alimento del que requiere para vivir, al igual que el zapatero produce más zapatos de los que puede usar. Es ventajoso para ambos que cada uno produzca para el otro, pues ambos satisfarán sus necesidades mutuas.
La naturaleza pasa a ser el símbolo de toda condición normal e integrada de la existencia que, como canon, establece la forma absoluta de un estilo de vida que se realiza en la fidelidad a lo que realmente se es. Así, cada ciudadano desempeña en correspondencia con su aptitud natural aquel trabajo para el cual está más capacitado. El Estado cultiva, suscita y sostiene las disposiciones de quienes lo integran para que ocupen el espacio y lugar que les corresponde en la sociedad. El papel que juega la educación es, mediante la práctica, el desarrollo de las facultades y habilidades del individuo que lo preparan para el ejercicio de su trabajo.
La naturaleza adquiere, por tanto, un valor normativo al determinar el deber ser de cada uno, estableciéndose como criterio general que orienta la vida y el quehacer del hombre tanto en el plano individual como en el social; tal es el sentido de Justicia que inspira al hombre y al Estado. Por este motivo se da una completa identificación entre el individuo y el Estado, lo que impide que el bien de uno sea esencialmente distinto del bien del otro.
El Estado ha de apoyarse sobre las fuerzas de la naturaleza humana para satisfacer las necesidades de la sociedad y alcanzar la armonía interna. Para ello es necesaria la educación, que se ocupa de desarrollar las aptitudes innatas de cada persona hasta llevarlas a su forma más perfecta. Mediante la planificación y el control, estas capacidades son puestas al servicio del Estado, que a través de su organización consigue que los hombres satisfagan cooperativamente sus necesidades.
La naturaleza humana presenta una inherente aptitud para la sociedad, y la sociedad refleja una adecuación a la naturaleza humana organizando a sus integrantes según sus capacidades, lo cual posibilita la satisfacción de las necesidades del conjunto. Se instaura un modelo de sociedad en el que impera un sistema de servicios en el que todo ciudadano aporta algo y recibe algo, haciéndose efectiva la máxima platónica de que «buscando el bien de nuestros semejantes, encontramos el nuestro».
Teniendo en cuenta el carácter normativo de la naturaleza, la educación desarrolla las facultades de los ciudadanos para ponerlas al servicio de la sociedad. Su principal cometido es, ante todo, conducir al individuo al conocimiento de su propia naturaleza para su posterior despliegue a través de aquella tarea para la que demuestre mejores aptitudes. La importancia de conocerse a uno mismo estriba en la necesidad de impedir una contradicción entre los intereses de los individuos y los de la sociedad, lo cual únicamente se logra a través de la plena expresión de sus facultades naturales, estableciéndose una armonía e identificación entre inclinación y deber.
Asimismo, el desarrollo de las capacidades individuales a través de la educación da lugar a la aparición de diferentes grupos sociales armónicos, los cuales tienen en común el desempeño de una determinada actividad. El Estado se ocupa de organizar y estructurar todos estos grupos para suplir las necesidades de la sociedad y, por tanto, mantener su unidad y armonía. Cada individuo tiene, entonces, un status dentro del cual tiene el privilegio de actuar, contando al mismo tiempo con la libertad que el Estado le asegura, no tanto para el ejercicio de su libre voluntad como para la práctica de su vocación.
Las actividades que desarrollan los diferentes grupos que componen el Estado se organizan en tres funciones diferentes, las cuales tienen como finalidad satisfacer las necesidades físicas, la protección del Estado y el ejercicio del gobierno. La organización de estas funciones se efectúa a través de distintos rangos: los trabajadores, encargados de la producción; y los guardianes, que se dividen, a su vez, en soldados y gobernantes. Cada uno de estos rangos implica aptitudes diferentes, existiendo tres especies de hombres: los que por naturaleza son aptos para trabajar pero no para el gobierno; aquellos que son aptos para gobernar, pero únicamente bajo el control y la dirección de otros; y finalmente los que son más aptos para los más altos deberes del hombre de Estado. Para cada una de las funciones existe, también, virtudes diferentes para el ejercicio de aquella tarea que tienen encomendada.
Los hombres existen, entonces, como seres diferenciados, y cada cual posee un determinado rango, una diferente libertad y un diferente estilo. Por tanto, cada obligación desempeñada por cada rango requiere, también, un estilo diferenciado que refleje una particular virtud para la realización de su correspondiente función. Cada uno sirve a la sociedad desde su puesto.
La Justicia es el principio que mantiene la unidad del Estado, el vínculo que conserva unida a la sociedad y que se identifica con el carácter normativo de la naturaleza. Cada ciudadano ha encontrado la ocupación de su vida según su naturaleza, su aptitud innata, cumpliendo con los deberes que le corresponden con arreglo a la posición a la que tiene derecho. La heterogeneidad social es armónicamente integrada a través de diversas funciones en una totalidad, en una realidad superior encarnada por el Estado, satisfaciendo así las necesidades del conjunto de la sociedad.
El individuo encuentra su lugar en el mundo y su correspondiente identidad en la ocupación que realiza, pues es el resultado de haber seguido sus inclinaciones naturales que le facultan para desempeñar su trabajo. Cada ciudadano tiene derecho a ocupar el espacio que le corresponde con aquella tarea para la que está capacitado, al igual que está obligado a llevarla a cabo. Se entiende que el Estado lo crean las necesidades mutuas, por lo que sus correspondientes estructuras se definen en términos de servicios, quedando cada rango adscrito a una determinada función por la que presta un servicio al Estado, y con el cual se satisfacen unas determinadas necesidades.
La organización del Estado persigue el ajuste perfecto de los ciudadanos a las posibilidades de empleo que les proporciona. Pero para ello es imprescindible una organización que coordine las diferentes funciones. El estadista, o el philosophoi de Platón, es quien se ocupa de la elección de medios y fines para alcanzar el ajuste necesario para la cooperación social. Su conocimiento del Bien lo hace apto para esta labor, orientando al conjunto del Estado a la realización de este principio. Para ello únicamente existen dos maneras: eliminando los obstáculos especiales que se oponen a la buena ciudadanía, y el desarrollo de las condiciones positivas de la buena ciudadanía a través de la educación.
Evidentemente, la realización del principio de Bien a nivel político requiere de unas condiciones precisas para su correspondiente viabilidad. Para esto, es fundamental la supresión de aquellos obstáculos que se interponen en la plasmación de dicho principio, empezando primeramente por los de orden económico, ya que cubriendo las necesidades económicas y materiales de la sociedad se permite, posteriormente, el cumplimiento de las obligaciones por parte de los ciudadanos. Todo esto se concreta en la supresión de toda forma de propiedad privada y riqueza entre los gobernantes, disponiendo únicamente de aquellos medios materiales imprescindibles y necesarios para su subsistencia y para el desempeño de sus obligaciones.
La eliminación de la riqueza en la capa dirigente del Estado impide la fractura social fruto de las desigualdades económicas, la cual se traduce siempre en luchas intestinas en las que los grandes poseedores quieren mantener y aún incrementar sus riquezas, mientras que aquellos que nada tienen aspiran a arrebatárselas. Negándole el derecho de propiedad a los gobernantes se evita que la ambición se instale entre ellos, al mismo tiempo que se generan unas condiciones propicias para la unidad dentro del Estado.
La abolición de la riqueza entre los gobernantes impide su influencia perturbadora, instalando un régimen de comunismo aplicado únicamente a las elites rectoras, mientras que los productores pueden hacer uso del derecho de propiedad. Sólo así se confina la economía a un área marginal y no esencial de la sociedad, ocupando un espacio en el que queda subordinada a factores políticos en la condición de instrumento al servicio del Estado. La riqueza deja de ser un criterio de selección en la promoción social para, a partir de entonces, quedar limitada y supeditada a las exigencias del Estado.
Por otra parte, la eliminación del diafragma económico y contractual que constituye el único nexo vinculante entre un hombre y otro, hace técnicamente imposible la acumulación individual de riquezas en forma de bienes económicos instrumentales y de consumo, como tampoco la concentración financiera e inmobiliaria. Además de esto, el excedente de la producción revierte en la propia sociedad supliendo sus necesidades materiales, por lo que la riqueza deja de concebirse como una situación de superabundancia fruto de una acumulación económica, para ser entendida como el potencial y la capacidad productora de la propia sociedad.
Otro aspecto reseñable en torno a aquellos obstáculos que se encuentran en el ámbito económico, es el que se refiere al ciclo de producción-consumo, cuya importancia en las actuales sociedades industriales exige una regulación que imposibilite las inflaciones y las fluctuaciones de los precios y, con ello, la pérdida de poder adquisitivo junto al encarecimiento de la vida. Una intervención en este ámbito, debería estar encaminada hacia la supresión del mercado como elemento estructural que conlleva la existencia de elementos parasitarios, cuyos intereses y finalidades individualistas son objetivamente extraños con relación al Estado.
No menos importante, y también en relación con la eliminación de los obstáculos que se oponen a la buena ciudadanía, está la actual era financiera y el descomunal volumen de la economía especulativa, lo que exige, asimismo, un control directo por parte del Estado sobre las políticas monetarias y la emisión de crédito, eliminando a su vez toda forma de especulación bursátil con el control sobre la banca y la abolición de las sociedades anónimas.
En otro lugar, se encuentra la política demográfica del Estado orientada hacia la regeneración social y su perpetuación. Para ello es precisa una correcta selección que permita al Estado disponer de un buen material humano, para lo cual se hace imprescindible un control riguroso en torno a los matrimonios. Además, es necesario resaltar que la elite gobernante debe estar desprovista de ataduras familiares, de forma que se garantice su absoluta lealtad al Estado y su plena disposición a tiempo completo para las tareas de dirección, suprimiendo para ello la institución del matrimonio pero permitiendo la procreación de nuevos hijos de manera controlada y selectiva.
La supresión de los obstáculos que impiden la realización de la idea de Bien se corresponde con las exigencias que, a nivel estructural, son necesarias llevar a cabo para crear unas condiciones favorables para la unidad social y la armonía dentro del Estado. Pero juntamente con esto también se encuentra la educación, que además de modelar la naturaleza humana en la dirección conveniente para producir un Estado armónico, sirve, además, para la permanente renovación en las estructuras políticas en sus diferentes funciones.
La educación no puede dejarse en manos privadas, por ello, el Estado debe ser el encargado de organizarla y dirigirla para la promoción de sus ciudadanos en los diferentes rangos de la vida social. Desde la más tierna infancia los miembros de la comunidad están situados en una posición de paridad de condiciones, lo que da lugar a un proceso de diferenciación jerárquica enraizado en la diferente naturaleza física, intelectual, ética y espiritual de cada cual. Esto hace posible que cada ciudadano ocupe, en función de sus aptitudes, una determinada posición desde la que servir funcionalmente a la sociedad.
La propia dinámica de un sistema cuyo fundamento es la idea de Bien, lleva inevitablemente a perseguir por medio de la educación la inserción de los ciudadanos en las estructuras sociales, quienes reciben la preparación que necesitan para ejercer sus correspondientes funciones y, a la vez, garantizar la armonía del Estado a través del ajuste necesario que asegure la cooperación social y la satisfacción de las necesidades.
La educación, además de proveer de una formación práctica con la que se desarrollan las aptitudes innatas que cualifican a cada uno para un determinado puesto, también sirve para llevar a cabo la selección y renovación de las elites rectoras, lo que significa que el estadista-philosophoi conduce a los más cualificados al conocimiento de la Verdad y, por tanto, del Bien. El conocimiento del Bien los hace aptos para las labores de gobierno y dirección, ya que conocen cuál es el Bien del Estado siendo este el principio que los guía en su actuar.
Pero el estadista no se limita a la contemplación de la Verdad, sino que, por el contrario, se ve obligado por la posición que ocupa a tomar parte en los asuntos humanos, y, como en el mito de la caverna, llevar a otros al conocimiento de la Verdad. Además, con el desarrollo de su función desempeña un servicio con el que mantiene la armonía del Estado, su unidad y, por tanto, la felicidad de sus ciudadanos garantizando la satisfacción de sus necesidades, realizando así la idea de Bien con el establecimiento de un orden verdadero.
El orden constituye la organización funcional de los diferentes rangos que componen el Estado, lo que garantiza su cohesión y armonía, siendo la idea de Bien la que interrelaciona los diferentes niveles. Cada ciudadano sirve al Estado desde su puesto en concordancia con lo que su naturaleza ha determinado, lo que hace que la Justicia se imponga por sí misma en la forma de unidad y armonía. La injusticia, como antítesis de lo anterior, resulta ser el desorden mismo y, por ello, la ausencia de organización. Una situación injusta se expresa cuando uno de los rangos ejerce una función que no le pertenece como propia. Una circunstancia así es el resultado de un problema de desarrollo y ajuste por la que, el individuo insocial, necesita una mejor comprensión de su propia naturaleza y un desarrollo más completo de sus facultades a la luz de ese conocimiento, lo cual le dé conciencia de que la expresión de sus facultades naturales es tanto lo que realmente desea como lo que tiene derecho a tener.
Esto manifiesta que alma individual y sociedad estatal tienen la misma estructura, por lo que la misma causa en la una y en la otra produce el mismo efecto. Así, el desorden se establece de la misma manera en ambos casos, lo que da lugar a una situación de injusticia en la que una parte usurpa una función que no le corresponde y toma el control sobre el resto, quedando las demás partes integrantes subordinadas a las apetencias de la que ha tomado el control.
La libertad del hombre no es entendida aquí de forma uniforme y abstracta, sino en función de las cualidades de quienes componen el Estado, que son integrados y organizados en diferentes rangos sociales para desempeñar distintas funciones. No se trata de una libertad negativa, de no dependencia con nadie, la cual se manifiesta hacia el exterior, vuelta hacia lo útil y particular. Dicha concepción de la libertad se define en términos igualitarios al fundarse sobre aquello que existe de común entre los hombres, equiparando así toda diferencia. Del hecho abstracto y elemental de ser simplemente hombre, la libertad opera en términos individualistas desarrollándose en direcciones de rebelión y luchas intestinas en el seno del Estado.
La auténtica libertad es la que se funda sobre el principio de Justicia, y que como tal es entendida de forma opuesta a esa libertad abstracta que iguala y homogeniza la sociedad, reduciendo a sus integrantes a un común denominador. La libertad que se realiza según la idea de Justicia es aquella que se funda sobre las diferencias existentes entre los hombres, asumiéndolas y aceptándolas como naturales y necesarias para la realización del Bien, siendo integradas funcionalmente para servir al Estado. Existe así una libertad cualitativa y diferenciada que se expresa de forma diferente en cada rango y en cada función.
En síntesis, se puede resumir que un Estado legítimo es aquel cuya organización se somete al principio de la Verdad, y que consecuentemente realiza la idea del Bien sobre la sociedad. La división del trabajo refleja la natural desigualdad entre los hombres, quienes desempeñan diferentes tareas en función de sus respectivas aptitudes innatas. Así, el Estado se ocupa de crear un orden a través de la organización, poniendo al servicio de la sociedad sus respectivas facultades, consiguiendo de este modo la cooperación y unidad de los ciudadanos.
